La ley nacional de Salud Mental (26.657) fue promulgada en 2010 y, entre tantas otras cosas, establece el fin de los hospitales monovalentes (especializados exclusivamente en psiquiatría); fijando incluso el  2020 como plazo para esta transformación. En su lugar, establece la incorporación de esta especialidad en los hospitales generales -o polivalentes-, por lo que fija que se destine presupuesto necesario para la adaptación de dichos establecimientos; y contemplar la incorporación de psiquiatras y profesionales del área.

La medida generó beneplácito en algunos sectores, y preocupación y rechazo en otros, inclusive en Catamarca, donde se concretaron protestas de familiares y se pide la revisión de la norma.

La proximidad del plazo fijado y -lo que consideran- la falta de inversión y adaptación en hospitales generales para la asistencia de personas con estas patologías preocupa a los miembros de la Asociación de  Psiquiatras Argentinos; quienes se refirieron a las complicaciones y riesgos que acarreará el cierre previsto. Incluso, acusaron que se está “precarizando” la figura del psiquiatra al buscar igualarla con la de otros profesionales sin especialización en el rubro.

Algunos especialistas sostienen que la Ley de Salud Mental fue pensada en función de los derechos del paciente y de las personas en general y que es bueno lo que promueve; pero el problema es de fondo, y creen que urge modificar algunas situaciones que están llevando a que muchos pacientes no puedan cumplir sus derechos, como el poder acceder a los tratamientos correctos.
Sería importante abordar el tema en profundidad con todos los actores involucrados, ya sea para corregir lo que tenga que corregirse, como para despejar las dudas y temores de quienes sienten que la nueva reglamentación perjudicará a sus familiares.