Apuntes del Secretario

martes, 20 de agosto de 2019 01:09
martes, 20 de agosto de 2019 01:09

El pedido de juicio político contra dos miembros de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, semana a semana genera debates y controversias en la cámara de Diputados. El diputado Francisco Monti (UCR - Juntos por el Cambio), defensor acérrimo de los magistrados, no pierde oportunidad de maniobrar en favor de lo que, suponemos, son sus convicciones. Aparte de ser el autor del despacho de minoría pidiendo el rechazo liso y llano del juicio político, al menos en dos oportunidades apuró en los últimos tiempos se proceda a la votación para determinar si el expediente pasa al Senado, la cámara juzgadora. Por lo que se aprecia, claramente, busca aprovechar que el oficialismo no tiene los números para alcanzar la mayoría calificada que, siguiendo la aritmética, se alcanza con el voto de 27 de los 41 diputados que integran la cámara baja. Según cuentas rápidas, los votos peronistas podrían llegar a 23 o menos, conforme a cómo actúen Hugo Ávila, Juan Carlos Rojas o Hugo Navarro, que orbitan alrededor del oficialismo. Sobre este esquema, aunque adoleciendo de seguridad, se especula que algunos opositores de la UCR y el PRO, disconformes con los jueces, podrían colaborar para alcanzar el número mágico.

 

Por lo expuesto, lo que resulta saludable, el proyecto bajaría al recinto después de las elecciones del 27 de octubre. Allí sería conveniente, ya sin las acechanzas de los procesos electorales aún no resueltos, que los disputados voten a conciencia. Por fuentes muy confiables, también existe la posibilidad de que la definición pase al año 2020, cuando la cámara tendría otra integración y, siguiendo las señales que dejaron las PASO, el oficialismo podría acercarse peligrosamente a los 27 votos propios. Por ahora, las cosas están como están. La oposición, encabezada por Monti en este tema, empujando a finiquitar ya mismo el dilema y el oficialismo mirando de reojo cómo se mueven los actores políticos.

 

En medio del “tire y afloje” que comentamos, en la última sesión, Francisco Monti le añadió fuego a las pasiones políticas. Pidió una cuestión de privilegio, finalmente rechazada por el voto de la mayoría, contra el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Horacio Sierralta. Los argumentos expuestos en la ocasión indicaron que el legislador tinogasteño “no permite a la oposición acceder al expediente”. Esto tiene que ver con un descargo que, por escrito, presentó  José Cáceres el 24 de octubre de 2018 y no habría sido incorporado al dossier principal. Llama la atención la cuestión de la fecha, porque casi dos meses más tarde (diciembre del año pasado) se confeccionaron los despachos de comisión –mayoría y minoría- y se supone que sus autores, entre ellos Monti por la minoría, tuvieron el expediente en sus manos. ¿Por qué nadie hizo referencia al descargo del ministro de la Corte? ¿O todavía, aun cuando llegó antes, no figuraba en el expediente? La verdad debe estar por algún lado.

 

En línea con sus correligionarios radicales, el juez José Cáceres actúa por su lado. Recordemos que, en pleno receso legislativo, solicitó que los legisladores dejaron de “dormir la siesta” (el parate en el Poder Legislativo dura cinco meses) y resolvieran su situación, atendiendo que la presentación del abogado Eduardo Andrada se remontaba al 1 de agosto de 2018. Semanas atrás insistió con la premura. Presentó un amparo ante la Corte que integra para que conmine a los legisladores a finiquitar el trámite. Una jugada demasiado compleja. Independiente de parecerse a una virtual avanzada de la Justicia contra otro Poder del Estado obligaría, vía subrogancias, a formar un tribunal especial para satisfacer los apuros de Cáceres, quien parece no comprender que su suerte en términos de credibilidad está echada. Se resuelva como se resuelva la petición de juicio político en su contra, de lo actuado se desprende que su permanencia en el cargo colisiona contra la Constitución Provincial y la jurisprudencia que, para los mayores de 75 años, estableció la Suprema de Justicia de la Nación en febrero de 2017. Sólo eso lo convierte en un juez irregular.

 

Otra cuestión relacionada con la Legislatura tiene que ver con el proyecto iniciado por el bloque peronista para que en octubre próximo, a la par de las elecciones generales, se elijan convencionales constituyentes para reformar el texto provincial. No sabemos cuándo habrá de tratarse, pero calculamos una puja parecida a la del juicio político que comentamos en los bloques anteriores. Simplemente hay un cambio de roles. En este caso, a pesar de que su idea igualmente choca con una votación que exige los dos tercios, es el oficialismo el que está abierto al debate y la oposición la que parece escaparse. Obviamente, se trata de un desafío demasiado peligroso en términos políticos. Con la vieja Constitución, de cuño saadista, muchas temáticas son inaplicables por el paso del tiempo y, lo peor de todo, se mantienen los privilegios irritantes de la política (vacaciones de cinco meses, reelecciones indefinidas, falta de certeza electoral, gastos desmedidos, etc.). Mientras tanto, recientemente, la ciudadanía acaba de expresarse. La categoría menos votada fue la de diputados provinciales. Si los muchachos o muchachas no leyeron el mensaje, no se sorprendan de los ataques que puedan llegar en su contra.

 

Para que haya elección de constituyentes en octubre (las sesiones de la asamblea, en tal caso, serían en el primer semestre de 2020), se hace necesaria la aprobación del proyecto lo más rápidamente posible para poder acomodar los tiempos electorales a los que fija la ley electoral, que indica que 30 días antes de una elección deben anotarse los candidatos. La responsabilidad mayor, atendiendo las demandas de la sociedad, le cabe a la oposición, que ya viene pagando altísimos costos por haber frenado la reforma de la Constitución e impedir que se sienten bases a favor de la gente (los empleados públicos, por ejemplo), no de la clase política. En este orden, el candidato a senador por el peronismo, Maxi Brumec, se refirió en forma tajante a la realidad de estos tiempos: “Hay que acabar con los privilegios de la política y del Poder Judicial. La reforma es el camino para modificar la vida real de los catamarqueños”. Bien claro el secretario de Deportes.

 

El camarista federal de Catamarca, Enrique Lilljedahl (h), tuvo un papel protagónico en el reciente juicio oral y público contra el exjefe del Ejército durante el gobierno kirchnerista, César Milani. Junto a Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, integró el Tribunal Oral Federal de La Rioja que sobreseyó al militar que, como se sabe, estaba acusado de delitos de lesa humanidad (secuestro de Pedro Adrián Olivera y aplicación de tormentos a su hijo, Ramón Olivera) mientras desempeñaba funciones en aquella provincia, en el año 1977, con el grado de subteniente. El dictamen del tribunal, que determinó la inmediata libertad de Milani, tuvo la disidencia de Lilljedahl en el caso de los tormentos y acompañó el parecer de los jueces restantes en lo se relaciona con el secuestro de personas. El catamarqueño, que tiene relación familiar con el senador Dalmacio Mera y es hijo del actual procurador de la Corte de Justicia local del mismo nombre, ganó el cargo por concurso y recibió la aprobación de la cámara de Senadores de la Nación a fines del año pasado.

 

RECUERDOS.

Como lo hacemos todos los martes, jueves y domingos, el cierre de los “Apuntes del Secretario” incluye la memoración de los acontecimientos del pasado.

El atentado a la AMIA, que había dejado un saldo de 88 muertos, 13 desaparecidos y más de 160 heridos, en agosto de 1994 se mantenía como el principal tema político. El juez Juan José Galeano, que terminaría preso y condenado por encubrimiento, tomaba las primeras medidas en aquel momento. Ordenaba la captura internacional de cuatro diplomáticos iraníes y la prisión preventiva del ciudadano Carlos Alberto Telleldín, este último por la compra-venta de la camioneta utilizada por los terroristas como coche-bomba. Cuando han pasado 25 años del atentado, muy parecido al que dos años antes había sufrido la Embajada de Israel en Buenos Aires, todavía se mantienen grandes interrogantes sobre cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de la barbarie. En el 2003, para investigar especialmente, Néstor Kirchner creó la Unidad Fiscal AMIA y designó en ese lugar a Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento en enero de 2015. Antes hubo un Memorándum de Entendimiento con Irán que originó denuncias y una causa en la que hubo detenidos y apareció como principal involucrada la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner.

También en 1994, el 10 de agosto, se producía un cambio trascendental en la selección argentina de fútbol. Después de su eliminación en octavos de final en el mundial de los Estados Unidos (doping de Maradona incluido), la AFA tomaba decisión de cesar el contrato de Alfio Basile. Lo reemplazaba Daniel Alberto Pasarella, quien venía sumando éxitos como técnico de River Plate. Duró en la función hasta la finalización del mundial de Francia 98, en el que también llegamos hasta octavos. De esta manera, el ciclo del “Gran capitán de 1978” terminó sin pena ni gloria.

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