Apuntes del Secretario

jueves, 27 de septiembre de 2018 00:08
jueves, 27 de septiembre de 2018 00:08

En cada reportaje que concede a los medios locales, el intendente de la Capital mantiene una postura invariable. Está dedicado a la gestión y no hablará de política hasta que se conozca la fecha de elecciones. Sin embargo, es un secreto a voces que aspira a la gobernación y, en su fuero íntimo, como lo anticipara hace cuatro meses El Esquiú.com, está dispuesto a dar batalla política por el cargo. Dentro del peronismo tiene un solo antagonista, Lucía Corpacci, en condiciones legales de ir por un tercer mandato. Para despojarle la candidatura, si es que la gobernadora se presenta, necesariamente tiene que ganarle una interna, cuya realización parece difícil. Es que estaría avanzando un proyecto de armar una oferta electoral al margen de las estructuras del gobierno, el que tendría como principal impulsor al senador nacional Oscar Castillo. Tal como lo dijimos en nuestro comentario político (“Desde la Bancada Periodística”) del pasado sábado, el vástago de don Arnoldo representa hoy la expresión minoritaria dentro de la UCR, pero tiene la conducción orgánica del Partido y cuenta con el apoyo de intendentes (Gustavo Jalile, Daniel Ríos, Orlando Savio, Taritolay, Roberto Herrera, etc)  que dominan territorio. Con ello podría unir fuerzas con la renovación peronista y sellar la candidatura 2019 de Raúl Jalil. En este sentido, el intendente ha confirmado que la llamada renovación puede ser su plataforma de lanzamiento y lo prueba la foto con Jorge Moreno en la fiesta de los mercantiles, donde los líderes cegetistas le expresaron apoyo.

El proceso de juicio político contra dos de los cinco jueces de la Corte de Justicia, José Ricardo “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, fue declarado formalmente admisible por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Con la firma de los peronistas Luis Saadi, Cecilia Guerrero, Augusto Barros y Maximiliano Rivera y los radicales Jorge Sosa, Víctor Luna y Francisco Monti, la presentación del abogado Eduardo Andrada del pasado 1 de agosto tuvo ingreso ayer al pleno del cuerpo, el que deberá instruir todo el proceso antes de traspasar los antecedentes a Senadores, la cámara juzgadora. Debemos recordar que Andrada objeta a ambos magistrados por mantener sus cargos cuando son jubilados (artículo 168) y por haber superado la edad límite que establece la Constitución para este tipo de cargos, pero aparte detalló anomalías que se produjeron en el tiempo, como ser la aceptación de la renuncia e inmediato nombramiento en el caso de Cáceres. También especifica el bochorno que fueron fallos judiciales dados entre los acusados y el Procurador, Enrique Lilljedahl, para saltear lo prescripto por el artículo 195. Estas situaciones, absolutamente comprobables, fueron estudiadas y valoradas por la comisión de Asuntos Constitucionales para expedir el dictamen que se conoció durante la sesión de la Cámara.

Así, en alguna medida, se cumplirá el deseo del propio José Cáceres, quien desafió a que le iniciaran este juicio político y hasta se burló de las reuniones que llevaban adelante los legisladores en febrero y marzo pasados. Llegó a afirmar, con ironía, que sólo faltaba que inviten a debatir a “Piñón Fijo” o a “El Chavo del 8” y, despectivamente, trató al diputado Augusto Barros como “jurisconsulto”. Ahora tendrá la oportunidad de defender su posición, al igual que Sesto de Leiva, pero está claro que la situación de ambos no se compadece con la letra fría de la Constitución ni con la jurisprudencia nacional que, claramente, establece como tope para ejercer la magistratura a los 75 años. Ese límite, tanto Cáceres como Sesto lo han superado. Aunque sea por motivos distintos a los esgrimidos por Eduardo Andrada, tampoco se descarta que en los próximos tiempos, se materialice otro pedido de juicio político, el que podría incluir a un tercer miembro del máximo tribunal: Raúl Cippitelli.

Un caso muy parecido al de los jueces catamarqueños que, según se disponga, deberán sentarse en el banquillo de los acusados, es el de Elena Highton de Nolasco, integrante de la Suprema Corte. Ella cumplió en diciembre de 2017 los 75 años y, por la jurisprudencia vigente, debía retirarse. A cambio presentó un amparo al que se opuso el gobierno de Macri. Un fallo de primera instancia resultó favorable a la jueza, pero el gobierno nacional, por una situación evidentemente política (recibió el compromiso de Nolasco de formar la “mayoría automática” de la actualidad), resolvió no apelar aunque tenía plena conciencia que se violaba flagrantemente lo que manda la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 4to., párrafo tercero. Para comprensión de todos, transcribimos su texto: “El presidente de la Nación tiene la siguientes atribuciones:….4) Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”. Trasladado esto a Catamarca, Cáceres y Sesto de Leiva necesitarían un nuevo acuerdo del Senado. En síntesis. Por las constitucionales nacional o provincial, ambos jueces no pueden seguir, pero depende de ellos que renuncien o que se los eche por juicio político, lo que ya es decisión de los legisladores. Independiente de lo que se instruya y resuelva, lo repetimos, los dos jueces han quedado expuestos como irregulares.

Un sector de la prensa, cada vez con menos disimulo, sigue acicateando a la Justicia Federal para que resuelva la denuncia que, contra el ministro Dusso, presentara el empresario Jorge Marcolli. En las últimas horas ha afirmado que “los cuadernos de Centeno” nada tienen que ver con las coimas que pudieron hacerse en Catamarca en los años 2003 y 2004, durante el gobierno de Brizuela del Moral. Toda una contradicción, porque en el mes de agosto, el mismo medio, valoró a ambos casos como interrelacionados por igual metodología, lo que prácticamente obligó al fiscal federal Santos Reynoso a que pidiera información al fiscal Stornelli, quien contestó y desligó no solo a Dusso, sino a las empresas catamarqueñas. También se afirma que toda la investigación ha sido completada, lo cual puede ser verdad porque Reynoso, en los dos últimos años, han trabajado intensamente buscando pruebas, tomando testimonios y requiriendo información de organismos nacionales y provinciales. Aparte que tiene intuición y conoce lo que es la obra pública, en virtud que hace más de 27 años fue asesor legal del ministerio respectivo, desde donde produjo dictámenes de sonados casos, como el de la “obra del siglo”. Independiente de ello, hoy es fiscal y tiene que resolver a derecho, es decir en base a lo que está en el expediente, no lo que diga un diario, una radio o una televisión.

Luego del reclamo del diputado provincial Víctor Luna a la Fiscalía General, por su denuncia de irregularidades en el Polo Olivícola de Icaño, afortunadamente se movió la Justicia. Por orden de la jueza Corina Pérez, y a pedido de la fiscal Virginia Duarte Acosta, hace unos días se produjo un allanamiento de las instalaciones y ahora se espera conocer el resultado obtenido. Recordemos que la denuncia del legislador, junto al exconcejal Mario Cisterna, data del año 2015 y señala supuestas irregularidades en la administración del intendente, Pío Carletta. Conforme al escrito inicial, el hijo de éste último habría comercializado de manera privada la producción de huevos que estaba destinada a atender la demanda de toda la región Este.

Durante estos días, a raíz del cierre de Alpargatas, se escuchó con insistencia la ausencia de la promoción industrial que, por largos años, supo ser la apoyatura de las empresas locales, La Rioja, San Juan y San Luis. Inclusive, algún conspicuo representante de Cambiemos afirmó “eso ocurrió durante el mandato del actual gobierno provincial”. Efectivamente. Fue a fines de 2012, pero la decisión estaba tomada de antemano por el reclamo de varias provincias, entre ellas Mendoza, que no se bancaban que de la recaudación se beneficiara a una zona y no a otras. Imaginar que eso puede restituirse en tiempos de neoliberalismo es una verdadera locura. Por el contrario. Hay que mantener lo poco que está quedando.

 

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” de la fecha con el repaso de acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.

En septiembre de 1993 se producía un importante avance en relación a la explotación del Bajo La Alumbrera, la mina que despertaba las envidias del mundo y que, según las expresiones de la época y otras más antiguas, iba a solucionar todos los problemas que teníamos como provincia para despegar del destino de pobreza. Las autoridades de la empresa Musto Exploration Limited, propietaria de los derechos de explotación, se reunían en Casa de Gobierno con el exgobernador, Arnoldo Aníbal Castillo. Su director, Adolfo Lundin y el gerente general, Patricio Jones, daban cuenta que había culminado la etapa de trabajos de campo, gabinetes del proyecto y el estudio de factibilidad. Naturalmente, estos anuncios alentaron las esperanzas de iniciar prontamente la explotación, lo que iba a reportar ganancias y regalías a la provincia, pero en verdad no iba a ser la Musto la encargada de ejecutar el proyecto, al que finalmente terminaría vendiendo en una cifra muy importante.


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Comentarios

27/9/2018 | 09:30
#149006
Más allá de lo que pueda decirse, la Constitución Provincial en su artículo 195º segundo párrafo es taxativamente clara: el límite son los sesenta y cinco años. ¿Que otra interpretación cabe a la frase y hasta cumplir la edad de sesenta y cinco años? Así que, vayan haciendo los trámites jubilatorios que de esta NO PASAN porque sería violar la Constitución Provincial, lo cual podría incluso inhabilitarlos a algunos de sus privilegios.

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