La eventual salida de Mauricio Macri del poder, sin dudas, plantea un nuevo escenario político para los años venideros, el que se exteriorizaría a partir del 10 de diciembre. A nivel nacional, el regreso del peronismo a la Casa Rosada supone cambios sustanciales, muchos de los cuales los desgrana en la presente campaña Alberto Fernández, señalado por propios y extraños como el gran candidato al triunfo. Tal como lo hiciera en 2003, bajo las directivas del expresidente Néstor Kirchner, el posible presidente renegociará “si o si” la cuantiosa deuda externa que afronta la Argentina y que contrajo Macri en menos de cuatro años. Su discurso será “primero crecemos; después pagamos”, para lo cual desde el arranque deberá tomar medidas de fondo. Varias de ellas tendrán perfiles populares, otras no tanto. En ese marco, se descuenta que las penurias del pueblo continuarán, por lo menos, hasta fines de 2020. Quien se imagine que todo será distinto con un nuevo sol, se equivoca de cabo a rabo.

Ese escenario, guste o disguste, se trasladará invariablemente a todas las provincias argentinas, incluida Catamarca. Es que el 10 de diciembre se correrán las cortinas que vienen tapando la realidad y los problemas se expondrán crudamente. Raúl Jalil o Roberto Gómez, que se disputan la gobernación, comprenderán entonces, o lo comprenden ahora mismo, que habrá terminado el tiempo de discursos orientados al proselitismo y que las demandas sociales llegarán como un torbellino a los escritorios del poder. En ese sentido, Jalil viene observando mucha mayor cautela y, aunque no lo diga, tramita las formas de conseguir fondos extracoparticipación, como serían las actividades productivas y, fundamentalmente, la minería. Gómez, en cambio, dice poco y nada sobre un eventual plan de gobierno y sus escribas solamente lo llevan a “pegarle” al gobierno, a Corpacci o a Jalil. De propuestas, ni hablar. De esta forma, entra en algunas contradicciones flagrantes con respecto a posiciones que supo tener la UCR.

Por caso, en declaraciones que envió su equipo de prensa, Gómez se refirió a la desaparecida promoción industrial y culpó de ello a la inacción de Lucía Corpacci. Textualmente leemos “no defendió los intereses de Catamarca ante Cristina Kirchner por el régimen de Promoción Industrial. Tampoco lo hizo cuando fue vicegobernadora y senadora nacional y el gobierno K no enviaba a la provincia transferencia de planes federales de vivienda por cuatro años”. Algunas de estas cosas son ciertas y otras no, pero resulta insólito inculpar a la gobernadora por ellas. Asumió cuando la decisión de cortar la promoción estaba tomada y su final había sido anunciado años antes. Desde el puesto de vice o senadora nacional de la minoría, su margen de acción era totalmente limitado. Quien supo hablar de este tema fue Marita Colombo, la parlamentaria más representativa del radicalismo. Dijo hace ya tiempo, refiriéndose al tema, “cuando hubo que defender herramientas como la promoción industrial, ante su evidente desaparición, faltó firmeza para hacerlo. Esto nos alcanza a todos los sectores políticos y gremiales”. Que cada uno interprete como quiera las diferentes posiciones, pero es Marita quien consideró la “evidente desaparición” de la promoción que, 46 años atrás, había conseguido Vicente Saadi para Catamarca.

Hablando de minería, el tópico que trabaja Jalil en el mayor de los silencios y sobre el que Gómez debería decir algo, Alberto Fernández anunció que en su gobierno será uno de los sectores que mayor aliento recibirá. La afirmación la realizó en San Juan, una de las provincias con mayor desarrollo minero, donde resaltó las potencialidades del sector en relación a las exportaciones y a la generación de empleo genuino. Aclaró, por cierto, que será con cobertura estricta del medio ambiente, lo cual está prácticamente asegurado. Sobre la cuestión, es justo señalar que Mauricio Macri, desde el inicio de la gestión, tuvo una posición conteste con Fernández y hasta llegó a eliminar temporariamente las retenciones a las empresas mineras. En cuanto a Catamarca, como bien lo saben peronistas y radicales, mantuvo una muy buena relación con Alumbrera y está dispuesto, de seguir en el poder, a hacer realidad Agua Rica.

El gremialismo argentino, detrás de la figura de Fernández, camina hacia la unidad. El jueves pasado, en el micro estadio de Lanús, la CTA del diputado Hugo Yasky unió filas con una fracción importante de la CGT. Solamente estarían quedando afuera los llamados “gordos”, aunque sus principales figuras (Daer y Carlos Acuña) juegan a la par del candidato. El marginado, dentro del esquema que se vendría, sería el catamarqueño José Luis Barrionuevo, lo mismo que el representante de la UATRE, el único gremio que responde ciento por ciento a Mauricio Macri. Barrionuevo, además de tener una excelente relación con el presidente, es enemigo público de Alberto y, fundamentalmente, de Cristina Kirchner.

Aunque todavía no fueron las elecciones, al menos dentro del peronismo lugareño, ya se palpita una disputa para el nuevo período de gobierno que se inicia en diciembre. Hablamos de la presidencia de la Cámara de Diputados, hoy en manos de Fernando Jalil, quien termina su mandato ocupando el cargo. Conforme se cuchichea en los pasillos políticos, habría por lo menos tres postulantes para reemplazarlo, cercanos en más o en menos a Lucía Corpacci. Nos referimos al exministro de Economía, Ricardo Aredes; al actual ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos y a Cecilia Guerrero, puntal junto a Augusto Barros del actual bloque oficialista. Veremos cómo se encaminan las negociaciones, pero la definición pasará por estos nombres. De vencer el peronismo, en la Cámara de Senadores no habría sorpresas. La conduciría Rubén Dusso en calidad de vicegobernador y como presidente provisional, si retiene la banca de Belén, lo haría Jorge Solá Jais.

En Andalgalá sigue el conflicto con los trabajadores municipales. La gran mayoría viene pujando por mejores remuneraciones y medio millar de becados por un contrato laboral menos precario que el de los últimos 8 años, con el que el intendente Páez los acostumbró. Este último ha reaccionado tibiamente y dispuso 6.000 pesos de aumento a pagarse en forma fraccionada en los últimos meses del año, noviembre y diciembre. El anuncio aflojó las tensiones, pero se mantiene un estado de disconformidad que podría hacerse sentir en las elecciones, toda vez que los candidatos peronistas mantendrían las ofertas salariales de Páez y hasta prometen mejorarlas.También por el Oeste existen otras medidas de carácter salarial. Uno de esos casos es Fiambalá, donde la intendenta Paulón otorgó un bono de $2.500, cuya porcentaje mayor se paga este mes.

Como antes lo había hecho el juez Sebastián Ramos, la Sala II de la Cámara Federal porteña –la integran los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- desligó a las autoridades catamarqueñas de YMAD que habían sido involucradas en la llamada “Mafia del Oro”, causa que tenía que ver con las ventas que realizaba el organismo interestadual. Hace dos meses, como lo anticipamos en exclusivo, el juez dictó la falta de mérito para los directores de la provincia, esto es, Ángel Mercado y Carlos Palacios (terminó su mandato hace 2 años y lo reemplazó Daniel Barros). Ahora el beneficiado de la medida de la Cámara fue el expresidente, Manuel Benítez, que ejerció el cargo hasta la llegada del macrismo al poder. Como es de suponer, la causa sigue con detenidos y procesados de ambos lados: autoridades administrativas de YMAD y empresarios, los que habrían realizado el negocio para lavar dinero. Esto quiere decir que el perjuicio económico para la empresa no habría ocurrido, como lo sostuvo en algún momento la denunciante, Elisa Carrió, quien equivocadamente –como casi siempre- apuntó sus miradas hacia Catamarca.

RECUERDOS.

Como lo hacemos cada martes, jueves y domingo, en el final de los “Apuntes del Secretario” incluimos acontecimientos ocurridos en la década del 90.

En octubre de 1994, el más antiguo ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres, se pronunciaba sobre el eventual aumento de los miembros del máximo tribunal. Lo hacía a favor, a partir de considerar que la Corte debía dividirse en salas. Posiblemente pensaba así porque gobernaba la provincia el radicalismo, el partido que lo convirtió en juez supremo, y los eventuales ingresantes serían del mismo palo. Hace algo más de dos años, cuando la Legislatura provincial votó la ley para llevar a cinco los integrantes de la Corte, Cáceres observó disgusto, al igual que el bloque de diputados radicales del que se expulsó a la chumbichana Analía Brizuela por haber acompañado con el voto al peronismo. Recordemos que por aquella decisión, el Poder Ejecutivo designó a Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina, la actual presidente de la Corte.

El primer día de octubre de 1994 aterrizaba en Catamarca el dirigente mendocino y exsenador nacional, José Octavio Bordón (actual embajador en la República de Chile), quien había formado la alianza País para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones del año 1995. Lo recibían en la provincia su colega senador Mario Nallib Fadel y el exdiputado nacional, Miguel Marcolli, quienes se habían puesto en la vereda de enfrente del menemismo porque el entonces gobierno nacional había propuesto a tres saadistas para la Justicia Federal.

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