Apuntes del Secretario

martes, 25 de septiembre de 2018 01:22
martes, 25 de septiembre de 2018 01:22

La noticia que desvinculó a las empresas de Catamarca –aproximadamente 25- y al ministro de Obras Públicas de la provincia, Rubén Dusso, de los famosos “cuadernos de Centeno” que investiga el fiscal Carlos Stornelli, llevó claridad a la causa que se tramita en Catamarca y que, revelando acontecimientos de supuesta corrupción en los años 2003 y 2004, iniciara Jorge Marcolli. Esto último ocurrió en agosto de 2016 y, según el empresario y referente político de la alianza Cambiemos, durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral las empresas que realizaban obras de vivienda debían pagar una coima, por cada una de ellas, al nombrado Dusso en nombre del kirchnerismo, en aquel tiempo aliado del gobernante Frente Cívico. Lo curioso de la denuncia es que se realizó con una demora de 13 años y no contra las autoridades de la provincia, sino contra alguien que era un constructor más y no un funcionario. La instrucción, como es público, estuvo a cargo del fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, quien procedió a realizar todas las diligencias del caso y, cuando se aprestaba a remitir sus conclusiones al juez Miguel Ángel Contreras, explotó el tema de los cuadernos, un escándalo de proporciones que también alude a coimas y obra pública.

Puestas en el escenario las espectaculares revelaciones del chofer Centeno, varios medios de comunicación de la provincia se encargaron de vincularlas con Catamarca. Hasta llegaron a decir que se trataba de situaciones prácticamente similares, por lo que cabía requerir la información. Eso, ni más ni menos, fue lo que hizo Santos Reynoso. El 7 de agosto le elevó un exhorto a su par, Carlos Stornelli, quien contestó –a través del fiscal Rívolo, que trabaja en la misma causa- que un listado de empresas que trabajaron en obra pública en Catamarca, como el ciudadano Rubén Dusso, no figuran en los cuadernos del ya famoso chofer. Desde el 7 de agosto en que se elevó el exhorto al 5 se septiembre en que llegó la respuesta, quienes alientan la denuncia contra Dusso consideraron vital el informe de los cuadernos o lo que pudiera haber declarado en la misma causa el arrepentido José López, conocido personaje de los bolsos repletos de dólares que revoleaba hacia el interior de un convento de General Rodríguez en junio de 2016. Cuando ayer se conoció la noticia, a través de los diarios El Esquiú y El Ancasti, el denunciante salió a desacreditarla y quitarle valor. Antes, sobre una situación notoriamente pública, no lo había hecho.

Efectivamente. Por la mañana, en un reportaje radial, Jorge Marcolli indicó que su denuncia no tiene nada que ver con los cuadernos de Centeno y volvió a explicar cómo funcionaba la concesión de obras en aquellos años en la provincia. Lo que no puede explicar -y tampoco los periodistas le preguntaron- es la falta de pruebas chequeadas y comprobadas que tiene el expediente que lleva adelante el fiscal Reynoso. Repasemos. Él, Marcolli, suscribió que las empresas pagaban coimas, pero cuando los responsables de esas empresas fueron a declarar a la Fiscalía lo negaron totalmente. También señaló que se creó una cuenta bancaria para que se depositara la coima, pero en realidad, conforme a lo investigado por el fiscal, la cuenta era para que gobierno nacional enviara las remesas de dinero a las constructoras. Sobre esto hay que agregar que (la cuenta) fue autorizada dentro del convenio que firmaron Brizuela del Moral y el kirchnerismo por el Plan Federal de Viviendas. Por último, se habló de un avión privado que en cierta fecha retiró la recaudación de las hipotéticas coimas. El día indicado, conforme pudo saberse por las autoridades aeronáuticas, a Catamarca solamente vino el avión de línea en el que viajaba un funcionario, cuyo nombre se desconoce porque lo hacía con un pasaje no pago.

Otra de las investigaciones que habría llevado adelante la fiscalía de Reynoso tiene que ver con otra denuncia pública de Jorge Marcolli. Conforme lo señaló en un reportaje de radio Centro, a él le quitaron una obra por haberse negado a pagar coimas. No dudamos de que el empresario puede decir muchas cosas que sean ciertas o posibles, pero en este caso vale una aclaración. La obra de la controversia, por informes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que estarían en el expediente, habría sido desadjudicada porque los terrenos donde se debía construir un barrio tenían problemas, posiblemente de subdivisión, lo que fue refrendado por los funcionarios de la época, Eduardo Brizuela del Moral (h) y Pedro Molas, para quienes Marcolli guarda feos recuerdos, según se desprende del mismo reportaje.

La renuncia de la secretaria de Cultura de la municipalidad de Andalgalá, adelantada el fin de semana por El Esquiú.com, no fue una cuestión espontánea o desprovista de connotaciones políticas. Respondió a una furiosa interna que se abrió en la “Perla del Oeste” por la sucesión gubernamental, la que debe producirse en 2019 cuando Alejandro Páez cumpla su segundo mandato como intendente y, por imperio de la Carta Orgánica, quede impedido de aspirar a una eventual tercera postulación. Quienes planean sucederlo, al menos hasta ahora, no son otros que el presidente del Concejo Deliberante, José Luis “El Mono” Cativa, y la concejal Ivana Flores, esposa del actual intendente. En medio de ellos habría aparecido Leila, una mujer con trayectoria política (fue funcionaria de Brizuela del Moral y concejal del FCS antes de llegar a integrar el gabinete de Páez) y que inclinaría sus preferencias por Cativa. Ese habría sido el disparador de un chispazo que se quiso presentar como una renuncia normal y corriente y, complementariamente, elevó a la secretaría a Ana María Sachetti, una historiadora y escritora de amplia vinculación con el quehacer cultural.

Quienes husmean cerca de la comuna andalgalense dicen que el supuesto problema nació por diferencias entre Leila Haddad Fuentes y el secretario de la Juventud, Saúl Reynoso, a raíz de la elección de la reina de los estudiantes. Fue entonces que la funcionaria anunció por las redes sociales su dimisión y dejó al intendente Páez sin más alternativa que aceptar la renuncia. Más allá de estas secuencias, lo reiteramos, el motivo de fondo sería estrictamente político. Saúl Reynoso, actual presidente de la JR en el distrito, mantiene una estrecha relación con Páez, a su vez presidente del comité provincial de la UCR, y ambos habrían decidido apostar sus fichas a Ivana Flores en detrimento de Cativa. La concejal, por las dudas, de un tiempo a esta parte maneja la estratégica entrega de boletos y otras donaciones a personas carenciadas y es, por lejos, la más requerida en el edificio del Concejo Deliberante. Conclusión: la puja por la intendencia a partir del 10 de diciembre de 2019 tendría dos firmes postulantes: Ivana Flores y José Cativa. Una alternativa a ambos, por último, podría ser Eduardo Córdoba, el actual secretario de Producción. Todos dentro del entorno del intendente.

Mientras la Gobernadora y su equipo de colaboradores, por ayer, se reunían con altos funcionarios nacionales para negociar la defensa de los derechos catamarqueños, siguen preocupando los ajustes que podrían llegar en el futuro cercano. Uno de ellos tiene que ver con el anunciado retiro de los subsidios al transporte, lo que llevó a decir al titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Juan Vergara, que sin esos aportes “un boleto podría pasar a costar entre 35 y 40 pesos”. Si consideramos que esas cifras se parecen demasiado a un viaje de taxi o remis, estamos adelantando los niveles de conflicto que pueden surgir. Por ello, hondamente consustanciado con el tema, Vergara no descartó medidas de fuerza. “Se está tocando el bolsillo de la gente más humilde, más trabajadora. Creo que para después del paro del día martes (por hoy), estamos hablando firmemente de que la UTA salga a tomar otras medidas de fuerza”, dijo. Siguiendo con este gremio, hay que decir que la semana venidera –más precisamente el 5 de octubre- arribará a Catamarca el secretario general a nivel país, Roberto Carlos Fernández, una figura clave del firmamento gremial. Cuando su organización adhiere, no hay paro general que falle. 

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el repaso de acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tiempos de democracia, siempre fue un espacio de mucha tensión. En septiembre del año 1993, dos de sus miembros, Augusto Belluscio y Enrique Petrachi, anunciaban acciones de calumnias e injurias contra el superministro de la época, Domingo Felipe Cavallo.

Este último, en varios reportajes, había tratado a ambos magistrados de “corruptos” y “delincuentes”. Eran tiempos en que conductor de la economía argentina, más que un ministro, parecía un par del presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem.

Años más tarde desapareció la figura de calumnias e injurias y la acción contra Cavallo terminó en el archivo, como ocurre frecuentemente en este tipo de controversias, en orden a que no se trata de ciudadanos comunes, sino de funcionarios que, por ley, están sometidos a otras valoraciones.

 

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Comentarios

25/9/2018 | 09:09
#149006
¿Me están jodiendo cuando dicen que Stornelli desvinculó a Dusso y las empresas locales? En realidad, Stornelli lo que hizo es responder la inquietud distractiva de Reynoso: que en los cuadernos de Centeno no figuran el todopoderoso ministro catamarqueño, ni el cartel de la obra pública local. Lógico, es imposible que figuren en esos cuadernos que registra recorridos solamente de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Es hasta gracioso, porque no lo veo a Centeno recorriendo las provincias del país, incluida Catamarca, anotando horarios, nombres y direcciones de empresarios, dirigentes y operadores full time de bolsos y valijas. ¡Seamos serios!

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