Mientras los funcionarios nacionales estrenan sus cargos y comienzan a perfilarse los primeros trazos de una gestión que promete atacar problemas graves de la Argentina, siguen resonando ecos del discurso del martes ante la Asamblea Legislativa.
Entre las muchas definiciones que el Presidente brindó al pueblo y que fueron desmenuzadas por medios y analistas a lo largo y ancho de la República, se coló una referencia muy concreta al empleo.

Dijo el jefe de Estado que es prioridad reactivar el aparato productivo e incentivar, mediante un sistema de microcréditos y préstamos con tasas subsidiadas, a pequeñas y medianas empresas, responsables de la generación de miles de puestos de trabajo genuino.

Señaló también que en el caso de los planes sociales serán vinculados más eficazmente con el mundo del trabajo, a través de capacitaciones a sus beneficiarios y el diseño de herramientas para que se inserten laboralmente.

Hubo incluso un párrafo para el empleo estatal. El Presidente habló de recuperar la carrera administrativa, lo que implicaría que los puestos de jerarquía que no son políticos, sean cubiertos de acuerdo a idoneidad, profesionalización y, en lo posible, por concurso.

Se sabe que el flamante Gobernador comparte ideas similares. De hecho, en su discurso de asunción dijo que entre sus prioridades de gestión está la generación de empleo privado y la reforma constitucional, este último proyecto trunco de su antecesora.

La modificación de la carta magna catamarqueña impulsada durante la anterior administración, preveía la restauración de la carrera administrativa y la posibilidad de que se realicen concursos para los ascensos, algo que está completamente desvirtuado en el Estado provincial: la totalidad de los puestos jerárquicos, incluso jefaturas de departamento y de área, dependen de la voluntad exclusiva del responsable de turno.

Lograr un cambio en este rubro, dando a los empleados de planta posibilidades reales de acceder a lugares de responsabilidad, es otro de los desafíos a la hora de implementar un plan de modernización del Estado que proponga transformaciones de fondo.