Cada vez existen mayores certezas en torno al desarrollo de la minería. En los próximos años será palpable realidad y habrá de consolidarse el concepto de “Política de Estado” que intentó imprimirle en los años 90 don Arnoldo Castillo y, en la práctica, terminó de consolidar Lucía Corpacci, quien no solo dejó asentadas las condiciones reglamentarias y legales para hacer minería, sino que insertó a Catamarca en la consideración mundial, a punto tal de ser considerada la provincia argentina con mayores garantías para invertir. Todo esto lo conoce perfectamente el gobernador Raúl Jalil quien, con énfasis y sin dudar un instante, ha ratificado que la planificación minera avanzará durante su gestión y que los réditos que arroje la actividad se aplicarán a proyectos sustentables y que tengan que ver con la creación de la infraestructura que, prácticamente, hace falta en todas las áreas. Como buen economista que es, además, el gobernador es consciente que no se pueden despreciar recursos genuinos que aportarán empresas extranjeras que, por otros andariveles, ya cuentan con luz verde por parte del gobierno nacional.

Si quedaban dudas sobre el pensamiento de la dirigencia política, en la semana que pasó, el intendente Daniel “Telchi” Ríos salió a diferenciarse de su par de Andalgalá, Eduardo Córdoba, respecto al proyecto Agua Rica, cuya explotación está prevista para 2025. Independiente de apostar a favor del mega emprendimiento, el jefe comunal de Belén indicó que deben ser los intendentes los que tomen posición respecto a las chicanas que vino planteando la Universidad de Tucumán, socia boba de Catamarca y la Nación en el directorio de YMAD. Más allá de la definición general, Ríos no anduvo con vueltas para decir “estamos regalando nuestros recursos”, a partir de lo cual planteó una nueva ley para el organismo tripartito. Su remate final no tiene desperdicio: “desde los municipios queremos plantear hasta cuándo tenemos que seguir regalando nuestros recursos. Si había que pagar algo, está más que pagado. Y ojo, los recursos que ponemos en juego no son renovables y tarde o temprano nos vamos a quedar sin nada”. En cuanto a los pagos, Ríos y todos los intendentes –menos los de Andalgalá de los últimos 20 años- saben lo mucho que embolsó la UNT con Bajo la Alumbrera y bien invirtió en obras y proyectos educativos.

La posición de “Telchi” Ríos difiere en un todo con el andalgalense que reemplazó a Alejandro Páez en la intendencia. El ingeniero Eduardo Córdoba entiende que  “hay que consultar al pueblo” (¿querrá decir que va a convocar a un plebiscito o cosa parecida?) aunque, en franca contradicción, ponderó que los concejales hayan aprobado una Ordenanza para prohibir la minería que nadie del mismo pueblo conocía. ¿Cómo son las cosas por Andalgalá? ¿Para algunas, como dice el intendente, se consulta al pueblo y, aunque tengan que ver con el mismo tema, para otras no? La absurda posición, por otro lado, choca de frente con las necesidades que hoy tiene Andalgalá: infraestructura obsoleta o ausencia de ella, desocupación creciente y nula planificación en orden a que todos los dineros se diluyen en el pago de salarios públicos. Por último, resulta casi risible que se siga apelando al verso de la falta de licencia social que, como ya lo explicamos, si es que existe, es porque tres intendentes –Felicia y, especialmente, Perea y Páez- se patinaron toda la guita que debía emplearse en otra cosa. No falta ninguna licencia social. Falta que tres irresponsables, uno de ellos disfrazado de antiminero, rindan cuenta de lo que hicieron y sean castigados por la repulsa ciudadana.

La realidad, por otra parte, no deja mentir. Las grandes obras de Andalgalá de los últimos años las hizo el gobierno provincial –hospital, refacción de la Iglesia, IES- y los dineros provinieron de la minería. Los mismo que ahora, cuando la empresa Yamana –accionista principal de Agua Rica-, dentro del Plan Director de Aguas de Andalgalá trabaja en el desarenador de La Toma. La obra avanza a paso firme como aporte a la estructura social de las comunidades por parte de la empresa que, en 4 meses, invierte casi 30 millones de pesos y habilita 40 puestos de trabajo directo y otros tantos indirectos.

Por denuncia de Elisa Carrió, como se sabe, terminaron presos por más de dos años los empresarios periodísticos Cristóbal López y Fabián de Souza, propietarios del canal C5N. Como siempre, con esta mujer que durante el macrismo se levantaba todas las mañanas a denunciar cuestiones inciertas o dudosas, hay que utilizar los supuestos. En este caso, supuestamente los empresarios de la discordia no le pagaron al fisco cerca de 8.000 millones de pesos en impuestos que se aplicaban a la venta de combustibles y, con ese dinero, crearon los medios de comunicación. En defensa de sus posiciones, los afectados dijeron que estaban al día porque se habían acogido a una moratoria de la AFIP que, a través del artículo 32 de la norma, permitía financiar deudas previsionales con planes de 100, 120 o más cuotas. Pero, aparte, con el exclusivo objetivo de empujarlos a la cárcel, no le permitieron saldar la cuenta, que no era de 8.000, sino de 600 millones. Estos desaguisados comienzan a aclararse. Por lo pronto, los denunciados por Carrió recuperaron la libertad y, en una causa que puede tener consecuencias imprevisibles, denunciaron a Mauricio Macri por extorsión. También se comprobó que en el plan de la AFIP no solo se habían acogido López y De Souza, sino más de 1.500 empresas de todo el país, cosa que la denunciante serial no aclaró. ¡Ella iba contra una sola! ¡Linda forma de hacer justicia!

A propósito de este tema, en la última semana, el diario Ámbito Financiero publicó la lista de empresas de la Argentina que usaron el famoso artículo 32 para pagar en cómodas –no gambeteadas- cuotas sus deudas previsionales. Allí figura una de Catamarca, Editorial Capayán, que edita el diario El Ancasti. No se trata de ningún delito, pero queda claro que por la denuncia de Carrió la empresa de marras quedó incursa en un delito que no cometió. Casi todos los diarios del país hicieron uso de la opción que habilitó el kirchnerismo como ayuda, entre otros, a los medios de comunicación. Lo raro es que Editorial Capayán haya desarrollado con vehemencia la situación de López-De Souza cuando conocía mejor que nadie la operación. ¡Nada menos que había hecho uso de la misma!

Por estos días, en varios barrios de la Capital, especialmente los del Oeste capitalino o la Banda de Varela, también en el centro, los vecinos sufren los efectos del calor intenso, lo que significa automáticamente que hay problemas en la provisión de agua potable. Por supuesto, el pensamiento vuela hacia las obras de infraestructura que hacen falta y cuestan ingentes cantidades de dinero. Obviamente, el problema no es exclusivo de la Capital. En casi todo el interior hay problemas, especialmente en los departamentos mineros, lo mismo que ocurre en muchas provincias argentinas y hasta en los mismos centros urbanos. Esta reparación, convengamos, fue buena prédica de Macri, pero en verdad hizo poco en la materia y no eligió precisamente a Catamarca para derramar obras de agua o cloacas. No hizo ninguna y la propaganda proselitista tuvo como referencia a emprendimientos de la provincia de Buenos Aires donde, ya lo sabemos, estaban las grandes masas de votantes. De todos modos, el gobernador Jalil debe pensar que los problemas históricos de la falta de agua le pueden dar lustre de estadista.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el cierre de los “Apuntes” incluimos los acontecimientos del pasado.
A fines de 1994, la comunidad de Andalgalá seguía en pie de guerra por el tema minería. Una caravana de más de 200 autos recorría las calles céntricas de la “Perla” para reclamar el traslado del mineral que se extraería del yacimiento Bajo la Alumbrera por el Ferrocarril Belgrano. Los diversos actos contaban con la presencia de representantes de los otros departamentos y dirigentes políticos de Nación y provincia. Lo más novedoso: el alentador mensaje que daba el exministro Colombo. Aseguraba “va a haber un cambio”. Dejaba entrever, asimismo, que la propuesta del Belgrano podía convertirse en la más interesante para la empresa. Además, indicaba que la postergada visita de la comisión de Minería de la Cámara de Senadores de la Nación “traería buenas noticias”. Mientras la población continuaba su reclamo por lo que consideraba justo, distintos sectores políticos aprovechaban la oportunidad para intercambiar acusaciones. Los diputados peronistas daban una conferencia y realizaban una panfleteada contra el gobierno de Castillo. El senador nacional Mario Fadel replicaba diciendo “no tienen autoridad moral para hablar, menos Ramón Saadi. Me sobran los dedos de una mano para contar las veces que estuvo en el Congreso de la Nación”. En ese tiempo, cabe memorarlo, Ramón ejercía como diputado nacional. Lo cierto y concreto es que las predicciones de Colombo no se cumplieron y el material salió por Tucumán, tal como lo había programado el menemismo en acuerdo con Amalita Fortabat. Pero, independiente de ello, destacamos que antes había una puja en serio por estos temas. Hoy en día, en forma casi unánime, se acepta el desarrollo de la minería y las protestas aluden a sectores minoritarios.

El Esquiú.com