Apuntes del Secretario

martes, 05 de febrero de 2019 01:37
martes, 05 de febrero de 2019 01:37

Los medios nacionales, especialmente los hegemónicos –La Nación, Clarín- continúan señalando a Catamarca como una de las provincias con destino electoral inmodificable. Descuentan que, en octubre próximo, nuevamente habrá victoria peronista y que ninguno de los candidatos de la oposición –desde Manzi a Brizuela del Moral- está en condiciones de discutirle primacía a Lucía Corpacci o a Raúl Jalil, a quien consideran como un candidato alternativo para la presente coyuntura. Sin dudas, se trata de un pronóstico apresurado y que subestima la capacidad de elección de los catamarqueños. La oposición, un tanto desmembrada como está, tiene una base electoral importante y si logra ofrecer una aceptable propuesta está en condiciones de discutir posiciones en numerosas intendencias y la provincia misma. Claro que, más allá de sus desgastados mecanismos de denunciar para la tapa de los diarios sin base ni sentido, debe decir qué piensa hacer en los temas fundamentales de la provincia: empleo, producción, minería, seguridad, etc. Hasta hoy, es evidente, el discurso de los potenciales candidatos no enamora. En contraposición, tanto Corpacci como Jalil hablan poco y muestran gestión.

Conforme a las mismas fuentes, donde la Casa Rosada si piensa operar con todos sus medios es en las provincias que considera “feudales”, calificación despectiva que se le adjudicaba a Catamarca durante los gobiernos saadistas. En ese sentido, apunta los cañones hacia La Rioja, Formosa, Santa Cruz y San Luis. En los cuatro casos, la conjunción de estrategias entre el PRO y el radicalismo será fundamental, aunque no se descarta que puedan materializarse internas furiosas por las candidaturas para enfrentar a Rodríguez Saá, Insfrán, Alicia Kirchner y Sergio Casas o Beder Herrera, eternos gobernantes en sus respectivas jurisdicciones.

Lo que no ha saltado a los primeros planos porque precisamente los medios hegemónicos lo esconden es una interna que, por la candidatura presidencial, podrían proponer los radicales que pretenden combatir las prácticas neoliberales de estos tiempos con las social-demócratas que imperaban cuando presidía la Argentina don Raúl Alfonsín. Precisamente el hijo del caudillo radical, Ricardo Alfonsín, junto al bonaerense Juan Manuel Casella (fue, con suerte adversa, candidato a vicepresidente de la Nación en 1989 y más tarde a gobernador de Buenos Aires) se han reunido la semana pasada y prácticamente han asegurado su voluntad de discutirle a Mauricio Macri la postulación presidencial. Para ello ofrecen como su figura preferida a Martín Losteau, el exembajador en los Estados Unidos y exministro de Cristina durante el kirchnerismo, quien ya habría aceptado dar batalla por la candidatura del presente año. Al grupo se podrían sumar viejos alfonsinistas como Storani o Luis “Changui” Cáceres y hasta no se descarta la aparición en algún momento de un catamarqueño. Al menos eso escuchó hablar este secretario en cercanías del senador Oscar Castillo.

 

Los inconvenientes de funcionamiento en la mayoría de las empresas periodísticas que trabajan en papel son una realidad. En los últimos cinco años, más de 200 de ellas han dejado de existir en la Argentina o han variado hacia formatos de menor tamaño y páginas, cuando no han desembarcado exclusivamente en el universo digital donde, a su vez, crecen como hongos después de una tormenta las expresiones informativas, muchas de ellas creadas pura y exclusivamente para cobrar pauta. Al cierre reciente de diarios como Uno de Mendoza, La Mañana de Córdoba, el Buenos Aires Herald u otros centenarios que funcionaban en provincias como Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, exhibiendo serios problemas se ha sumado La Nación, el diario de los Mitre que fue creado en el siglo XIX. Despidió a más de 120 empleados en el último año y, aparte de asestar un descuento del 40% a los salarios, ha cerrado su planta gráfica, una de las más importantes de la Argentina. De acuerdo a los anuncios, imprimirá en los talleres de Clarín, su socio en cuestiones ideológicas. ¡Si esto le pasa a La Nación, qué se puede esperar del resto!

 

La ola de despidos no se para en la Argentina. Tampoco en Catamarca. Ahora se conoció el cierre definitivo de “Goya”, una firma comercial dedicada al rubro calzado que tenía dos locales en pleno centro de San Fernando del Valle. Uno de ellos frente a la plaza “25 de Mayo” y otro en plena peatonal Rivadavia. Pertenecía a capitales santiagueños y se había instalado en nuestra ciudad hace unos 15 años. Aunque no se confirmó, seguiría el mismo camino la apreciada firma Batistella, otra que comercializa calzado y que, como la anterior, tiene dos locales en la zona céntrica. Sin dudas, este es el resultado irrefutable del crecimiento de las importaciones, las que castigan sin piedad a la actividad textil. Se trata de un fenómeno que se repite y que, lamentablemente, determina la pérdida de miles de puestos de trabajo en el país, tal como ocurriera en la década del 90 cuando gobernaba Carlos Menem y conducía los destinos económicos del país Domingo Felipe Cavallo.

 

La historia de los indebidos cobros del plus médico a los ciudadanos parece encaminarse hacia un cambio que, sin dudas, conlleva la intención de terminar con una situación de irregularidad que irrita. El gerente general de la obra social de los empleados públicos (OSEP), Federico Hausberger, anunció que se ha llegado a un acuerdo con el Círculo Médico, la entidad que acoge a más de 700 prestadores, para incluir una addenda que compromete a la institución y favorece el control de las irregularidades. Más claro, por imperio de la ley antiuplus que aprobó la Legislatura catamarqueña a fines de 2018, el Círculo es quien tiene que hacer respetar la cláusula sexta del convenio que, taxativamente, indica que los afiliados no deben pagar ningún plus. Esto quiere decir que si la OSEP recibe denuncia de los afiliados o detecta algún cobro indebido, de oficio tendría facultades para quitar de la lista de prestadores al infractor, lo que antes de aprobarse el instrumento legal no se podía hacer. Unicamente había margen para iniciar un sumario administrativo, mecanismo que puede tardar años en resolverse. De hecho, prácticamente no hay antecedentes de correctivos que hayan dejado a un profesional fuera de la cancha. Por cierto, anhelamos que la addenda a la que aludió Hausberger abra el camino para preservar la existencia de la obra social, zamarreada sin compasión por los gobiernos, los médicos y, en varios casos, hasta por los mismos afiliados.

A propósito de la OSEP, algunos comentarios periodísticos se obstinan en indicar que la ley antiplus no sirve para nada y fue una creación de cambio para que nada cambie. Para estos analistas, obviamente, los médicos continuarán con las mismas prácticas que, bajo el pretexto de llegar al “mínimo ético”, han desarrollado hasta ahora. Con estos planteos, apuntan sus dardos contra el gremialista Walter Arévalo, a quien en términos concretos le niegan los derechos para reclamar por el cobro indebido. Todos sofismas de baja estofa. Gracias a este gremialista, con el cual no nos une vínculo alguno, se pudo recuperar la discusión sobre un tema que prácticamente se había naturalizado. Y es gran mentira que la ley no influirá. La addenda a la que aludió Hausberger, por el contrario, es el correlato del instrumento legal y obliga a los colegiados a cumplirla, so pena de ser borrados del registro de los prestadores. Y, de última, si la ley no reprime el cobro del plus, serán Cabur y sus muchachos los responsables políticos de la inacción. Ya tienen en sus manos todos los elementos para actuar de oficio. Además, en el caso de los municipales de la Capital, es probable que Arévalo se encargue de los controles y de las denuncias que surjan de eventuales irregularidades.

 

RECUERDOS.

Como todos los martes, jueves y domingo, cerramos los “Apuntes” con la recordación de acontecimientos del pasado cercano.

En pleno verano del año 1994, la grave crisis económica de la provincia demandaba permanentes reuniones entre los funcionarios locales del Frente Cívico y sus pares nacionales. Una de ellas juntaba a Caro Figueroa, miembro del equipo de trabajo de Carlos Menem con Jorge Greco, que estaba a cargo de la caja de jubilaciones y se aprestaba a privatizarla ese mismo año. Al mismo tiempo, el Pacto Fiscal que había firmado don Arnoldo Castillo, obligaba a la provincia a reducir su planta de personal en 7.000 personas. La coyuntura, increíblemente, iba a determinar que en lugar de disminuirse el número de empleados públicos, éstos aumentaran considerablemente. Es que no había otro mecanismo para crear empleo genuino, un problema en el que caen casi todas las administraciones. Tampoco había dinero para pagar los sueldos de los estatales, por lo que se crearon en aquel tiempo los bonos de cancelación, los que iban a convivir con los catamarqueños hasta la llegada de Néstor Kirchner.


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Comentarios

05/02/2019 | 08:59
#1
Bueh, gestión, gestión, digamos que no pueden mostrar Lucía, ni Raúl, salvo que gestión solamente se llame a pavimentar y embellecer plazas o construir viviendas con fondos nacionales y entregar programas y planes también provenientes de la Nación. Gestión es hablar de políticas públicas en materia de educación, salud, seguridad, empleo, turismo, infraestructura, que es precisamente lo que no se hace en Catamarca.

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