“Los pueblos del Oeste tienen motivos para expresar su pesar y reclamar, con razón, que no se cumplieron los cantos de sirena que prometía la minería en los años 90. Lo que no pueden argumentar es que no haya habido ganancias. Existieron y fueron cuantiosas, pero se escaparon por las canaletas de la irresponsabilidad”.

En febrero de 2019, en esta misma columna, asentábamos este pensamiento y lo contraponíamos con el presente, cuando la minería de Catamarca aparece organizada, bien posicionada mundialmente y dispuesta a recibir las inversiones en base a las enseñanzas, negativas, que nos dejó Bajo La Alumbrera.

El pasado que vuelve

Conviene volver a explicar estas cosas para una mejor comprensión. En 1997 comenzó la explotación de la joya más preciada de oro y cobre. Si, de la Alumbrera. 

Las reglas de juego no las puso el entonces gobierno de Catamarca, conducido por Arnoldo Castillo, sino el menemismo que, sobornos de por medio, permitió que los legisladores locales votaran cómo iba a ser el negocio. Desde las exportaciones hasta el pago de regalías, pasando por utilidades y otras condiciones, las que favorecían más a Tucumán y a la Nación misma que a nuestra provincia.
Decir que fue un mal arreglo resulta exagerado. Pero hay que reconocer que fue el mejor. Aun así, a Catamarca le ingresaron por 20 años de explotación ingentes cantidades de dinero, la mayoría de las cuales se gastaron en la administración de Brizuela del Moral (2003-2011). En mucho menor medida recibió beneficios el gobierno de Lucía Corpacci, desde 2012 a 2016, cuando comenzó el cierre de mina.

Digan lo que digan, el negocio de la minería funcionó y dejó ganancias. El problema fue que el uso de esas ganancias, a cambio de bienes no renovables, no estaba reglamentado y cada funcionario político, desde el gobernador hasta el último intendente, las malgastó. Con esos dineros se pagaron campañas políticas, viajes, espectáculos artísticos, sueldos, subsidios y hasta obras no destinadas a la producción o a crear trabajo genuino, que fue la promesa incumplida.

Política de Estado

Salvo aislados grupos ambientalistas, cuyas razones hay que atender, en más de 25 años nadie discutió que la minería debía ser política de Estado, más allá de cualquier color partidario. También se aceptó que la provincia era, sin minería, poco menos que inviable.
Por estas razones, hacia finales del primer mandato de Lucía Corpacci, se completaron disposiciones para “no volver a tropezar con la misma Alumbrera”. 

Se organizó CAMYEN y bajo su égida quedaron importantes reservorios mineros como Cerro Atajo, Minas Capillitas y los yacimientos precordilleranos (Valle Ancho, Interceptor y Filo de las Vicuñas), sobre suelo tinogasteño, que se licitaron a principios de año. También se reglamentó el uso de las regalías, cuyos dineros no se destraban de los fondos fiduciarios en tanto no está aprobado un proyecto de obra, y se insertó a Catamarca en el mundo como potencia minera. Esto sin contar el eventual arreglo para la explotación de Agua Rica que, con los mismos socios de Alumbrera, tratándose de un emprendimiento privado, ofrece compensaciones harto ventajosas, no solo económicas, sino la creación de una infraestructura que favorecerá al empleo mayoritariamente catamarqueño y a los proveedores mineros, cuando no a la comunidad.

Antofagasta, objetivo político

El cuadro de organización de la minería, que será legado de Lucia Corpacci para Roberto Gómez o Raúl Jalil, se completa con Antofagasta de la Sierra, el departamento más extenso y menos poblado de la provincia.

El avance en la puna, por razones históricas, puede valorarse como impresionante. Allí, durante décadas, el “toma todo” fue para Salta, la provincia que desde fines de los 50 copó la jurisdicción del Salar del Hombre Muerto en busca de carbonatos y boratos. Sus gobernantes, a diferencia de los nuestros, con acciones concretas, se aseguraron la soberanía salteña en la zona. La exboroquímica primero, y las multinacionales que le siguieron, crearon escuelas, hospitales y oficinas policiales, alrededor de las cuales se formaron pueblos.

Gobiernos democráticos y militares, desde Catamarca, miraron a la zona como distante y poco atractiva como para ir a pelearse por territorios donde la densidad poblacional no ameritaba esfuerzos. ¡Así nos fue!

Esto, por suerte, cambió estos años. Catamarca exigió el pago del agua y compensación a los antofagasteños. De esta manera, con la plata reunida en un Fondo Fiduciario. se creó el “Parque Solar Fotovoltaico de Antofagasta”, que tiene un avance de obra del 80% y brindará energía limpia. De igual forma, por un millón de dólares, se licitó una obra similar para El Peñón y están en carpeta iniciativas similares para Antofalla y La Ciénaga, que también tendrán luz eléctrica las 24 horas del día.
A las obras de energía, por la explotación de los carbonatos, hay que sumarle la ruta que construyeron las multinacionales, otra exigencia por usar el agua que nos pertenece y por la que las empresas, gratuitamente, se beneficiaron por más de 50 años. ¿Se entiende bien? ¡Medio siglo!

¿Licencia social?

De lo comentado, por extrañas razones, surgen los dilemas, interrogantes y contradicciones.
Los que, por las nuevas reglas de juego, saben que los errores cometidos con Alumbrera no se pueden repetir, insisten y se equivocan cuando dicen que la minería no tiene licencia social.

Se trata de una mentira que responde a otros intereses y caprichos que oportunamente comentaremos. Si se votara un plebiscito, por los antecedentes que existen, la apuesta a la minería ganaría ampliamente. En el Valle Central, en el Este y el Oeste y hasta en un centro minero como Andalgalá.

Precisamente en “La Perla”, en la lucha reciente por la candidatura a intendente de la alianza “Juntos por el Cambio”, se enfrentaron dos antimineros confesos –José Cativa e Ivana Flores- contra otro –Eduardo Córdoba- que esquivó pronunciarse. Ganó este último. Más datos numéricos de los territorios mineros andagalenses. En Capillitas, el peronismo le ganó al radicalismo 21 a 1 y en Alumbrera la ventaja, igualmente, fue escandalosa: 142 a 23.
Pero como hay que hacer política, los absurdos pueden extenderse. Ahora, algunos enfocan a Antofagasta de la Sierra, donde la minera construye un acueducto que surge del río Los Patos. Allí no hubo el despilfarro de dinero que El Ancasti -no este diario- adjudica a los gobiernos radicales. Lo que se reclama es el eventual impacto ambiental.

Conclusión. En Andalgalá y el oeste no hay licencia social “porque se la llevaron”. Y en Antofagasta por el eco sistema. De allí el título. “Palos porque bogas y palos porque no bogas”.
Interesada o no, con “control social”, nos quedamos con el pronunciamiento de la Intersindical Minera: “hay que dejar de lado el oportunismo y defender el trabajo digno, la salud y la felicidad para todos los catamarqueños”.

Del gobierno se sabe, porque es pública, su férrea posición a favor de la minería. De la oposición hay silencio de radio. Y no alcanza con decir “si a la minería limpia”. Se requiere saber qué piensa hacer con la actividad en el caso de tomar el gobierno el 10 de diciembre. Ese día tendrían que comenzar a manejar los “palos” de la expresión popular que alude al acto de “bogar”.

El Esquiú