Cuando se habla de minería y de la supuesta ausencia de licencia social, que bien puede existir, las miradas se concentran en Andalgalá, uno de los pueblos del oeste que cuenta con yacimientos metalíferos. 

Para otros departamentos relacionados con la actividad, como Santa María, Belén, Pomán o Antofagasta de la Sierra, no existe este tipo de alegatos. Ni hablar del resto de la geografía provincial, que mira muy de lejos las problemáticas del sector.
Por ello es bueno insistir sobre Andalgalá. En verdad, allí está la mayor riqueza minera, aunque el Farallón Negro belicho sea la explotación más antigua y esté asegurando, en forma permanente, nada menos que 500 puestos de trabajo con muy buenos sueldos y mejor cobertura social.

Aparte de Capillitas o Cerro Atajo, sin embargo, Andalgalá es la reina con las mejores joyas. Una de ellas, Bajo la Alumbrera, le brindó a Catamarca ganancias extraordinarias dilapidadas por la política o, mejor dicho, por políticos que tienen nombre y apellido. Otra es Agua Rica, una extensión que, con la experiencia que dejó la primera megaexplotación, promete ser el modelo a seguir en los próximos tiempos.

El dilema de fondo es que, con absoluta mala intención e intereses subalternos que conocemos al dedillo, se ha instalado la muletilla de la “licencia social”. Mejor dicho, de su ausencia. 

Ya no se habla de contaminación o daño ambiental, que eran “las contras” de los años 90, las que fueron desapareciendo con la fuerza de los hechos y la garantía que deben asegurar las empresas, lo que se ha cumplido estrictamente por más de 20 años. 
Ahora se apela, vía discurso mediático, que el dinero que produjo la venta de la perla más preciada, se dilapidó en cuestiones ajenas al progreso estructural. Esto último, sin dudas, es dato certero. Pero no se lo puede generalizar y culpar sin fundamentos. Mucho menos, al conjunto de la política. Es que hay, lo repetimos, responsables directos.

De Felicia a Páez, pasando por Perea

Luego de las arduas negociaciones de los 90 por el proyecto minero –en realidad comenzaron hacia finales de los 80 y, atravesando dos gobiernos, se prolongaron por una década-, Bajo la Alumbrera pasó de mano en mano y, finalmente, comenzó a producir a fines de 1997, con lo cual la provincia captó las primeras ganancias durante el gobierno del actual senador nacional Oscar Castillo, al mismo tiempo que el jefe comunal andalgalense era Juan José Felicia. Allí comenzó, en escala menor, el despilfarro.

Castillo, a quien le tocó gobernar en “tiempos de vacas flacas y turbulencias que destruyeron el país en 2001”, utilizó ganancias mineras para gastos generales –sueldos, incluidos-, pero le dejó un fideicomiso importante a su sucesor, Eduardo Brizuela del Moral, al que una varita mágica le permitió gobernar en medio de la abundancia. Nadie como él dispuso de tanto dinero y de las ayudas, a raudales, que le hizo el kirchnerismo entre 2003 y 2008.

Sentado en un pesado baúl de dinero, Brizuela no paró de producir nombramientos en la administración y se dio algunos lujitos como construir un estadio que no figuraba en ningún listado de prioridades, hosterías orientadas al turismo que no funcionaban y otras “menudencias” que, a diferencia de los últimos años, nunca llegaron a Andalgalá. De hecho, a pesar de su potencia electoral, no es persona muy valorada en el departamento minero.

La ganancia de Alumbrera que, año a año, fue en retroceso, llegó sin embargo a favorecer a la actual mandataria. En su primer mandato recibió utilidades que languidecieron en el segundo, en el cual se preocupó por asegurar legalmente el uso de las regalías hasta el punto de aniquilar la famosa libre disponibilidad, mecanismo que aprovechaban los intendentes para armar “su propio carnaval”.

Dejando de lado el papel de los gobernadores, ahora concentrémonos en los intendentes que tuvo Andalgalá en los mismos períodos de tiempo.
Ya nos referimos a Juan José Felicia, el primero en disponer de regalías mineras provenientes del Bajo la Alumbrera. No se recuerda de él ninguna obra testimonial ni que haya rendido cuenta de cómo utilizó el dinero que provenía de los recursos no renovables.

En paralelo con Brizuela del Moral, gobernó Andalgalá José Eduardo Perea que, entre 2003 y 2011, llevó a cabo verdaderos latrocinios con las regalías, más de 20 de las cuales permanecen en los anaqueles judiciales cubiertos de polvo y telarañas.
Este hombre materializó el mayor mal gasto. ¿Se acuerdan que trajo un Novel de Economía a Buenos Aires con el dinero que era de todos los andalgalenses? Es el mismo que prometió la revolución incumplida de internet para cada hogar y es el mismo que dispuso fortunas de dinero para una campaña política que lo llevaría a la gobernación de Catamarca. ¡Vaya forma de administrar el dinero público!

Sin posibilidades de un tercer mandato, los andalgalenses votaron en 2011 una esperanza llamada Alejandro Páez. Volvieron a chocar con la misma piedra. Este hombre prácticamente perfeccionó el mal gasto, con el agravante de autotitularse antiminero. ¡Lindo antiminero gastando a rolete el dinero de la minería! Salvo obras que no son precisamente estructurales, como podrían ser las referidas a la provisión de agua potable o para riego, Páez creó la máquina política para asegurar elecciones a través de un sistema de becas y prebendas que han terminado fundiendo un municipio que, por el dinero que ingresó, tendría que ser uno de los más poderosos de Catamarca.

¿Que la minería no tiene licencia social en Andalgalá? Solamente es un mito generalizado por la mala prensa. La realidad es que a la plata, que tuvo presencia física, la patinaron los intendentes Perea y Páez. En menor medida Felicia. Y desde la Provincia, quien no leyó los mensajes sociales fue Brizuela del Moral.

“Se pasaron de la raya”

Así las cosas, los problemas de Andalgalá ya exceden la eventual falta de licencia social y han llegado al mismo municipio que, con el cambio de gobierno (Eduardo Córdoba por el inefable Páez), se debate en medio de una crisis que amenaza con terminar de la peor forma.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ricardo Arévalo, no pudo ser más gráfico y contundente en la última semana. Ha dicho sobre Andalgalá: “Hay responsables. Se sabía qué iba a pasar y, de igual manera, no les importó (a Páez y al electo Córdoba, se entiende) por el solo hecho de tener un voto más. Engañaron a la gente y le hicieron el contrato del tipo que le han hecho, lo mismo que las becas. Tienen que hacerse cargo porque es una problemática que ellos han iniciado y ellos tienen que dar respuesta”. Se pasaron de la raya. Necesitaban votos y engañaron a la gente”.

En fin. Todo tiene que ver con todo en la “Perla del Oeste”. La minería no puede ser el expediente fácil para explicar las responsabilidades inexcusables de quienes allí gobernaron, incluido el electo, que no es figura nueva ni cosa que se parezca. Trabajó a la par de Páez y, como los demás funcionarios y los concejales (los peronistas, salvo excepciones como Sebastián Almada), solamente se preocuparon por acomodar a los amigos y familiares.
En todo caso, para terminar este análisis político, habría que proclamar la falta de licencia social por tales y cuales nombres. No porque no existan condiciones y garantías para hacer minería como lo hizo, sin problemas de ambientación, minera Alumbrera.

El Esquiú.com