Llamó poderosamente la atención, durante la semana pasada, que José “Pepe” Cáceres saliera a criticar a los diputados provinciales por la falta de tratamiento y expedición del juicio político que, en agosto de 2018, le iniciara el abogado Eduardo Andrada. Sus revelaciones, acordadas con El Ancasti en un artículo periodístico, en primera instancia hablan de supina ignorancia. La cámara acusatoria de estos casos, salvo para el análisis de proyectos extraordinarios del Poder Ejecutivo, se encuentra en receso y va a reanudar sus actividades el 1 de mayo. O sea en la fecha que establece la Constitución provincial. Por lo tanto, no va a adelantar –tampoco puede- el tratamiento del juicio político de la discordia porque a Cáceres se le ocurra o quiera demostrar que no tiene problemas para enfrentar un planteamiento que ha tenido ya un despacho de comisión verdaderamente impecable. En él se pone al descubierto que la situación del otrora poderoso amo y señor de la Justicia, al igual que la de Sesto de Leiva, es totalmente irregular y desborda a la jurisprudencia que, desde febrero de 2017, se aplica en la Argentina. O sea que, al cumplir 75 años, los jueces deben marchar a su casa o recibir un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores. Esto sin contar que se trata de un jubilado, lo que taxativamente prohíbe la Constitución, mucho menos si se accedió al cargo sin pasar por un concurso, que es el caso del reconocido militante de la UCR chacarera (fue potencial candidato a senador de Villa Dolores antes que Arnoldo Castillo lo ungiera en supremo de la Corte).

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Aparte de requerir que la Cámara de Diputados interrumpa el receso, Cáceres repitió despectivas consideraciones hacia los representantes del pueblo, tal cual lo hiciera en 2018. De hecho los ubica en la condición de vagos “por no tratar su situación”, como antes los tildó de ignorantes y hasta graciosamente pidió que hicieran participar del proceso a “Píñón Fijo” o “El Chavo del 8”. Más de una vez, siempre por El Ancasti (¿será casualidad o coincidencia de necesidades mutuas?), llegó a desafiar que se terminaran los amagues y que le hicieran el juicio político para poder defenderse y demostrar, a propios y extraños, que los cargos que le atribuyen son falsos e impropios de una denuncia. Frente a tanta insistencia y ataques paralelos al Colegio de Abogados, alguien se ocupó de presentar la acusación para el estudio y posterior decisión de los diputados. ¿Qué más quiere Cáceres si el mismo pidió la sustanciación del proceso acusatorio? ¿A qué se debe el repentino apuro?)

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Desconocemos cuál será la respuesta de la Cámara de Diputados que, cuando más temprano, oficialmente, tratará el tema a partir del 1 de mayo. Sin embargo, es probable que no se lo aborde en forma inmediata, sino en cualquier momento del período ordinario de sesiones, el que finaliza el 30 de noviembre. En ese sentido, lo más saludable sería estudiar un tema tan serio por fuera del período electoral o, al menos, cuando se termine la discusión sobre las precandidaturas (22 de junio). Más allá de cómo se pronuncie el cuerpo, nada cambiará la historia. Cáceres dice que la dilación le resta seguridad al Poder Judicial, lo cual puede ser cierto, pero no es menos cierto que su caso particular igualmente es dañino. Jueces, fiscales y la comunidad de abogados sabe que se mantiene en el cargo por triquiñuelas legales y jugarretas políticas de vergüenza (las sentencias firmes de las que hablan él y sus defensores lo condenan de antemano). Por lo tanto, cada uno de sus fallos puede motivar en el presente y futuro la consabida repulsa o pedido de nulidad. En todo caso, una renuncia al cargo antes que se desnuden las irregularidades –tarde o temprano va a ocurrir- le permitirían a Cáceres una salida más decorosa, algo que si habría pensado Sesto de Leiva, que no agredió a nadie y ni siquiera llegó a hacer declaraciones.

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Presentado por Clarín como un perito de características excepcionales y pronunciamientos de importancia capital en sonados casos mediáticos (Nisman, Cabezas, Dalmaso, García Belsunce, Cromañón, etc), se suicidó ayer en su domicilio bonaerense, a los 88 años, Osvaldo Hugo Raffo. El diario metropolitano, de poder indiscutible e influencia excluyente en la política argentina, en su crónica, omite recordar el Caso Morales, originado por la muerte de María Soledad el 8 de septiembre de 1990. Este hombre fue decisivo en el triste acontecimiento, ya que rebatió la primera pericia, que señalaba la ausencia de droga en el cuerpo de la víctima. Tras la exhumación del cuerpo, para él y sus colegas de la Suprema Corte, si hubo cocaína. Esa pericia, que obligaba a traspasar el expediente a la órbita federal, fue anulada a pedido de la defensa, pero en el juicio llamó a Raffo para que declarara como testigo y diera detalles de su pericia, que no solo abarcó a la droga, sino al patrón genético del semen de los supuestos violadores. Fue cuando explicó que si bien el material no se compadecía con el grupo de Guillermo Luque, finalmente condenado, bien pudo haber estado en la orgía que terminó en tragedia. Su testimonio fue decisivo en el fallo y, de distintas formas,  recibió el repudio de los abogados y allegados del acusado.

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La posible candidatura a gobernador de la provincia por parte de Luis Barrionuevo, lanzada y difundida ampliamente en los medios nacionales (Clarín, Infobae, Ambito, etc) por el mismo, se definiría en los próximos quince días, pero desde ya adelantamos que no está asegurada ni mucho menos. Por ahora, se trata de uno de los tantos anuncios al voleo, siempre cargados de picardía, que suele lanzar el dirigente gastronómico. Mientras se consolide o desaparezcan los efectos de ese anuncio, hubo una respuesta indirecta del gobierno, lanzada nada menos que por Marcelo Rivera, por largos años espada de la primera línea barrionuevista y hoy ministro de Gobierno de Lucía Corpacci. Dijo el alto funcionario que, independiente de las legitimidades de todos y cada uno, en Casa de Gobierno no se analizan temas electorales sino el ramillete de necesidades que surgen del campo popular, tales como el cierre de fábricas, las tarifas sociales o los agujeros que ha dejado la eliminación del fondo sojero. En síntesis, Rivera le tiró con todo a las huestes macristas, hoy aliadas virtuales de Barrionuevo en los hechos reales. Por lo tanto, lo que dice puede ser cierto y palpable, pero de fondo tiene un mensaje político respecto de su exjefe.

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Que el intendente de Andlgalá, Alejandro Páez, haya echado a cuatro de sus funcionarios, no fue casualidad o cuestión relacionada a la marcha del municipio. Se trato de una respuesta política a algunos movimientos orientados a impedir la precandidatura a intendente del actual titular del Concejo Deliberante, José “El Mono” Cativa, una especie de aliado incondicional (¿o de jefe?) de Páez. Los desplazados tendrían aceitadas relaciones con otro funcionario, Eduardo Córdoba, quien parece dispuesto a sostener una interna con Cativa para determinar el sucesor del intendente, impedido por la Carta Orgánica de intentar un tercer mandato.

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Por lo pronto, sin confirmación alguna, se trata de una versión. Durante el viaje a la India y Vietnam, en el cual formó parte de la comitiva presidencial, el senador Oscar Castillo habría acordado algunos movimientos que podrían darse, o no, en los próximos tiempos. Uno lo dimos a conocer tiempo atrás en esta columna. Se trata de la entrega de la UCR local a la Coalición Cívica para que, por intermedio de Elisa Carrió, ratifique la precandidatura de Rubén Manzi, a condición que la intendencia capitalina y algunas otras sean manejadas por el partido que, detrás de Alejandro Páez, le toca conducir. Sin embargo, lo más llamativo, es que se habría conversado de la posibilidad que el senador ocupe próximamente, con acuerdo del gobierno nacional, una embajada, lo que determinaría la renuncia a su banca y el reemplazo por Miguel Angel Córdoba, su amigo que en el voto de 2015 figuró como primer suplente. La segunda candidata titular de hace cuatro años era Marta Grimaux de Blanco, la que no podría asumir porque Castillo cumplió más de la mitad del mandato. Más allá del salto político, la decisión tendría incidencia económica. Castillo podría llegar a jubilarse con un sueldo superior al que le corresponde a los senadores. Se habla de $300.000 “libres de polvo y paja”. ¿Podrá ser?

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RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes” del día de la fecha con la recordación de hechos pasados.

Aunque no se programen, numerosos acontecimientos políticos se reciclan en el tiempo. Así es como, hace 25 años, se hablaba con insistencia de la reforma laboral, uno de los objetivos centrales del actual gobierno de Mauricio Macri que, entre ceja y ceja, entiende que deben cambiar los convenios colectivos a los efectos de eliminar numerosos beneficios, entre ellos las indemnizaciones.

En marzo de 1995, el exministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, aseguraba que el proyecto del menemismo iba a tener “aprobación parlamentaria”. Ello motivó que el extitular del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados, el riojano Raúl Galván, saliera a responderle con los tapones de punta. “La UCR rechaza de plano cualquier intento de reforma laboral”, decía. Es lo que se escucha en estos tiempos en filas opositoras, aunque la UCR juegue ahora en otra posición. Como aliada dentro de Cambiemos, hoy por hoy votaría una reforma que repudian los trabajadores de todos los sectores y estamentos.