Apenas ayer en este espacio editorial se celebraba la puesta en marcha de capacitaciones a funcionarios sobre Gestión Documental Electrónica y los nuevos sistemas que el Estado busca implementar para hacer eficaz y menos engorrosa la tramitación de expedientes. Y se hacía énfasis en la promesa oficial de hacer más ágil el circuito de pago a proveedores y, en especial, a los docentes que esperan largos periodos para cobrar el sueldo.
En la misma edición, el sindicato de docentes municipales –Sidca- pidió públicamente al Gobierno que elimine el área de Control de Gastos, a la que consideran responsable de que haya demoras de hasta dos años en liquidar los haberes a un maestro o profesor: una locura en el contexto de inflación galopante que vivimos.
El titular del gremio, Sergio Guillamondegui, señaló que esperan una reunión con el ministro Daniel Gutierrez para pedir que esa dependencia desaparezca o, en su defecto, pase a integrar la órbita de la cartera. “Hay cinco mil expedientes que están parados, cuatro personas que trabajan y docentes que están hace dos años que no cobran”, resumió para explicar la problemática.
Razonablemente, el sindicalista reclamó que “la liquidación de sueldos se delegue a Educación”, que es de donde depende el trabajador docente. Es que tal como está ahora diseñado el protocolo administrativo, Control de Gastos revisa los expedientes y, ante cualquier eventualidad, quedarían “cajoneados” sin límite.
Si para un docente capitalino que debe peregrinar para poder cobrar es un trámite engorroso, para uno que vive en el interior directamente es una empresa casi imposible de afrontar por los costos de pasajes, comida y alojamiento de cada viaje.
Así, se multiplican situaciones indignas para el eslabón más débil de la estructura educativa y para aquellos que desesperadamente precisan -tan luego para vivir- del ingreso que le corresponde legítimamente por su tarea.
La modernización del Estado que se declama en forma permanente como una decisión firme dentro de las políticas públicas debe atender cuanto antes, necesariamente, esta rémora que subsiste en la burocracia provincial.