Se las llamó durante mucho tiempo “muchachas”, “criadas”, “sirvientas”, “domésticas” y expresiones con una mayor carga de discriminación, que incluso hoy se usan frecuentemente para designar a las trabajadoras del hogar, quienes tienen uno de los empleos peores remunerados, menos valorados y más carentes de derechos en el mundo. 

Sabedoras de ello, mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo en los hogares, provenientes de diversos países de América Latina y el Caribe, se reunieron en 1988 en Colombia, para analizar su situación personal y su participación en la economía de sus naciones. 

La principal conclusión fue la instauración del 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Existe un Día Internacional del Trabajo Doméstico (el 22 de julio), pero esta otra fecha del 30 de marzo está dedicada especialmente para visibilizar la participación femenina en el trabajo de los hogares, y la muy mala remuneración que obtienen estas mujeres. Como todos los días a los cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dedicado un espacio en su agenda internacional, ésta no es una fecha para celebrarse o para dar regalos. 

Se trata de visibilizar la problemática y lograr que, por lo menos un día, se hable en los espacios públicos sobre esta gran deuda histórica con las mujeres que realizan uno de los trabajos más pesados, sin obtener un justo ingreso por ello. 

El grueso de las mujeres se enfrenta a condiciones desiguales en el ámbito laboral, las trabajadoras del hogar realizan su labor bajo condiciones más precarias. 

La mayoría de las veces no tienen contrato, a menudo trabajan medio tiempo o menos, tienen bajos ingresos, carecen de las prestaciones más básicas, incluyendo las reconocidas por ley, no tienen acceso a servicios de salud y guarderías por lo que difícilmente pueden compaginar sus responsabilidades familiares con su trabajo

Es importante avanzar por una reforma laboral que proteja y reconozca los Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras y que garantice la equidad y la justicia social en el ámbito laboral, ante el hartazgo por la explotación de la que son objeto por parte de sus empleadores quienes las contratan en empleos donde con frecuencia son víctimas de acoso sexual, maltrato físico y verbal.