Durante febrero, informativa o editorialmente, hicimos varias notas sobre la minería catamarqueña y, en todas ellas, destacamos el trabajo silencioso que venía llevando a cabo el gobierno para poner en valor sus riquezas naturales, las que no pueden ser explotadas por su cuenta y orden sino, indefectiblemente, por inversores extranjeros. De esa forma, por ejemplo, escribimos la nota “Nuevos rumbos de la minería”, en la que destacamos la presencia de importantes empresas extranjeras interesadas en explotar yacimientos teóricamente muy ricos en litio, cobre y oro que se levantan en la precordillera de los Andes sobre parajes que, geográficamente, pertenecen a Tinogasta y Fiambalá. De igual forma, y como una primicia absoluta, anunciamos que las empresas Glencore y Yamana –también agregábamos a la canadiense Goldcorp, con un porcentaje menor- se encaminaban hacia un gran acuerdo para poner en marcha Agua Rica con la utilización de las millonarias instalaciones que tiene Alumbrera SA en la zona. Hoy, orgullosamente, podemos decir que las conversaciones llegaron a buen término y que las pérdidas por el cierre de la Alumbrera se verán compensadas e incrementadas por la puesta en marcha del otro tesoro enterrado en las montañas andalgalenses. La información que ya se conoce y adelantó en exclusivo este diario, cabe destacarlo, se mantenía bajo hermetismo total, lo que generó enojos del gobierno y de la empresa Yamana por su difusión. Le aclaramos a ambos: aceptamos los datos en off, lo que no nos impide publicar sin citar la fuente.

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La foto de ayer en Canadá –fue tapa de El Esquiú- es ilustrativa de un gran triunfo de la administración de Lucía Corpacci. Sentada junto a sus colaboradores inmediatos, en materia de minería, terminó de sellar el acuerdo con los inversionistas Brent Bergeron (Golg Corp), Jordan Pandoff (Glencore) y Peter Marrone (Yamana) para la reactivación efectiva del proyecto Agua Rica. Los acompañantes de la gobernadora, como José María Barros (presidente de CAMYEN), Rodolfo Micone (Secretario de Minería), María Inés Ulla, y los diputados provinciales Fernando Jalil (presidente de la Cámara) y Marcelo Murúa, se convirtieron en testigos de un acontecimiento histórico para la provincia, solo comparable con la puesta en marcha del Bajo la Alumbrera, que se materializó durante el gobierno del Frente Cívico, pero en condiciones menos ventajosas que en esta oportunidad en que el proyecto tiene vida ahora mismo, en 2019. En este sentido, de acuerdo a la información oficial, “las partes han establecido un Comité Técnico para dirigir la revisión y evaluación del Proyecto Integrado. Se espera completar un estudio de pre-factibilidad para 2019 y otro de factibilidad para 2020. Este último será completo. Es decir, con reservas actualizadas, estimaciones de producción y costos del proyecto. Proporcionará, además, el marco para la presentación de una nueva Evaluación de impacto Ambiental (EIA) para las autoridades de Catamarca y para el compromiso continuo con las partes interesadas locales y las comunidades”.

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El negocio finalmente concretado en Toronto, por cierto, reparte las acciones entre las tres empresas. Esto es, Yamana (dueña del proyecto), Glencore y Gold Corp, todas las cuales bien se conocen por la explotación de la Alumbrera, donde la canadiense Yamana era socia minoritaria y la suiza Glencore la mayoritaria. Independiente de ellas, la provincia será un accionista virtual del 3% de las ganancias sin haber puesto dinero, sino la logística para coordinar un modelo de negocios donde todos los interesados debían ganar. Allí no terminan las ventajas para Catamarca. Al ponerse en marcha el proyecto habrá cientos y cientos de puestos de trabajo para los catamarqueños –eso está asegurado- y hasta conseguirá réditos importantes YMAD, cuyas instalaciones servirán al proyecto y, naturalmente, tienen un valor. Por último, el acuerdo firmado en Canadá devuelve definitivamente a Catamarca el área de Cerro Atajo, en el que ya existen estudios de exploración por lo que pagó cifras millonarias Yamana, los cuales pasan a ser activos provinciales. Obviamente, por ser un área que está prácticamente pegada a Agua Rica, cobra un valor superlativo como tenencia de la empresa Catamarca Minera y Energética (CAMYEN). El último socio del impresionante proyecto es la Nación, que cobrará los dividendos de exportación.

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Quien no disimuló su satisfacción por este final feliz entre las partes fue el director de Catamarca en YMAD, Angel Mercado, quien dijo presente en Canadá y debe haber recordado una de sus primeras promesas sobre minería cuando revistaba como ministro de Producción. Efectivamente es así. El 18 de octubre de 2012, en nota publicada por El Ancasti, revelaba que el proyecto Agua Rica “si no se lleva adelante en sociedad con la provincia, no se hace”. También se refirió en aquella oportunidad a CAMYEN, hoy dueña absoluta de Cerro Atajo y beneficiaria de las ganancias potenciales de Agua Rica. Decía en ese momento: “es central que tengamos una herramienta propia. Estoy seguro que como gobierno hemos sabido interpretar las aspiraciones de los catamarqueños. Lo digo porque es una ley (la creación de CAMYEN) que salió por unanimidad y sin modificaciones. El consenso es difícil en política, la unanimidad es más difícil y que, aparte, haya salido sin modificaciones es más que importante”. El 14 de abril de 2013, otra vez en El Ancasti, Mercado ratificaba sus conceptos sobre Agua Rica. “O hay asociación con la provincia o el proyecto no sale”. Cuando han pasado varios años de aquellos dichos, planes y sueños, comprendemos la alegría de quien forjó una negociación que, de no mediar inconvenientes, está llegando a buen puerto.

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Las internas por el cargo de intendente de la Capital, en la medida que el Concejo Deliberante no apruebe el proyecto de Raúl Jalil para suspender las PASO, pueden resultar apasionantes. La predicción vale tanto para el peronismo como para Cambiemos. En el primer caso, esta semana volvió a reiterar sus intenciones de competir Maxi Brumec y es sabido que otro Secretario de Estado, Fidel Sáenz, se anota en el supuesto que se den condiciones para favorecer al gobierno. Ambos levantan como estandartes gestiones exitosas y, sin dudas, tienen llegada al campo popular. A ellos había que sumar a Fernando Jalil (sus allegado dicen que “no se va a quedar con las manos vacías”), a Gustavo Saadi, a funcionarios municipales como Niéderle o Martel y hasta algún ministro, como Ramón Figueroa Castellanos. En los comandos radicales la cosa es bastante parecida, especialmente en lo que se refiere al número de postulantes. Además de Claudio Fama, son públicas las posturas a favor de la participación de hombres como Simón Hernández, Miguel Vázquez Sastre, Roberto Gómez y en la última semana se sumó el nombre de José “Chichi” Sosa, un hábil negociador del radicalismo acuerdista. Con este panorama, si es que se mantienen las PASO, la disputa por reemplazar a Jalil será de las más atractivas y seguramente contará con una gran movilización de los aparatos partidarios. De suspenderse la primaria, obviamente, el candidato de cada partido o alianza saldrá de acuerdos o encuestas. ¡Vaya uno a saber!

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Dos semanas atrás, como informó este diario, se reactivó una causa judicial contra el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, quien supuestamente retuvo fondos provinciales que provenían del cobro de impuestos. Antes que nada hay que aclarar que no se trata de una acusación cualquiera (la realizó la Fiscalía de Estado, por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a instancias del exintendente Avila) y de la que se pueda zafar fácilmente. Más sencillo: es mucho más que una malversación que, en términos criollos, significa utilizar dinero de una partida equis en otra distinta. En el caso que complica a Ríos, por lo que se sabe, lo que le cobraba a los belichos por ingresos brutos no era transferido a Administración Provincial de Rentas, pero tampoco ese dinero habría estado en una cuenta específica de la municipalidad. Todo ese tendrá que explicar el intendente y algunos sospechan que la imputación que pesa sobre él puede ir más lejos aún. Aunque el tema surgió en un año electoral, en el que precisamente “Telchi” piensa jugarse por la reelección, está muy bien que se reactiven las causas judiciales. La de Ríos y la de todos. Si no ocurre tal cosa, se afianza el sistema de impunidad en el que cualquiera puede hacer lo que quiere con los dineros públicos.

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RECUERDOS

Como lo hacemos habitualmente, incluimos en el último bloque de los “Apuntes” la memoración de los hechos pasados. En marzo de 1994, el tema excluyente era la eventual transferencia de la Caja de Jubilaciones a la órbita nacional.

Durante mucho tiempo se iba a discutir su factibilidad y sus consecuencias que, al final, serían nefastas. Un día como hoy, 10 de marzo de aquel año, las asociaciones de jubilados se reunían con el exinterventor del IPPS, Jorge Greco; el exdiputado y actual vocal del ENRE, Augusto César Acuña y el exasesor Mario Perna.

Los representantes de los pasivos municipales, en aquella reunión, se oponían terminantemente a la transferencia y pedían que la caja fuera administrada por los propios jubilados y no por los políticos, que habían sido sus verdugos. En esa dirección, Guillermo Albornoz señalaba “que nos den la oportunidad”.

Por la tarde, los senadores peronistas emitieron un comunicado ratificando su negativa, pero no le iban a torcer el brazo a aquel gobierno que, con anterioridad, ya había arreglado con el menemismo y con Cavallo. Jorge Greco, gran actor de la transferencia, figura hoy entre los empleados del despacho del senador Oscar Castillo.