Apuntes del Secretario

domingo, 5 de agosto de 2018 00:00
domingo, 5 de agosto de 2018 00:00

La suposición de que terminado el mundial de fútbol se corría un velo imaginario y, de cara a 2019, comenzaban a mostrarse las realidades de la política argentina –varias de ellas, miserables- se cumplió al milímetro. La rápida eliminación de la selección nacional, en igual sentido, vino a precipitar acontecimientos que, día a día, recrudecen y amenazan con convertir al país en una hoguera de pasiones. De arranque nomás quedó al desnudo una situación económica de desesperación que llevó al gobierno nacional a anunciar el acuerdo con el FMI, un organismo del que los connacionales tienen horribles recuerdos. Las críticas del arco opositor fueron unánimes y las noticias de cada día, que parecen alegrar a algunos, son invariablemente negativas y funestas en términos de futuro. A esto le siguieron las denuncias, algunas creíbles, otras traídas de los pelos, pero todas a dilucidarse en los ámbitos judiciales, el escenario elegido por los propios políticos para dirimir sus diferencias. Por estas horas, la pelea de fondo parece ser quién es menos corrupto en un país donde la corrupción es un mal arraigado y que, con los políticos a la cabeza, atraviesa al conjunto de la sociedad.

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Por más de una semana, mientras se siguió hablando de ajustes y recortes para las provincias, el escándalo se instaló en territorio bonaerense por los ya famosos aportes truchos –están comprobados por las declaraciones de los propios involucrados en la maniobra- a las campañas 2017 y 2019 de Cambiemos. El tema cobró vuelo, en verdad, porque María Eugenia Vidal, la figura con mayor predicamento a nivel nacional, quedó en el centro de una escena donde sobrevuela el fantasma de la corrupción. Cuando la controversia no había terminado y la Justicia no se había expedido, saltó una espectacular denuncia por coimas que, sin preámbulos de ninguna naturaleza, llevó a la cárcel a una veintena de exfuncionarios y empresarios favorecidos por la obra pública en los dorados años del kirchnerismo. Pruebas y declaraciones aparte, la política, la Justicia y el periodismo se trenzaron en un duelo que, de aquí al próximo año, promete capítulos más espectaculares aún. Por si esto fuera poco, un gobierno al que le provocan pánico las huelgas, se muestra empeñado en destruir a los enclaves sindicales que se muestren hostiles con sus políticas y, de esta forma, los ha multado por cifras astronómicas que jamás en la historia se aplicaron. Allí andan los camioneros y los docentes de Buenos Aires a los gritos y haciendo señas.

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La situación, para qué negarlo, es de tensión absoluta. Hay condiciones para que el clima social se agrave. Poco importa que los aportes truchos o las coimas efectivamente existan en la Argentina. Los acusados, con razones o sin razones, reclaman por garantías constitucionales. Funcionarios del gobierno parecen inclinados a empujar las decisiones populares porque el poder puede escapársele de las manos. Todo esto en la vigilia de un hecho que puede galvanizar el momento actual, esto es, el tratamiento y la votación de la ley de despenalización del aborto en la Cámara de Senadores de la Nación. El miércoles será el día. El pronóstico es reservado. La tranquilidad pública también.

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En lo que va de la administración de Mauricio Macri, mucho se habla de la quita de retenciones al agro o la minería. En casi todos los discursos, se alude a ellas como si se tratara de cuestiones parecidas o de afectaciones iguales para la economía. No es así. Ahora que se viene el ajuste a aplicarse en 2019 y cuando el Jefe de Estado ha ratificado que no volverá atrás en su decisión de favorecer ambas actividades, merecen aclararse y distinguirse los montos en juego. La eliminación de las retenciones a la exportación de productos agrícolas, respecto a la administración kirchnerista, le ha significado al fisco una pérdida de 82.000 millones de pesos, una cifra absolutamente diferente a la que se perdió con la minería, que alcanza a los 3.000 millones. Como puede apreciarse, la distancia es enorme, por lo que cargar las tintas sobre la explotación minera, aparte de injusta, resulta exagerada. Más aún si consideramos que las provincias que toman ventajas por el recorte, como es el caso de Catamarca, integran el lote de las más pobres del país. En ese sentido, la pampa húmeda sigue marcando distancias siderales respecto al interior profundo, olvidado y castigado por los gobiernos que, sin sentimientos verdaderos, se llenan la boca hablando de federalismo. Esto de igualar minería con agricultura, sin hacer las aclaraciones del caso, forma parte de los libretos portuarios.

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En tiempos de abundancia estadística, se conocieron los números de la deuda argentina. Las cifras finales asustan y condenan al país a vivir en la pobreza por largos años, con la excepción hecha de los empresarios que colocan su fortuna en el exterior y seguramente terminarán marchando hacia otras latitudes. El detalle menos conocido, sin embargo, tiene que ver con las provincias. Entre todas, también adeudan una gran fortuna y preocupan los casos de Santa Fe y Córdoba, donde sus gobernantes tomaron obligaciones en moneda extranjera que, tarde o temprano, tendrán que pagar. Si es que pueden, claro está. Otros Estados, en menor medida, observan preocupaciones por su deuda y, afortunadamente, Catamarca tiene un presente de tranquilidad en esta materia. Mérito para Corpacci y sus ministros de Economía que, en momento alguno, se dejaron ganar por la tentación de tomar créditos que después no se puedan pagar. Un caso distinto, tratándose de provincias chicas, es La Rioja. Figura entre las que tienen grosa deuda exigible para los próximos años.

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La actuación del catamarqueño José Luis Barrionuevo como interventor del Consejo Nacional Justicialista pasó “sin pena ni gloria”. Durante los cuatro meses que duró su gestión no pudo armar nada y muy lejos estuvo de contribuir a la unidad que, dentro del partido de oposición, reclaman propios y extraños. Apenas esbozó sus anhelos de hacer una interna entre los sectores no kirchneristas, algo que no tiene demasiada lógica si tenemos en cuenta que dentro del kirchnerismo hay millones de peronistas que con el plan del gastronómico se quedaban afuera. Esto último quedó demostrado en el congreso de Lanús (provincia de Buenos Aires) que, en medio de la intervención, sesionó con la presencia de casi un millar de congresales y designó una comisión de acción política que fue avalada por la Justicia. ¿Cómo podía seguir el partido del General Perón con una conducción bicéfala, esto es, el Consejo Nacional por un lado y el Congreso por el otro? Esto debe haber valorado la Justicia Electoral Nacional para aniquilar la designación que había tomado la juez Servini de Cubría en abril último. Después de la medida, queda claro que a Barrionuevo no le va nada bien con esta cámara nacional, que ya supo fallarle en contra en 2003, cuando peleaba por la gobernación y fue virtualmente proscripto. En cuanto a la restitución de las autoridades, hay que decir que aparte del presidente Gioja, legalmente vuelven a ser los vicepresidentes Daniel Scioli y Lucía Corpacci.

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La posición del radicalismo dentro de la alianza Cambiemos, después que Elisa Carrió los humillara al ubicarlos en el rol de partenaires, no pende de un hilo, pero las reacciones de desencanto se repiten con mayor asiduidad. Recientemente, con la decisión del gobierno nacional de quitar las asignaciones familiares en diferentes zonas del país, hubo varios pronunciamientos de tono crítico. Casi todos los jefes radicales del sur del país, especialmente de Río Negro, Santa Cruz y Chubut, levantaron sus voces y fustigaron con dureza una medida inconsulta que, una vez más, afecta a los que menos tienen. En Catamarca, sobre el mismo tema, hubo silencio de radio, pero sabemos que los correligionarios están muy molestos con la conducción de Cambiemos. Por ahora guardan silencio, pero muy pronto podrían tener fuertes exteriorizaciones. La cosa llega al extremo de pensar que algunos podrían apostar al rearmado de la herramienta electoral que se llamó Frente Cívico y Social y que, en el pasado, diera a los radicales tantos triunfos. La posibilidad es lejana, pero no debería descartarse.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” con el repaso del pasado cercano. Los primeros días de agosto de 1993 eran pródigos en noticias referidas al peronismo provincial. Como anunciamos en ediciones anteriores, el 25 de julio, a través de una interna en la que derrotó a Miguel Haarscher, Ramón Saadi había recuperado la conducción partidaria luego de una intervención, dispuesta por el menemismo, que duró más de dos años. Lo que no terminaban eran las controversias. En esa interna, como candidato a senador por Paclín, se había presentado don Angel Luque, pero para el PJ el único candidato reconocido era Héctor Gordillo. Ello derivó en una presentación judicial que fue resuelta por el juez federal del momento, doctor Adolfo Guzmán. Confirmó a Luque como candidato. La medida, a su vez, llevó a los exdiputados provinciales Víctor Uriarte, Oscar Romero y Roque Molina a amenazar con un juicio político contra Guzmán. Otro dilema tenía que ver con la candidatura a diputado nacional. Se la disputaban Jorge Díaz Martínez, que había vencido en la interna de julio, y el empresario Silvestre Zitelli, consagrado por un congreso partidario donde se impuso la decisión de Saadi. 
 

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