Ni los escándalos de corrupción que rodean a la política argentina o la presentación de Boca en partido por la Copa Libertadores de América podrán ensombrecer a la histórica sesión que, para tratar el proyecto de despenalización del aborto, habrá de celebrar mañana la cámara de Senadores de la Nación. Toda la atención del pueblo argentino, a través de las televisiones, estará puesta allí, pero en los alrededores del Congreso llegarían a ubicarse millones de militantes a favor de la despenalización o en su contra que seguirán el debate por pantallas especialmente montadas en el lugar. Más allá del resultado final será una jornada histórica y dejará huellas profundas en los sentimientos ciudadanos y no se descarta que éstos puedan reflejarse en el devenir político. Hasta anoche, por diferencias mínimas, se imponía la postura de rechazar la media sanción que sellara la cámara de Diputados el pasado 13 de junio, pero a nadie escapa que sobre la hora se puede mover el fiel de la balanza para mantener la expectativa hasta bien entrada la madrugada. Tres de los setenta y dos votos del Congreso, como se sabe, serán de los representantes catamarqueños. Según los anuncios previos, Oscar Castillo (FCS-Cambiemos) votará a favor e Inés Blas (FPV-PJ) en contra. Dalmacio Mera pediría la revisión de aquella media sanción. Su postura definitiva puede ser controversial, lo mismo que la de Blas, que recibió fuertes críticas y adhesiones al haberse pronunciado, tardíamente, a favor del “no”. Castillo, que nunca dudó cómo votar, estaría más aliviado en la vigilia.

El llamado “escándalo de los cuadernos”, que desde el miércoles ganó la agenda informativa a nivel país, puede servir grandemente para la higienización de la política. Es que toda la dirigencia, desde la más chica a la más grande, es consciente de que ésta última se financia con la obra pública. También lo saben los empresarios que, como práctica habitual, pagan por la habilitación de algún emprendimiento o colaboran con los partidos en tiempos de campañas electorales. El caso del momento, seguramente, debe tener grandes márgenes de certeza, como también es cierto que el trípode Justicia-Gobierno-Prensa lo ha convertido en una maniobra donde se colocan elementos y personajes –un chofer, una mujer despechada, etc.- para hacer rodar hacia la sociedad en general una información que, en el corazón del pueblo, tiene alto impacto. De hecho, puede mover el amperímetro electoral para uno u otro lado. Recordemos que entre los involucrados figuran prominentes figuras del kirchnerismo –la expresidente, incluida- y también del macrismo. Pero eso lo veremos con el paso del tiempo, lo mismo que las derivaciones que puedan surgir del proceso que se sustancia en los tribunales federales.

Lo que, desde todo punto de vista, resulta positivo es que en la redada –aún con las objeciones de las formas judiciales- no hayan caído solamente políticos o exfuncionarios. También están presos los empresarios (varios de ellos aceptaron ayer haber pagado), cuyo concurso resulta imprescindible para que se produzca una coima. Por fin, en los hechos, se acepta que existen dos lados de un mismo mostrador: el corruptor y/o los corrompidos. De igual forma, los lectores deben saber que lo que pasó a nivel nacional, desde hace décadas, es moneda corriente en las provincias, donde los empresarios se llevan “la parte del león” y los políticos se quedan con el 10 o 15%, porcentaje que varía de acuerdo a la magnitud del trabajo. En Catamarca, cabe destacarlo, existieron hechos resonantes, pero nunca se hizo pagar a los empresarios por los daños provocados. Algo parecido a la famosa historia de los “sobornos del Senado”, que se habrían pagado a media docena de representantes del pueblo para que voten la reforma laboral. El hecho, con denunciante autoincriminado (¿se acuerdan de Mario Pontaquarto?), por el “beneficio de la duda”, terminó sin culpables después de quince años de idas y venidas. Ojalá esta vez no ocurra lo mismo y se conozca la verdad, la que bien puede servir para que se cambien todos los procesos relacionados a la obra pública porque, tal como está concebida, es generadora de corrupción. No llegamos al extremo de pedir que sea extirpada para siempre, como dice el economista Milei, pero sí que sufra una profunda transformación.

Se calcula que mañana, en nuestra Legislatura, tomará estado parlamentario el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, que presentara la semana pasada el exasesor de Gobierno, el abogado peronista Eduardo Andrada. El hecho de marras, para el cual habría prestado formal conformidad –es lo que legalmente corresponde- el presidente de la cámara de Diputados, Fernando Jalil, se postergó por la falta de quórum. Más allá de los pormenores del hecho y del análisis de la presentación, este juicio político servirá para saber cómo funcionan las instituciones en la provincia. Recordemos que, en este sentido, fue Cáceres quien desafió que se animaran a contrariarlo y que, con sus propios argumentos defensivos, estaba dispuesto a defenderse. Queremos pensar que sus bravuconadas y algunas consideraciones despectivas hacia los legisladores, lo terminarán sentando en el banquillo de los acusados.

Tal como lo puntualizamos ayer en nuestro secretario de los días lunes, las acciones específicas de Maxi Brumec en la secretaría de Deportes y la impronta política que las rodea, están orientadas a una eventual precandidatura a intendente de la Capital, un puesto soñado por muchos y que, por ende, al menos en las primarias, podría llegar a tener varios aspirantes. Tanto en Cambiemos como en el peronismo, más allá de las legítimas aspiraciones de Brumec, podrían surgir en los próximos tiempos otros pretendientes. Un dato para tener en cuenta sobre este punto. La vara que dejará en diciembre de 2019 Raúl Jalil quedará demasiada alta, lo que convertirá a su reemplazante en un jefe comunal conminado a hacer muy bien las cosas, so pena de ser comparado con alguien que llevó adelante una gestión de muchos méritos.

Lo de Marita Colombo, en relación con la minería de Catamarca, para ser una “obstinación fatal”. No conforme con el arreglo que alcanzaron Nación y Provincia por Minas Capillitas, que permitirá a la empresa con mayoría estatal –Camyen- continuar hasta 2025 con la explotación de rodocrosita, entiende necesario insistir con los reclamos y revalidar las quejas que expresó a comienzo de la gestión presidencial el interventor de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, quien pretendía anular una adenda al contrato de explotación que habían refrendado Lucía Corpacci y el exministro de Defensa, Agustín Rossi, antes que Macri le ganara el balotaje a Daniel Scioli. La veterana dirigente radical, respecto al convenio recientemente establecido, indicó “la Justicia, lamentablemente, estimó que todas las pruebas que aportó el exfuncionario (por Lostri) en esa denuncia no eran suficientes”. Ello, al parecer, la enojó sobremanera con el Gobierno nacional que, se entiende, teóricamente es independiente de la Justicia. De otra manera no se puede comprender que haya expresado que Cambiemos no funciona como una coalición a la hora de abordar temáticas como la minería.

Comprendemos la posición política de Colombo, pero no puede justificarse que vaya contra los intereses de Catamarca. Ella, de acuerdo a sus posturas, quería que le quiten a Camyen la concesión y consideraba que el canon que debe pagarse a Fabricaciones Militares, titular del yacimiento, era irrisorio. Es decir, seguía los pronunciamientos de un personaje extraño a Catamarca como Lostri que, por si fuera poco, detenta un currículum desprovisto de virtuosismo. Aparte, parece ignorar que el propio Mauricio Macri respalda la minería de la provincia, a punto tal que en sus discursos no se cansa de poner el ejemplo de Alumbrera o de promocionar al litio, con lo cual no hace falta hacer hincapié que mantiene “sintonía fina” con las autoridades locales. La legisladora, de larga y proficua trayectoria, a esta altura debería revisar la famosa expresión “del ridículo no se vuelve”.

RECUERDOS. En este último bloque traemos al presente los hechos ocurridos hace 25 años, muchos de los cuales se entremezclan con figuras que todavía tienen actuación pública.
El 1 de agosto de 1993, a nivel nacional, se producía un hecho de alto impacto político. En la interna del Partido Justicialista de Córdoba, el actual gobernador Juan Schiaretti, se imponía a dos peso pesados de la época, Julio César Aráoz y José Manuel de la Sota, el primero de ellos exfuncionario de Acción Social durante el gobierno del expresidente, Carlos Menem. Aquella noticia catapultó a los primeros planos al entonces súper ministro de la Nación, Domingo Felipe Cavallo, quien por su parte llegaba a señalar “el triunfo es del presidente”. La carrera del “Señor de la convertibilidad, 1 a 1”, se mantuvo en los primeros planos por largos años, en los cuales llegó a ser diputado nacional y candidato a presidente, aparte de ministro de Fernando de la Rúa, con quien estuvo asociado en los dramáticos hechos que sucedieron en el país en diciembre de 2001. Otra curiosidad de aquella interna cordobesa estuvo marcada por el tándem que iban a fundar en el futuro Schiaretti y De la Sota, quienes desde el año 2003 vienen turnándose en la gobernación mediterránea como verdaderos amos del Partido Justicialista cordobés. 

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