El sábado venidero, como máximo plazo, el gobierno nacional debe presentar su proyecto de presupuesto 2019, la herramienta política que requiere para convencer al Fondo Monetario Internacional de que “los deberes se han hecho bien” y que las obligaciones contraídas con el ente multinacional “se van a cumplir”. De esta manera, con buena dosis de incertidumbre, se iniciará la batalla parlamentaria más importante de lo que resta del 2018. Las múltiples reuniones que, desde la semana pasada, se sucedieron entre ministros y consejeros nacionales con sus pares provinciales y que terminaron el martes con el cónclave del presidente Macri y 19 de los 24 gobernadores en la Casa Rosada, no arrojó los resultados que se habían pronosticado. Hubo más controversias que acuerdos genuinos, por lo cual la discusión de fondo se trasladará al Parlamento, donde las partes prometen sacarse chispas. La aprobación o rechazo del proyecto, cuyos detalles finos hasta hoy se desconocen, mezclará finalmente situaciones institucionales con políticas. El oficialismo, abrazado a un plan económico que pactó a espaldas del pueblo, apelará al discurso del “aporte patriótico” para frenar la tormenta que Macri anunció hace más de un mes y que ya inunda de dudas todos los estratos sociales. El dilema mayor pasa por el peronismo, donde la mayoría de los legisladores no quiere quedar pegada al FMI, una especie de estigma que quedó grabado a fuego a fines de 2001, cuando la gente pidió que “se vayan todos” y condenó las políticas de hambre que llevaba adelante el organismo que, con la conducción excluyente de EE. UU., integran varios de los países ricos del orbe.

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Las diferencias entre gobernadores y la Casa Rosada fueron más que evidentes. Cinco mandatarios (Carlos Verna, de La Pampa; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Miguel Lifschitz, de Santa Fe y Gustavo Bordet, de Entre Ríos), por motivos varios, no formaron parte de la foto que quería el presidente. Que 19 de ellos hayan aceptado los flashes, sin embargo, no es un número para despreciar. Estuvo presente la gobernadora de Catamarca, que no hizo declaraciones altisonantes, pero sabe perfectamente que el ajuste puede llegar a estas tierras. Que solamente le insinúen la desaparición de los subsidios al transporte y a la energía, que se suman al caído Fondo Sojero, la espanta y la ponen en guardia para enfrentar los problemas que pueden surgir en el último año de su segundo mandato. Tal vez por ello, en medio de la reunión con Macri, según el diario La Nación, se animó a decir que funcionar sin presupuesto no es una cuestión de “vida o muerte”, lo que de fondo significaría mantener los fondos específicos que se venían aplicando.

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Los gobernadores de La Pampa y Salta, Carlos Verna y Juan Manuel Urtubey, respectivamente, acapararon protagonismo en la tensa jornada del martes. El primero, ausente en la reunión con Macri, lanzó un durísimo discurso político. Dijo que no va a avalar nada que pueda perjudicar a sus comprovincianos y que, en virtud de que La Pampa tiene superávit, no piensa realizar ajustes. Aclaró, asimismo, que su provincia es acreedora de Nación. Con igual fuerza criticó a los mandatarios peronistas que parecen estar más de cerca de Macri que del propio Juan Perón. La referencia, inequívoca, estuvo dirigida a Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta), quien cada día se aleja un poco más del peronismo y, como dijo Verna, se parece demasiado a un aliado de Mauricio Macri. Fue así que, junto a los ministros nacionales (más los gobernadores de Corrientes y Neuquén, aliados del gobierno), participó de los anuncios que se dieron en la conferencia de prensa que sucedió a la cumbre de gobernadores. En síntesis. Nada está dicho sobre el destino del presupuesto 2019. Es como si la discusión recién empezara.

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Mientras los responsables económicos locales, más la Gobernadora, participan de las deliberaciones por los ajustes que se vienen, la Provincia ha dejado asentado ante la Suprema Corte de Justicia un reclamo por la quita del Fondo Sojero, un aporte del que se benefician los 35 intendentes locales, sean oficialistas u opositores. La presentación fue realizada por el asesor general, Pablo Gallardo, y pide concretamente que el supremo tribunal haga respetar lo establecido en el pacto fiscal que firmó la Provincia y que se reanuden los envíos. 

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La comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara de Diputados que, a comienzos del presente año y con la presencia de todos sus miembros (hasta el presidente del cuerpo, Fernando Jalil, dijo presente), estudió a fondo el pedido de juicio político contra dos miembros de la Corte, al parecer ha entrado en un impasse. Hace un par de semanas que no se reúne y sus principales responsables brillan por su ausencia. Hoy jueves, conforme se supo extraoficialmente, podría volver a reunirse la comisión y, tal vez, tratar un tema que ya tiene materia efectiva por la presentación del abogado Andrada solicitando el juicio político, algo que pedían diputados de la oposición como Francisco Monti o Marita Colombo para abrir a debate la espinosa cuestión. Los argumentos contra José Cáceres y Sesto de Leiva, como se ha explicado en varios oportunidades, son más que contundentes en razón de que violan expresamente artículos de la Constitución Provincial referidos a su condición de jubilados y ser mayores de 75 años, situación esta última que está definida a nivel país y que, por ejemplo, afecta a Elena Inés Highton de Nolasco, a quien el Poder Ejecutivo Nacional le pidió su retiro apenas cumplió la edad señalada. Se la mantiene, como es público y notorio, por razones estrictamente políticas. ¿Será el mismo caso de Catamarca? ¿Se mantendrá a los jueces por las mismas razones? Ya lo veremos.

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Hablando de la Suprema Corte. El reciente cambio de autoridades, que terminó con la cabeza de Ricardo Lorenzetti rodando por el piso después de 11 años de haber conducido el máximo tribunal, en gran medida significó un triunfo de Elisa Carrió, quien lo acusó de gravísimos cargos emparentados con la corrupción y, además, presentó un pedido de juicio político en su contra. Fue así que el día martes, cuando se conoció que Carlos Fernando Rosenkrantz reemplazaba a Lorenzetti en la cúpula de la Suprema, la diputada nacional explotó de alegría y lanzó la frase del día: “Se acabó la impunidad”. La medida, como lo consignan los más importantes medios nacionales, fue motivo de regocijo dentro de la Casa de Gobierno, la impulsora de Rosenkrantz, un abogado de prestigios académicos, pero largamente comprometido con los grupos empresarios, entre ellos con Clarín, a quien en su momento sirvió como abogado. Desde el peronismo no hubo dudas en considerar el cambio como una jugada orientada a construir una mayoría automática a favor del gobierno, la que se conformaría con Rosenkrantz, Horacio Rosatti (otro que fue nombrado por Macri apenas asumió) y la nombrada Elena Inés Highton de Nolasco, una especie de rehén por el tema de haber cumplido la edad de retiro.

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Walter Arévalo, el activo dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), ha ganado terreno en el campo sindical por varios motivos. Uno de los principales fue su decisión de que, al menos en su gremio, la reelección indefinida fuera anulada. También produjo medidas de fuerza que se hicieron sentir y salió a defender a sus afiliados en el cobro indebido del plus médico por parte de los profesionales locales. A pesar de ser criticado, Arévalo inició una campaña que puso en aprietos a altos dirigentes del gobierno y, de alguna forma, logró el objetivo que todos y cada uno revisara una situación que estaba naturalizándose. El éxito de sus cruzadas, por comentarios que surgieron en los últimos días, lo podría llevar a probar suerte en los terrenos de la política. Desde algún lugar del oficialismo se la habría ofrecido la posibilidad de integrar las listas de precandidatos del año 2019. ¿Podrá ser?

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RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque de “Apuntes”, repasamos los hechos del pasado cercano.

En septiembre de 1993, mientras se esperaba la elección de renovación legislativa que iba a llevarse a cabo el domingo 3 de octubre, crecía la intención del menemismo de utilizar la probable victoria para, inmediatamente, encarar el proceso de avance hacia la reforma de la Constitución Nacional que, hasta ese momento, impedía la reelección.

Es decir, el gobernante no podía permanecer más que un mandato. Por cierto, para lograr el propósito de cambiar 140 años de historia, se requería la aprobación del Congreso por una mayoría calificada.

En el Senado no había problemas (el peronismo contaba con amplia mayoría), pero en Diputados la cuestión era mucho más difícil. Por ello, precisamente, los alfiles menemistas comenzaban a difundir la idea de un plebiscito o un acuerdo político general antes que el proyecto llegara al recinto parlamentario.

La UCR, principal fuerza opositora, no quería saber nada con una eventual reelección del riojano en 1995, pero al final iba a terminar cediendo y abriendo las puertas a una reforma que, en verdad, fue mucho más amplia que el término de los mandatos.