Durante la semana pasada, a raíz de la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia provincial, se produjeron una serie de situaciones que hablan a las claras de cómo se mueve la política para tratar de ganar esos espacios. De una lista de varios integrantes a sumarse el Poder Judicial, después que el Consejo de la Magistratura habilitara las postulaciones, la Corte de Justicia eligió a uno de ellos para tratar de impugnarlo por tener lazos sanguíneos con un dirigente de larga trayectoria dentro del peronismo. Expresó una opinión –por suerte no vinculante- que aconsejaba marginar a Facundo Barros Jorrat por no registrar actuación en el ejercicio de la materia penal, cuando precisamente se lo proponía para fiscal de Primera Instancia en lo Penal de Sexta Nominación. Sobre este tópico valen aclaraciones. De los cinco miembros del máximo tribunal, solo uno, José “Pepe” Cáceres”, hizo referencia a la necesidad de contar con alguna experiencia en el fuero penal, algo que precisamente no prescribe la Constitución de Catamarca para la eventualidad de una designación. Textualmente, el artículo que contiene las exigencias reglamentarias, el 213, dice lo siguiente: “Para ser integrante del Ministerio Público en la primera instancia se requiere ser ciudadano argentino y tener como mínimo 25 años de edad y tres de ejercicio de la profesión de abogado o haber desempeñado funciones judiciales por más de un año”. Como puede apreciarse, no alude para nada a los argumentos escritos por Cáceres.

En ajustada sintonía con José Cáceres, el bloque de diputados de la UCR salió a denunciar un supuesto avasallamiento de la Justicia en un medio de prensa que, a su vez, despliega en grandes espacios las posturas del cortesano y, desde hace años, lo defiende “a capa y espada”. En beneficio del sistema democrático, el tema tuvo amplia difusión pública y las instituciones ligadas a la Justicia, como el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados, de hecho, desmintieron la postura de Cáceres y a la hora del análisis de los pliegos en la Cámara de Senadores no se produjeron impugnaciones, a excepción de una frágil presentación de los diputados opositores que, de antemano, eran conscientes que los argumentos ofrecidos no alcanzaban para atizar un escándalo político que, en definitiva, fue el objetivo excluyente de Cáceres al escribir algo que no se compadece con la verdad.

De esta manera, una vez más, fracasó la estrategia opositora. La equivocación parte de involucrar a Cáceres, un juez señalado como autor de múltiples irregularidades, como saltear a la Constitución con maniobras corporativas para mantenerse en el cargo; haber avanzado sobre las decisiones de un fiscal hasta el límite de patearle las puertas de su despacho; haber ofendido a los legisladores y hasta burlarse de alguno de ellos, sin contar reuniones de estrategia política con operadores radicales. Varias de estas “minucias”, impropias de un juez de la Corte de Justicia, se incluyen dentro del juicio político que debe resolver la cámara de Diputados y tiene despacho favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales. Quizá por estas cosas, absolutamente indiscutibles, no cuenta con el apoyo explícito de los restantes miembros de la Corte, la mayoría de los cuales visitó ayer al gobernador Jalil y, por fuera de los temas de agenda (presupuesto del Poder Judicial), le habrían confiado al mandatario que ninguno de ellos se hace cargo de los comportamientos de Cáceres.

A propósito de las discusiones de la coyuntura, vale referirse a la conformación de la Justicia provincial. Recién en estos tiempos y muy a cuentagotas, el peronismo nombró algunos jueces o fiscales. El ciento por ciento del esquema de magistrados proviene del año 1991 y los nombres fueron escogidos por los jerarcas de la Intervención Federal, aconsejados al toque por los jefes radicales, castillistas ellos, que se encargaron de completar los cargos al asumir el poder. En ese escenario, un hijo judicial de la dictadura como José Cáceres, fue figura excluyente y estuvo permanentemente al frente de la toma de decisiones judiciales durante décadas. Hoy, casi a los 78 años de edad, parece ser “la piedra de escándalo” de cuestiones como la Justicia que tienen que resolverse con alto sentido de la responsabilidad y no por la fuerza de facciones partidarias.

Aunque menos ruidosa y concurrida que otras veces, la movilización de los municipales de la víspera se hizo notar y provocó problemas en la zona céntrica de la ciudad. Aunque el titular del SOEM, Walter Arévalo, rebajó los tonos de su discurso, al pedir a las autoridades “no tensar la cuerda”, no dejó de lanzar una velada amenaza. Más allá de los detalles, aunque no lo exprese y continúe reclamando por cuestiones conexas, el impetuoso gremialista sigue escondiendo su verdadero propósito, que no es otro que pulverizar la Ordenanza Municipal que valora a la recolección de basura como “servicio esencial”. Desde los tiempos que el Concejo Deliberante trataba el tema, esa es su verdadera obsesión y se nos ocurre pensar que parte de un presupuesto equivocado. Cree que convertir a la ciudad en un gran basural le permite arrancar a las autoridades todas las ventajas que se le ocurran. También, con Ordenanza incluida, puede forzar negociaciones. ¿O acaso piensa que un paro de Higiene Urbana no obliga a la Municipalidad a salir a buscar recursos humanos extras que cuesta conseguirlos y aguantarlos económicamente?

Durante el fin de semana, en la provincia de Mendoza, hubo una pueblada de los ambientalistas por la decisión del gobierno radical –con apoyo del peronismo- de eliminar la prohibición del uso de sustancias tóxicas y quitar el requisito de la necesaria aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Lo ocurrido, en verdad, sirve de gran ejemplo para destacar cómo se ha desarrollado el proceso minero en nuestra provincia, donde se crearon condiciones de seguridad para proceder a la explotación. Para el tiempo previo a los trabajos en Bajo la Alumbrera, vinieron especialistas y dieron luz verde al proyecto, aparte de aprobarse la declaración de impacto ambiental tras someros estudios que costaron mucho dinero, pero garantizaron la actividad. En el caso de Agua Rica, como se recordará, no se aprobó la DIA y, como consecuencia, no hubo explotación. Los propietarios del yacimiento no solo tuvieron que cambiar el proyecto, sino que deben presentar nuevos estudios para recién estar habilitados a la tarea de exploración y explotación. Lo de Mendoza, sencillamente, es una barbaridad. Lo que aprobaron los legisladores –con el visto bueno del gobernador, Rodolfo Suárez-  atrasa en materia de minería. A la larga deberán volver atrás y convencer a la población de que no habrá peligros contaminantes o que pongan en peligro la provisión de agua.

Si se cumplen los propósitos que, en materia vial, ha dispuesto el gobierno provincial, el departamento minero no podrá ejercer queja alguna respecto a una administración distinta a la que gobierna la jurisdicción municipal. Nos referimos a la intención del gobernador Raúl Jalil que, hace una semana, anunció la idea de construir la ruta que uniría la cabecera departamental con Aconquija, la bella ciudad lindante con Tucumán. Por cierto, se trató de una excelente noticia, toda vez que Andalgalá quedaría totalmente interconectada luego de décadas de virtual aislamiento. Recordemos que en 2019, por iniciativa que lanzó el kirchnerismo cuando gobernaba Cristina Kirchner en la Nación y Lucía Corpacci en la provincia, se inauguró el tramo Belén-Andalgalá, que por más de un siglo fue apenas una huella para que transitaran los animales y hoy es una ruta preciosa que, en 50 minutos, permite llegar de una punta a la otra. En síntesis, quizá por el turismo, quizá por la minería, la “Perla del Oeste” tendrá los puentes que no tuvo en toda la historia.                                                                                              

                                                                           
RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque de los “Apuntes” incluimos los sucesos del pasado.
La situación del exBanco de Catamarca, a fines de 1994, era dramática y preanunciaba lo que ocurriría años más tarde, o sea su cierre definitivo. Para tener una idea de aquella realidad, hay que considerar que se requerían 20 millones de pesos de aquel entonces para poder equilibrar las cuentas y, por lo menos, otorgar créditos promocionales. Nunca se iban a lograr esos objetivos y la nostálgica institución crediticia iba a desaparecer irremediablemente. Los señores políticos, de todos los signos, se habían encargado de saquear una entidad que fue orgullo de quienes la habían fundado como una herramienta para favorecer la producción y el comercio de Catamarca. Lo afirmado se corresponde, perfectamente, por la lista de deudores que se conoció inmediatamente se produjo el cierre. Personajes notorios de nuestra ciudad, no la gente común, eran los morosos principales, todos avalados por el paraguas de la política. Lo que vino después es historia más conocida. Impedida de fondearse, se hicieron negocios que salieron mal y apuraron el final. Ante esa situación, que se produjo durante la gobernación de Oscar Castillo, se firmó el convenio para que el Banco de la Nación Argentina ejerciera como agente financiero de la provincia, lo cual dura hasta nuestros días.

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