La “Tragedia de El Rodeo”, ocurrida el 23 de enero de 2014, es una herida abierta del pueblo catamarqueño. Aquella noche de miedo y terror perdieron la vida 13 personas y sus deudos no solo están reclamando justicia por negligencias que pudieron favorecer el horrendo desenlace, sino que deben defenderse de eventuales maniobras del mismísimo Poder Judicial por enrumbar la causa hacia los confines de la impunidad. Recordemos que están involucrados varios funcionarios, entre ellos un exgobernador, por lo tanto los intereses políticos juegan en la coyuntura un papel fundamental. De hecho, en el reciente pronunciamiento de un fiscal –tendría el apoyo incondicional de un alto miembro de la magistratura- se intentó el sobreseimiento de 10 de los 13 imputados, lo que afortunadamente fue corregido por el juez Porfirio Acuña al decretar la nulidad de lo actuado y devolver el expediente para que un plazo perentorio resuelva la situación procesal de todos y cada uno, no solamente del exintendente Félix Casas Doering, y los funcionarios Alfredo Saavedra y Juan Negui, a quienes dejó como únicos responsables.

Sobre este caso, vale la pena acotarlo, el fiscal Gober –de él se trata- fue el reemplazante del destituido Roberto Mazzucco, a quien virtualmente empujó al abismo la Corte de Catamarca y, en forma especial, el ministro José “Pepe” Cáceres, su enemigo declarado por haberle “pateado” su despacho. Gober es una persona oriunda de la provincia de Córdoba y, en verdad, desconocemos su conocimiento sobre la causa, más allá de lo que pudo haber leído en el expediente. Lo que sí sorprendió, aparte de pensar en contrario a su antecesor, fue su tajante pronunciamiento a favor del sobreseimiento de los imputados, aunque como lo destacamos siempre, la responsabilidad del exgobernador Brizuela del Moral es enteramente política. Más de eso, no le cabe cargo penal. Superados los elementos exógenos que pudieron haber influido en el tratamiento judicial de esta tragedia, esperemos que las cosas marchen hacia una definición que deje conforme a los familiares de quienes sufrieron y sufren la pérdida de sus seres queridos. Por las dudas, lo repetimos: se trata de una herida abierta de 13 familias.

Otra causa relacionada con Brizuela del Moral. Recientemente hubo novedades en torno al escándalo de las fundaciones que, durante su primer mandato, ganaron ingentes cantidades de dinero por el dictado de cursos prácticamente fantasmas, aunque algunos si se hayan dictado. Cuando han pasado 14 años de aquellos sucesos, todavía no se ha llegado a la instancia del juicio oral, lo que podría ocurrir en los próximos tiempos, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de rechazar, in limine, el recurso de queja que presentó uno de los imputados (Carlos Arriazu) solicitando el sobreseimiento por prescripción. Superado el que podría ser el último escollo, la cámara estaría en condiciones de fijar la fecha de las audiencias aunque, una vez, la morosidad judicial va a conspirar contra un juicio justo. No es lo mismo hacerlo a los dos años que a los catorce, cuando los papeles están traveseados o algunos testigos pudieron morir. Aquellos cursos, en verdad, no eran prioritarios y sintetizaron una maniobra política en la que están involucrados figuras de notorio predicamento público que aprovecharon este tiempo para despejar eventuales responsabilidades.

“Vamos a responder a todos los requerimientos del Tribunal de Cuentas”, bramó el presidente de la cámara de Diputados, Fernando Jalil, a raíz de la presentación que le hiciere el abogado Sergio “Charly” García por la existencia de decretos mellizos que, firmados por personas diferentes, contenían altas y bajas de empleados. Añadió Jalil que, aparte de tratarse de “un error que se está subsanando”,  “no ofende quien quiere, sino quien puede”, en respuesta directa al exfuncionario con militancia dentro del peronismo. García, que conoce el movimiento de la cámara de Diputados por haberse desempeñado como secretario administrativo, le redobló la apuesta y apunta a convertir su denuncia en un escándalo mayor. Para él, la única ofendida es la sociedad que paga los impuestos y ve que los dineros públicos se escurren por senderos brumosos, por lo cual se aprestaría a presentar una denuncia penal contra todos los diputados por considerarlo cómplices de irregularidades graves. En ese sentido, apuntó que los decretos mellizos que le tocó presentar en el Tribunal de Cuentas y que no han sido explicados por Fernando Jalil no serían los únicos que existen. Sumarían cerca de una decena y servirían para triquiñuelas de las que no estaría ausente la usura. En fin, la cosa parece ser más grave que “un error a subsanar”, como dice el presidente de la Cámara, lo que también explica su prolongado silencio sobre una denuncia en la que tiene responsabilidades directas. ¿O no se dio cuenta del detalle?

El intendente de Belén, Daniel Ríos, no es un improvisado de la política. Digamos que le sobra experiencia y conocimiento pleno de la ciudad que le toca gobernar, la cabecera departamental de Belén, en la cual está cumpliendo su tercer mandato como intendente y antes tuvo uno como concejal. Hablamos de unos 20 años de poder, entre los cuales se mezcla un interregno del peronista José “Nolo” Ávila (2011-2015). En todo ese tiempo, Ríos no pasó desapercibido y tomó medidas de fondo sobre el funcionamiento municipal, especialmente en lo atinente a los puestos de trabajo o a la cara iniciativa de crear una universidad que sirviera de basamento académico para todos los habitantes del oeste. Su actuación pública, en definitiva, lo llevó ser figura de consulta dentro de la UCR, el Frente Cívico o la alianza más reciente, Cambiemos.

Hoy, frente a la crisis que ya se siente en Catamarca, es el primer intendente que está dispuesto a tomar medidas en virtual alineamiento con Nación. De esta forma, como lo informó El Esquiú.com en su edición del viernes pasado, anunció que dará de baja a becas y contratos de aquellas personas que tienen otras salidas laborales. No se trata de una decisión que vaya a gustar a los afectados, pero nadie puede objetar que está orientada a poner algo de justicia en el reparto de la torta oficial. No se concibe que personas o familias tengan dos o tres ingresos y otras vivan de la caridad pública, aclarando que en este análisis no se incluye a profesionales que, por su conocimiento, sean difíciles de reemplazar. Los afanes de Ríos por brindar ayuda laboral a la gente, frente a la escasez de mano de obra privada, tienen antecedentes en el tiempo. Allá por 2010, en el apogeo del Frente Cívico, saltó a la consideración pública por utilizar el dinero de regalías mineras para otorgar becas laborales a desocupados de Belén. Aun a sabiendas de que la renta minera era para obras de desarrollo y cometía un delito con desviarla, el hombre proclamó a los cuatro vientos que sus convicciones estaban por encima de la ley. No decimos que hizo bien o mal las cosas, simplemente que, a costa de cargar con una causa judicial, no le tembló el pulso en tomar decisiones.

Más allá de que los ministros de Economía de provincias estudiaron con el ministro Frigerio las distintas alternativas de achicar gastos, hoy comenzaría a hablarse en serio del presupuesto nacional para el año venidero. Será cuando el jefe de Estado, Mauricio Macri, se encuentre con los gobernadores y se avance hacia coincidencias que permitan que la discusión parlamentaria tenga mayor agilidad. Los intendentes de Catamarca, ansiosos, esperan saber qué pasará con el fondo sojero y, en caso de confirmarse su desaparición, cómo será compensado. Otro sector que está pendiente de las conversaciones es el relacionado con el transporte público, que recibe subsidios que podrían ser cortados por la guadaña nacional. Si finalmente esto se produce, en Catamarca, podría plantearse un serio dilema: un aumento importante del boleto que, en una provincia pobre y con sueldos bajos, hasta podría crear un verdadero drama social. Mucho más si tenemos en cuenta que automovilistas y motociclistas van a utilizar menos sus vehículos por la suba desmesurada de los combustibles. ¡Tema difícil y complicado!

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque de “Apuntes”, repasamos los hechos del pasado cercano.

La Caja de Jubilaciones de Catamarca, que en realidad se llamaba Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS), por largas décadas, fue uno de los organismos más importantes de la provincia. A través de ella se jubilaron generaciones y generaciones de catamarqueños. Su desaparición se produjo porque los distintos gobiernos la mal administraron y utilizaron el dinero de su recaudación, que por supuesto debía emplearse para el pago a los pasivos, en menesteres políticos. De esa caja, por ejemplo, se pagaban subsidios, se otorgaban préstamos prácticamente sin interés y cualquier eventualidad de los gobiernos era cubierta por dineros que, por ley, eran intocables. “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. En plena época del súper ministro, Domingo Felipe Cavallo, el exgobernador Arnoldo Aníbal Castillo firmó su certificado de defunción al entregarla a la Nación. El hecho ocurrió el 14 de julio de 1994. Fue un gravísimo error porque una caja de jubilaciones bien administrada les servía grandemente a los catamarqueños. El edificio donde funcionaba el IPPS (Ayacucho y Esquiú) fue refaccionado y prontamente sus oficinas serán reinauguradas para el funcionamiento del ministerio de Economía. 

El Esquiú.com