Mucho se especula, por estos días, sobre las nuevas autoridades provinciales y municipales que asumirán en días más. También de los cambios que se producirán en las cámaras legislativas. De lo que no se habla, o se habla poco, es de la situación del Poder Judicial de Catamarca, donde también hay movidas que no pasan desapercibidas en los cenáculos del poder. Es que de la vieja formación judicial de los años 90, dispuesta por el otrora glorioso Frente Cívico, existe ya un número importante de bajas, motivado por la edad de los magistrados que se refleja a través de los pedidos de jubilación. No menos de 30 expedientes están o ya superaron la barrera del Anses (organismo otorgante de los beneficios), con lo cual se confirma plenamente que una persona que ha cumplido fielmente con su trabajo por más de 30 años, llega a los 65 –la edad máxima que establece la Constitución provincial para los magistrados, conforme al artículo 195- con energías diezmadas y agobio de atender una tarea que no sabe de treguas. Claro que también hay excepciones, como la de los ministros de la Corte –José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva- que, camino a los 80, se aferran a los cargos como una cuestión de “vida o muerte”. No son los únicos, pero muestran mayor visibilidad porque tienen pendiente un pedido de juicio político que, con meridiana claridad, los enfrenta con la letra de la Constitución, a punto tal de colocarlos en el indecoroso puesto de “jueces truchos”.

Independiente del obligado cambio generacional, las más recientes designaciones siguen la lógica perversa que supo emplear el Frente Cívico para colonizar la Justicia, lo que movilizó severas críticas del peronismo y, antes, de la misma forma, del radicalismo al peronismo. Es decir, se está nombrando a gente comprometida con el gobierno de turno y ello, claramente, no contribuye a mejorar la democracia. De esa manera se entienden las declaraciones del diputado Carlos Molina, quien apuntó contra Fernanda Rosales, la titular del Colegio de Abogados. Dijo la semana pasada: “La institución se debe preocupar en no hacer lobby para poner jueces y fiscales”, agregando “a los que tengan dudas del cabildeo dentro de la institución los insto a observar los últimos nombramientos en el Poder Judicial”. El pensamiento de mucha gente que frecuenta los tribunales y conoce los pormenores del poder, como lo pudimos comprobar, respalda casi por mayoría la postura del diputado del PRO. Así las cosas, lo mejor sería revisar a fondo todo el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. Desde los concursos y entrevistas, que deben ser públicos, hasta los antecedentes de los aspirantes a hacer Justicia. El objetivo no puede ser otro que construir “una Justicia creíble”. Sin ella no hay garantías para los pedestres. 

La negativa a optar por un tercer período de gobierno y, en calidad de diputada nacional, volver al Congreso, catapultó a  Lucía Corpacci a una relación casi directa con las principales autoridades electas del Frente de Todos. Conocidos son sus estrechos contactos con Cristina Fernández, los que se prolongan en la figura de Alberto Fernández, quien no solo la considera por el aporte que pueda realizar en la cámara de Diputados, sino que ha pensado en ella para funciones diversas. De esta forma es valorada la gobernadora, que abrevó en las aguas del kirchnerismo. Fue postulada primero para Desarrollo Social, después para Salud y ahora, con mayor firmeza, ha surgido la alternativa que sea nominada ministra de Minería, lo cual sería una muy buena noticia para los catamarqueños. Aparte, en acuerdo con el gobernador electo, Lucía Corpacci tendría mucho que ver en la designación de quienes vayan a ocupar cargos en organismos nacionales que funcionan en Catamarca. En esa dirección, en los últimos días, ha surgido un posible perfilamiento. Si Ramón Figueroa Castellanos no se convierte en titular de la cámara baja, podría recalar en un puesto que conoce de primera mano: la delegación local del PAMI.

Las elecciones siguen dando que hablar y tendrán incidencia en el futuro político de algunos dirigentes. Ya no se discuten resultados, sino conductas partidarias que, en la mayoría de los casos, se encuadran como actos de traición o deslealtad. Por el lado del radicalismo, como lo anunció este Secretario, quedaron a tiro de expulsión el intendente chumbichano, Alfredo Hoffman, el concejal paclinense René Dante Noriega y algunos otros que están marcados de antemano, como el intendente de Los Altos, Rafael Olveira. Lo que resuelva el Tribunal de Disciplina, en virtud a los problemas enormes que soporta la estructura radical en decadencia, será totalmente irrelevante. Algo parecido puede ocurrir con los peronistas, especialmente los viejovallenses que, recientemente, fueron en contra de los intereses de la electa Susana Zenteno y, en gran medida, jugaron para el intendente Gustavo “El Gallo” Jalile al avalar la designación de un sobrino suyo como juez de Faltas. Aquí la historia puede continuar. Al peronismo, que le corresponde ser mayoría en el Concejo Deliberante durante el período 2019-2021, le puede resultar muy difícil el control del organismo deliberativo. Es que el concejal Alberto Barrionuevo, uno de los peronistas que votó por la designación del juez jalilista (el otro es Walter Figueroa, que finaliza su mandato), podría terminar como presidente del cuerpo por los votos de los radicales Carlos Luján y Javier Espinoza. En tal caso, el popular “Abeto” tendría que terminar definitivamente a la par de Jalile porque, dentro del peronismo, su futuro se tornará más que problemático. Ni siquiera necesitaría Tribunal de Disciplina para ir desdibujándose en el universo partidario.

Otro caso para analizar, aunque se trate de una situación distinta, es la del concejal capitalino Simón Hernández, quien participó en las elecciones como candidato a intendente en representación del GEM. Digamos que no tiene problemas con la UCR porque es afiliado de Movilización. El tema es que este partido es un aliado histórico que, esta vez, resolvió hacerse un lado de la alianza “Juntos por el Cambio” (la variante del exFrente Cívico), lo que no gustó nada en los territorios radicales por el preconcepto que les quitaba votos. Hoy en día, son varios los que lo miran mal y uno de ellos, el también concejal Fernando Navarro, señaló que estudiarán si lo aceptan en el bloque. Ello podría dar lugar a que Hernández se recueste sobre el peronismo, el partido donde nació como línea interna Movilización a comienzos de los años 80.

Hubo chispeantes burbujas, mucha milonga, buena comida y comentarios políticos al por mayor. Fue el sábado a la noche, en el predio gastronómico del Alto Fariñango, durante la fiesta que propuso el exdiputado Nicolás Fernando Verón con motivo del pase al equipo de los casados. Lo más granado del poder, hoy identificado con el peronismo, dijo presente. Desde el gobernador electo, Raúl Jalil, hasta el más humilde de los funcionarios acompañó a “Nico”, como le llaman en la intimidad. Hijo de una dirigente histórica del peronismo, el hombre podría tener importante figuración en el esquema de gobierno de los próximos años. Actualmente reviste como funcionario municipal y antes tuvo dos mandatos como diputado provincial (2005-2009 y 2013-2017), en medio de los cuales fue asesor del ministerio de Gobierno, en tiempos del profesor Francisco Gordillo. En cuanto a lo partidario, es una de las cabezas visibles de la llamada Renovación Peronista que, de alguna forma, se integra al gobierno provincial para acompañar a Raúl Jalil.

Que Marcos Denett vaya a ser el próximo Fiscal de Estado, como se ha anunciado extraoficialmente, no deja de ser una reivindicación para el actual secretario de Seguridad. Ya en 2011 había sido elegido para el cargo por Lucía Corpacci y no pudo asumir por algunos caprichos y la negativa rotunda de la UCR, que se expresó orgánicamente a través de sus senadores –mayoría en la cámara alta- y no le prestó el acuerdo legislativo que requiere el cargo. Cuando han pasado ocho años de aquellos acontecimientos, la situación política es diferente. El peronismo es quien tiene la mayoría y, con las revisiones del caso, respaldaría la eventual designación de Denett, un funcionario que ha demostrado tener seriedad, responsabilidad y apego al trabajo.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de acontecimientos ocurridos hace 25 años.
Hacia finales de noviembre de 1994, el gobierno provincial de la época comenzaba a dar malas noticias sobre el desaparecido Banco de Catamarca. Como si se tratara de algo positivo, el exministro de Economía, Raúl Giné, anunciaba la eventual participación de los empleados en el proyecto privatizador de la institución crediticia. Adelantaba que la administración que conducía don Arnoldo Castillo estaba dispuesta a otorgar entre un 8 y un 10 por ciento del paquete accionario del Banco de Catamarca a los empleados.  Asimismo, aseguraba que el Estado reservaría solo un 30% y que la política de las autoridades se orientaba a evitar el monopolio en el directorio. Los dirigentes gremiales, por su lado, opinaban que era muy aventurado anticipar porcentajes y se mostraban preocupados por saber si al proceso privatizador lo iba a llevar a cabo personal especializado. Raúl Giné, al mismo tiempo del nefasto anuncio, cerraba las negociaciones con la consultora que llevaría adelante el estudio y la valuación del Banco. Como podrán apreciar los lectores, todo quedó en buenas intenciones. El castillismo terminó de fundir a la institución y no hubo privatización. En su lugar se optó por aceptar al Banco de la Nación como agente financiero de la provincia.