La incursión de Lucía Corpacci por tierras pomanenses, donde se acaba de celebrar la semana aniversario, dejó un dato político insoslayable. El viejo intendente de la zona, que está cumpliendo nada menos que su quinto mandato, pidió por la reelección (“y por muchos años más”) de Lucía Corpacci como gobernadora. Para quienes descuentan que la mandataria continuará en el cargo, sin siquiera saber si ella resolverá en tal dirección, el hecho puede haber pasado desapercibido, pero Francisco Gordillo no es un intendente más entre los 36 que tiene la provincia. El hombre, desde 2003, ha estado plenamente consustanciado con el proyecto del Frente para la Victoria y, de hecho, fue el primer ministro de Gobierno de la gobernadora y uno de sus baluartes de estrecha confianza. Por ello, digamos que su opinión pesa –y mucho- en el elenco de conducción oficialista. Sin embargo, la última palabra la tendrá Corpacci dentro de muy pocos meses, posiblemente en acuerdo con Raúl Jalil, el intendente de la Capital que no disimula sus intenciones de sucederla en el cargo y, en algún momento, no descartó ir a una interna. Más allá de ellos no habría nada, aunque se consideren posibles los propósitos que anunciaron los principales exponentes de la llamada renovación peronista.

La convención, que supuestamente es el máximo órgano de deliberación de la Unión Cívica Radical, no dio lugar a ningún debate en su sesión del sábado pasado. Apenas, en rápida expedición, consagró como presidente a Luis Fadel y, con quórum ceñido, impidió el tratamiento de numerosas impugnaciones –la mayoría de ellas fueron impulsadas por el reconocido militante Enrique Sir- y de cualquiera cuestión relacionada con la fractura partidaria que dejó la malograda interna del 3 de junio en la que, virtualmente, se proscribió al sector que integran dirigentes de valía y trayectoria como Ricardo Guzmán (en la interna de 2016, con el 33% de los votos, se había alzado con la minoría partidaria), Eduardo Brizuela del Moral (la figura con mayor intención de voto dentro de la UCR), Horacio Pernasetti, Augusto César Acuña y Miguel Vázquez Sastre, entre varios otros de la Capital y el interior. El resultado de la diáspora no pudo ser más contundente. Las fotos de la convención fueron demasiado elocuentes. Ninguno de los rebeldes, si es que cabe el calificativo, se llegó por calle Chacabuco al 700, con lo cual solo pudo verse una destartalada alianza de castillistas más los grupos que comandan el intendente Gustavo Roque Jalile y la diputada provincial Juana Fernández.

En los afanes de cumplir, “a libro cerrado”, con trámites formales, la convención dejó pendiente la situación de los cuatro departamentos –Paclín, Santa María, Ambato y La Paz- donde todavía hoy no existen autoridades avaladas por la Justicia. Son aquellos donde las listas que iban a competir el 3J presentaron una oferta de unidad. Después, especialmente en boca del intendente de Tapso, Jorge Coronel, hubo duros cargos para el dirigente Enrique Sir, a quien acusó de conspirar contra el partido por denunciar el incumplimiento de la carta orgánica. “Esas cuestiones hay que expresarlas puertas adentro”, le espetó en la cara el Lord Mayor esteño. Una lástima porque en la carta orgánica residen la mayoría de los problemas que han generado las escisiones, especialmente por la exigencia de presentar listas en 11 departamentos a quienes pretendan la conducción. Más allá de estas disquisiciones, la UCR camina, irremediablemente, hacia un nuevo estallido. Será a la hora de definir las candidaturas, especialmente si no hay PASO. Y aún con primarias, la confrontación será de “hacha y tiza”. Algo así como la revancha del simulacro de interna que se programó para el 3J.

Jueves a la noche. Hotel Casino. Una de las mesas que generó más miradas de lo habitual la integraron personajes notorios de la política. Revisemos. Ricardo Moreno, exjuez federal de Catamarca de los últimos ocho años (lo reemplazó Miguel Ángel Contreras en este 2018); Raúl Cippitelli, presidente de la Corte de Justicia; Guillermo Rosales, exembajador y asesor del actual gobierno; Ricardo Aredes, diputado provincial y exministro de Economía y Silvestre Zitelli, el político-empresario que preside diario El Ancasti. Habrán hablado, obviamente, de los últimos acontecimientos políticos y de los que podrían venir, aparte de posibles negocios, tema infaltable en mesas donde asiste esta clase de comensales.

El secretario administrativo de la cámara de Diputados, Hugo Moya, salió a explicar por radio Valle Viejo que la existencia de los decretos mellizos que motivaron una denuncia del abogado Sergio “Charly” García ante autoridades del Tribunal de Cuentas no representan una irregularidad, sino un “error administrativo” atribuible a su persona y no al presidente del cuerpo, Fernando Jalil. Indicó, asimismo, que en los dos instrumentos legales solamente figuran bajas de personal y no altas, añadiendo que no hubo malversación de fondos. La aclaración no habría dejado conforme ni a García, ni al Tribunal de Cuentas ni a varios diputados que, detrás de “los mellizos”, sospechan maniobras “non sanctas”, las que podría dar lugar a nuevas presentaciones y hasta denuncias penales. Entienden que se está atacando la institucionalidad y que los mecanismos de control, vengan de donde vengan, sirven para crear condiciones de orden y correcta administración de los recursos que maneja el Poder Legislativo.

La difusión de los “decretos mellizos” habría puesto de muy mal humor al presidente de la Cámara, Fernando Jalil, quien disparó sus broncas contra El Esquiú.com que, en exclusivo, dio a conocer la eventual irregularidad. Es decir que, una vez más, se buscó castigar al mensajero sin analizar el mensaje. Pero Jalil fue más allá. Levantó el teléfono y pidió a los organismos gubernamentales que tienen pauta publicitaria con El Esquiú.com que la levanten y pongan al medio de comunicación en estado de indefensión. Más claro. El señor Fernando Jalil, que en algunos actos protocolares destacó, en relación a otros medios de comunicación, el valor de la libertad de prensa o la libertad de expresión, tuteladas por las leyes argentinas, pareció volver sobre sus propios dichos y palabras de circunstancia en un ataque directo contra un medio de comunicación independiente que cometió el “pecado” de difundir información que a él no le gusta. Le aclaramos al presidente de la Cámara de Diputados que El Esquiú.com no recibe presiones de ningún gobierno –ni las recibirá- y que los fantasmas que lo atormentan no existen. Por lo tanto, debería preocuparse por sus propias conductas y su manera de conducir antes de atacar a una fuente de trabajo de más de más de un centenar de empleados.

El domingo 9 del corriente inició una nueva participación en el torneo Federal “A” –tercera categoría del fútbol argentino- el representativo de Catamarca, San Lorenzo de Alem. Hasta aquí consiguió dos empates y alentó esperanzas de cumplir una buena campaña, cosa que por supuesto anhelamos todos. También las autoridades del club dieron a conocer el detalle de gastos de ambas presentaciones, pero no los costos finales que, por cierto, incluyen el pago de sueldos y estadía de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico, en su gran mayoría foráneos. En pocas palabras y más allá de lo estrictamente deportivo, sin que esto signifique un menoscabo para los muchachos que visten los colores catamarqueños, se repite el error de pretender imponer un profesionalismo que ninguna institución local está en condiciones de afrontar. La experiencia de Unión Aconquija que, de la mano del extinto Octavio Gutiérrez, hizo inversiones desmesuradas en virtual aventura económica y terminó fundido, debería servir de lección. Ojalá lo entiendan así los dirigentes locales y las autoridades provinciales para no repetir los mismos excesos. Paralelamente y aunque resulte una obviedad, las políticas deportivas deberían orientarse a promocionar nuestras inferiores y de allí sacar los valores que, según parece, tenemos la obligación de importar.

RECUERDOS. Como cada martes, en el último bloque de los Apuntes, insertamos acontecimientos políticos que sucedieron hace 25 años.
Hacia finales de septiembre de 1993, casi sobre el filo de las elecciones del 3 de octubre de aquel año, se definía una situación política que había cobrado gran interés y curiosidad. El Partido Justicialista, para estos comicios de renovación legislativa, tenía dos candidatos a diputado nacional. Jorge Díaz Martínez, que había integrado la lista que ganó la interna del 25 de julio, y el empresario Silvestre Zitelli, consagrado por un congreso peronista que había convocado el presidente del Partido, Ramón Eduardo Saadi. El tema se judicializó y debieron pasar cerca de una decena de conjueces para determinar que la candidatura correspondía a Díaz Martínez, finalmente electo por la minoría para el período 1993-1997. El empresario, actual presidente de Editorial Capayán, la empresa que edita el diario El Ancasti, venía de tener amplia actividad política con una línea interna propia, que incluía a dirigentes como Néstor Tomassi, Daniel Morán y el andalgalense Oscar Matesich, entre otros. Antes había sido ministro de Economía de Saadi. Con la resignación de su candidatura a manos de Díaz Martínez, como una compensación, el gobierno menemista lo designó vicepresidente de Fabricaciones Militares, el organismo dependiente del ministerio de Defensa. 

El Esquiú.com