El diario El Ancasti, se sabe, nació de una empresa constructora que supo hacer negocios multimillonarios, hasta 1993, con el saadismo y menemismo. En aquella época, Arnoldo Castillo le rescindió su último emprendimiento.
Quizá por ese lado haya que buscar explicaciones -hasta las inconscientes- para entender conductas periodísticas que se presentan como loables o esclarecedoras pero, por falsas o sustentadas en medias verdades, terminan por desinformar.

El introito es resumen de un tema que se presentó como un escándalo y, sacado de contexto, llegó a la Justicia Federal enmarcado por sentimientos de odio político, envidia, revanchismo y todas las subjetividades que pueden derivar de un evidente operativo de prensa.

Nos referimos a la denuncia por el eventual pago de coimas de las empresas de la construcción locales, durante los años 2003 y 2004, a funcionarios y operadores kirchneristas, entre los que se ubicó a Rubén Dusso, quien nada tenía que ver con aquella administración y recién en 2011 fue ministro de Obras Públicas. Las coimas, supuestamente, se canjeaban por obra pública. Más específico: construcción de viviendas.

El día miércoles, después de más de dos años y medio, la Justicia Federal llegó a la conclusión que, con lo que existe en el expediente, no hay mérito para imputar al actual funcionario de Lucía Corpacci, claro “objetivo” de la burda campaña en su contra.
Antes de la decisión del juez Miguel Contreras, hay un antes y un después que trataremos de explicar.

Largo trayecto mediático

En agosto de 2016, en una entrevista con El Ancasti, el empresario Jorge Marcolli denunció que 14 años antes, en el arranque del kirchnerismo, empresas locales que construían viviendas económicas (no puentes, autopistas o centrales nucleares) pagaban coimas. Añadió que el “recaudador” era Dusso, quien teóricamente traspasaba el “dinero sucio” a José López, famoso exSecretario de Obras Públicas de la Nación que está preso por revolear bolsos cargados de dólares que provendrían de la corrupción.

Marcolli aclaró que, por negarse a pagar las coimas, fue despojado de dos obras que le habían preadjudicado. En la instrucción se descubrió que fue por otros motivos.

La denuncia fue tomada de oficio por el fiscal federal, Santos Reynoso, y acompañada por espectaculares titulares del mismo diario que, sistemáticamente y acompañados por la foto del acusado, se repitieron en centenares de oportunidades a los largos de estos años.

Toda la carga informativa, con indisimulables propósitos de influenciar sobre la Justicia, estaba dirigida al actual ministro y supuesto operador del pasado.

Nada o muy poco se decía, en las crónicas, que quien gobernaba la provincia cuando ocurrieron los supuestos ilícitos era Eduardo Brizuela del Moral o que las obras eran adjudicadas por los funcionarios del Instituto de la Vivienda de Catamarca pertenecientes al Frente Cívico. Es decir que, si se habían producido irregularidades o se cometieron delitos, las autoridades formales eran responsables directas, no alguien ajeno al gobierno.

“Los cuadernos de Centeno”

Cuando el fiscal Reynoso prácticamente había terminado la investigación y se aprestaba a tomar decisiones -lo reconoció públicamente-, explotó el escándalo de los famosos “cuadernos –o fotocopias- del chofer Oscar Centeno”, que incluían el relato de coimas de empresarios nacionales a exfuncionarios del gobierno kirchnerista, por las cuales el juez Bonadío dictó el procesamiento de decenas de personas.

Inmediatamente, con bombos y platillos, El Ancasti relacionó aquellos hechos con lo denunciado por Marcolli en Catamarca y arrinconó a Reynoso, un viejo aliado de los tiempos en que la constructora se transformó en un diario.
El fiscal demoró pronunciarse. Podía ser posible, perfectamente, que el esquema de “los cuadernos” se relacionara con los dichos de Marcolli, por dudosos que éstos fueran.

El pedido de informes para saber si en la causa nacional estaban nombrados empresas catamarqueñas o el ingeniero Dusso, de esta manera, voló a los despachos de los fiscales Stornelli y Ríbolo. La respuesta fue negativa: ninguna empresa, funcionario u operador figuraba en el expediente.

Al mismo tiempo, las constructoras locales negaron el pago de coimas a Dusso, considerado un empresario más.
Ninguno de los datos de Marcolli, con el respaldo solitario de un exempresario del medio –el arquitecto Fernando Rivera-, podía ser corroborado cuando, según el fiscal, se había instruido el 90 de la causa. 

A pesar de esa realidad, Reynoso imputó por concusión (una forma elegante de llamar a las coimas) a José “bolsero” López y a Dusso como partícipe necesario y, al día siguiente, pidió licencia. Sin dudas, había cedido frente a la presión mediática que, subyacentemente, prometía represalias.

Ya en manos del juez Contreras, la obligación era requerir la declaración de los acusados. López, mediante un escrito, en lo que fue adelanto exclusivo de El Esquiú, dijo desconocer a Marcolli y Dusso, más tarde, rebatió uno por uno los términos de la denuncia.

Los empresarios, sin excepción, desairaron a Marcolli. Negaron haber pagado coimas. Las cuentas bancarias, desde donde habrían salido los dineros, estaban incluidas como obligatorias en el Plan Federal que la Nación firmó con el exgobernador Brizuela del Moral. Sobre un avión que vino a retirar el “botín” no hay dato alguno. En todo caso, el día de la sospecha, únicamente aterrizó en el aeropuerto el avión de línea.

La declaración de Molas

El cuadro general que, sobre el caso, tenía el juez Contreras lo completó con las declaraciones de los exfuncionarios de la Vivienda que, de haber existido el delito, no podían desconocerlo o, por lo menos, sospecharlo.

La principal estuvo a cargo del exdiputado nacional y exSecretario de la Vivienda, arquitecto Pedro Molas. Fue harto contundente y convenció, a propios y extraños, de la ausencia de méritos para procesar a alguien. A criterio del juez, tampoco para sobreseer, en orden a que todavía resta incorporar pruebas.

Molas, aparte de ponderar una política habitacional exitosa de Nación-Provincia que llevó a construir más de 17.000 casas, entre otras precisiones, dijo que “las cuentas bancarias se tenían que abrir por parte de las empresas o presentar cuentas abiertas para poder participar de las contrataciones. Más claro: formaban parte de los convenios”.

Sobre un posible circuito paralelo, Pedro Molas indicó “podría haber ocurrido, pero no nos consta y nosotros no observamos algo raro. Todo esto era parte de los convenios que se firmaban con la Secretaría de la Vivienda de la Nación”.

Después de declarar, el exfuncionario señaló a la prensa “todos hemos tomado conocimiento como la obra pública en el resto del país registró graves hechos de corrupción. Acá pudo haber existido, pero nunca tuvimos denuncias. Existían mecanismos de control y se aplicaron correctamente. Por año teníamos tres auditorías: una del Tribunal de Cuentas, otra de la Secretaría de Vivienda de la Nación y otra del Congreso, sobre el destino de los fondos federales para obras. Durante mi gestión, esas auditorías no solo fueron aprobadas, sino que en algunas casos hasta fueron felicitadas”.

Un dato: Molas, junto a Eduardo Brizuela del Moral (h), era el principal funcionario en el momento que Marcolli señala que se materializaron las supuestas coimas.

Quienes, en base al expediente, seguimos el caso sin volcadas o mala intención, sospechamos el pronunciamiento del juez. Es que, sin una sola prueba de contundencia, no se puede fallar de otra manera. Contreras fue benévolo con la falta de mérito, que no es otra cosa que pisar el expediente. En tiempo prudencial y razonable, como el mismo lo expresó, completará los pedidos de la querella y resolverá definitivamente.

Hasta aquí, objetivamente, la denuncia de Marcolli fue una fábula con pésimo guión del medio de prensa que la alentó y que sumó, a su larga lista de fracasos, uno más más. Es que no existe una sola prueba palpable.

El Esquiú