Aunque el camino está prácticamente despejado para que el Poder Judicial llame a juicio oral y público a los imputados en la causa que, en 2004, dio en llamarse el “megafraude de las fundaciones”, la fecha de convocatoria no sería inminente. El tribunal conformado por los jueces Fernando Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio Gershani Quesada, atiborrado de trabajo y con alguno de sus miembros subrogando en otras cámaras, estaría pensando en dar inicio al proceso en los primeros meses de 2019, digamos marzo o abril. También influye en la dilación el hecho que, por la cantidad de acusados –cerca de 20 personas- y de los testigos que propondrán las partes, el juicio puede demandar meses de debate. Más allá de sus pormenores, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara el recurso de queja –último recurso en busca de la prescripción- interpuesto por la defensa de Carlos Arriazu, queda claro que la Justicia de Catamarca está en deuda con la sociedad y, de una vez por todas, tratará de sacarse el “fierro caliente” de una cuestión que, hace 14 años, despertó enardecidas pasiones. En el banquillo de los acusados, como se sabe, estarán los empresarios Arriazu y Diamante, empleados administrativos de distinto nivel y al menos dos funcionarios –Córdoba Molas y Regina- del primer gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. En cuanto a predicciones, se descuenta que habría varias condenas, pero también podrían existir sobreseimientos.

Los pasillos de tribunales siempre aportan noticias. De esta forma nos enteramos que, recientemente, se habría presentado una denuncia penal ante la Fiscal General, Milagro Vega, en contra de Miguel Ángel Fabrizio, el polémico juez del Trabajo de Primera Nominación. Los cargos serían los de abuso de autoridad, retardo de justicia y falsedad ideológica en una demanda que iniciara una exempleada del diario del Casino Provincial contra la patronal y en la que Fabrizio habría observado gran morosidad para fallar y, al hacerlo, lo hizo fuera de término, por lo cual surgiría el correspondiente pedido de nulidad. El caso se agrava por otras cuestiones que, apenas logremos su confirmación, habremos de publicar. Fabrizio es un juez porteño que, sin concurso ni demasiados antecedentes, habría llegado a Catamarca por una movida política que, en la década del 90, llevó adelante el gobierno provincial de aquel entonces.

La posibilidad que, tarde o temprano, caiga el juicio político sobre el fiscal Ezequiel Walther es un hecho concreto. Este funcionario judicial, cuyo desempeño fue observado con severas acusaciones durante el jury que destituyó a su excolega, Roberto Mazzucco, ordenó un procedimiento de represión contra una manifestación de protesta que, en diciembre de 2016, llevaba adelante el SOEM de Valle Viejo. Los gremialistas, como es público, cortaban una calle, por lo cual terminaron detenidos y ahora deberán ir a juicio Jorge Escalante, Hugo Olmos, Verónica Paola Herrera, Jorge Edgardo Figueroa y Javier Andrada. Aquella medida, claramente, fue un exceso y estuvo teñido por connotaciones políticas. Desde la Municipalidad de Valle Viejo habría existido un pedido a las más altas autoridades de la Corte y, desde allí, con la velocidad de un rayo, se ordenó el procedimiento que llevó adelante el fiscal de la discordia. No vamos a discutir que las leyes están para cumplirse y que los cortes de calles o rutas atacan los derechos de terceros (más claro, a los ciudadanos), como tampoco que hay métodos muy rápidos para disuadir sin necesidad de ordenar detenciones o juicios contra gremialistas que, asistidos por otras leyes, pueden ejercer derechos para expresar reclamos. Si en este caso hubo un avance firme de las fuerzas del orden por orden judicial, hay que hacerlo en todos los cortes y en todo momento. Que se sepa, el fiscal Walther nunca ordenó un procedimiento similar cuando “hubo cortes” por doquier, algunos de los cuales provocaron tumultos de tránsito. En síntesis. Se trata de un tema opinable, en medio del cual el accionar del fiscal fue absolutamente “selectivo”, lo que marca una característica de un Poder Judicial que analiza las cosas que ocurren “según la cara del cliente”.

Hablando de cuestiones selectivas, con la usura tenemos otro claro ejemplo sobre la falta de objetividad. Desde hace tiempo, publicaciones periodísticas aluden a este flagelo y sacan a relucir que sus controles, cuando no nulos, son insuficientes. Lo que no dicen esas publicaciones es que los malos ejemplos cunden y que hoy en la Argentina, oficialmente, se pagan tasas usurarias. Aparte que los pobres no tienen ningún acceso al crédito. Lo peor, en el caso de nuestra provincia, es que algunos centros de usura con fuerte respaldo económico no son tenidos en cuenta y, pareciere, que el ataque a las financieras en general persigue el objetivo de despejarle el mercado a los más poderosos. Tampoco se dice nada del Casino provincial, un tugurio del que emanan prácticas usurarias casi inconcebibles y que se perfeccionan día a día para evitar cualquier riesgo. De estas cosas nada dicen estos informes que, lo reiteramos, parecen orientados a fines distintos al bien común o la defensa de humildes ciudadanos, víctimas predilectas de los tiempos de mishiadura que se viven. 

Conforme lo adelantó en exclusivo El Esquiú.com, el abogado Sergio “Charly” García (exSecretario Administrativo de la Cámara de Diputados) ingresó a la Legislatura provincial una nota dirigida a los diputados en la que reitera irregularidades de grueso calibre. Como es público, fue quien denunció la existencia de decretos mellizos en la institución, detrás de los cuales habría movimientos de dinero poco claros. En su momento, el presidente del cuerpo dijo que se iban a remitir al Tribunal de Cuentas todos los antecedentes y que, en realidad, se trataba de un “error administrativo”. Lo mismo dijo por radio Valle Viejo el actual secretario administrativo, Hugo Moya, quien se hizo cargo de la “metida de pata” y trató de adjudicarse las responsabilidades sin reparar que en los mellizos está la firma del presidente. Aparte, la aceptación del error, no significa otra cosa que haber reconocido la existencia de los decretos mellizos que, en definitiva, es lo que importa y respalda al denunciante, en el sentido que no hizo público una ocurrencia o invento. En fin. Algo huele mal por el palacio de las leyes.

No pasó desapercibida, para propios y extraños, la presencia el lunes pasado de la diputada Paula Oliveto en esta ciudad. Se trata de una de las colaboradoras más estrechas que tiene la denunciadora Lilita Carrió en el Congreso. “Bajó” a Catamarca con la excusa de dar una charla política –la siguió una nutrida concurrencia en dependencias del hotel Amerian-, pero con el indisimulado objetivo de apoyar la precandidatura a gobernador de Rubén Manzi, el representante de la Coalición Cívica-ARI en Catamarca. Dentro de Cambiemos, el médico es prácticamente la única figura que, abiertamente, se encuentra en campaña. Los otros socios –el PRO y la UCR- no tienen candidatos propios o no los encuentran –lo del salto del intendente Raúl Jalil a Cambiemos está cada vez más lejos por la mala imagen del presidente Macri en territorio provincial- y, en el convencimiento de la oposición que la gobernadora Lucía Corpacci llamará a elecciones en marzo, podría decirse que la campaña está en marcha. El apoyo de Oliveto a Manzi, sin dudas, es el apoyo de Carrió. Así lo dejó traslucir la legisladora nacional en sus declaraciones. Rescató de Manzi las cualidades de honestidad, entereza y otros valores. Además de destacar, sostuvo, que fue uno de los que mantuvo firme la Coalición Cívica en los peores momentos.

Uno de los caros anhelos de Lucía Corpacci, a poco de iniciar su gestión como gobernadora, ya es palpable realidad. Lo proyectó cuando visitó los barrios que se levantaban detrás del cementerio municipal, suburbios marginados del resto de la sociedad, donde no existían ni las condiciones mínimas para aspirar a una vida digna. Así nació el proyecto urbanístico “Riberas del Valle” que, orgullosamente, puede mostrar hoy una extensión ordenada y limpia de la ciudad, con asfalto, veredas, energía eléctrica y, desde el martes, con el Centro de Integración Familiar que, de la mano del exdiputado Fidel Sáenz, construyó la Secretaría de la Vivienda. Se trata de una obra digna de méritos que, con ahínco, pudo llevarse a cabo con fondos provinciales. Las comunidades del Sur agradecidas.

RECUERDOS. Como cada jueves, en el último bloque de los Apuntes, insertamos acontecimientos políticos que sucedieron hace 25 años.
Después de los sucesos que derivaron en la intervención federal y de las elecciones que, en diciembre de 1991, catapultó al gobierno provincial al Frente Cívico, las relaciones entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista quedaron prácticamente destruidas. Hasta el día de hoy, a pesar que ya no existen las diferencias de otros tiempos, no se recuerda una reunión conjunta o algo parecido entre las dos expresiones populares más notorias. Teniendo en cuenta esto, puede recordarse que para esa época, hace 25 años, el exgobernador Arnoldo Castillo convocaba en Casa de Gobierno a los partidos políticos. A aquella reunión concurrieron, entre otros, Elder Rivero (Fuerza Republicana, la formación histórica del dictador Antonio Domingo Bussi), Luis Sarmiento (Frente de Unidad Catamarqueña, que conducía Pedro Casas), Rubén Manzi (FUC), Guillermo Rosales (Opción Provincial) y Mirtha Clérici (Frente Grande). ¿Quién fue el gran ausente del cónclave? El Partido Justicialista que, en ese momento, era capitaneado por Ramón Saadi, el exgobernador intervenido por el gobierno de Menem por pedido, entre otros, de la UCR. Por cierto, los presentes en aquella reunión no eran opositores acérrimos, a tal punto que la Casa de Gobierno los consideraba aliados.

El Esquiú.com