El diario Clarín, durante el fin de semana, hizo un amplio informe sobre la minería en nuestro país. Destacó la importancia que la actividad tiene en materia económica y, para ello, reflejó los números gruesos que arrojó el año 2018. Las exportaciones llegaron nada menos que a los 3.800 millones de dólares –más de la mitad del dinero del FMI que se espera este mes para reforzar las reservas- y las empresas tributaron por valores cercanos a los 30.000 millones de pesos. Los datos otorgan dimensión de por qué países como Chile o Perú, que hoy aparecen mejor posicionados que la Argentina, alientan y cuidan la actividad como motor fundamental del desarrollo. En este sentido conviene agregar que, aparte de las ganancias por la exportación, el impacto de la minería en las comunidades es impresionante. Se benefician los proveedores, los ciudadanos y el comercio, con lo cual se asegura la famosa licencia social. Uno de los modelos a seguir, sin dudas, es Farallón Negro, el emprendimiento enteramente catamarqueño que ocupa a más de 500 personas y, a su alrededor, ha llegado a conformar un pueblo donde se ofrecen todos los servicios.

Todo esto vino persiguiendo la administración de Lucía Corpacci en sus dos períodos de gobierno. Con la experiencia de la Alumbrera, aunque dejara millones de ganancias finalmente malgastados, se hicieron cosas. Se instaló a Catamarca como principal reservorio minero de la Argentina en los foros mundiales, se impusieron bases firmes para las inversiones y se reglamentó el uso de las regalías mineras que reciben la provincia y los municipios. En este aspecto, desde hace prácticamente un lustro y a instancias del ministerio de la Producción, el dinero de esas regalías integran fideicomisos hasta que se aprueben las obras para las distintas comunidades, cuyos proyectos deben ser presentados por los intendentes. Una vez que esto ocurre se libera el dinero y, de esta manera, se asegura que la plata no se pierda en gastos corrientes, por lo general demagógicos e improductivos. Aquello de confiar directamente en los intendentes –tiempos de Brizuela del Moral- fue el mayor de los fracasos de la década pasada, cuando más de uno desvió dinero de regalías para otorgar subsidios o becas de trabajo a cambio de ningún trabajo. Sería muy bueno, ya que estamos en campaña, que la oposición apoye estas medidas y las enriquezca con sus propias propuestas. Insistir con el impacto ambiental, a más de 20 años del arranque del Bajo la Alumbrera, resulta discusión ociosa. Es más que obvio que las garantías ambientales tienen que estar presente.

Un ejemplo claro y evidente de lo que explicamos en el bloque anterior acaba de surgir con el departamento Antofagasta, cuyas regalías mineras fueron puestas en un fideicomiso del que salieron los dineros para la puesta en marcha del primer Parque Solar Fotovoltaico, el que permitirá reforzar la energía eléctrica. Asimismo, acaba de abrirse la licitación para la construcción de parques similares que se instalarán en El Peñón, Antofalla y La Ciénaga, obras que demandarán un monto de 86 millones de pesos, todos provenientes de regalías depositadas en el fideicomiso “Salar del Hombre Muerto”. En relación a esto, cabe destacarlo, la semana pasada, el diputado provincial Luis Lobo Vergara (“Juntos por el Cambio”) había reclamado, en nombre del intendente Julio Taritolay, por 55 millones de la minería que le corresponden al departamento puneño.

Casi al mismo tiempo que la gobernadora y uno de sus posibles reemplazantes, Raúl Jalil, reunieron y pidieron a los intendentes responsabilidad en el manejo de los gastos, ayer debutó el nuevo plan del gobierno nacional para restringir, mediante un cepo moderado, la sangría de dólares. El primer día dejó un retroceso en el valor de la moneda estadounidense, pero también quedaron grandes signos de interrogación sobre lo qué puede ocurrir en los próximos tiempos, especialmente con el mercado paralelo. Para la mayoría de los economistas kirchneristas, la medida de este cepo anunciado el domingo al mediodía llegó tardíamente y ya permitió que se fugaran del país más de 10.000 millones. Sobre esta salida de dólares no hay ninguna duda. Por algo se implementó una jugada económica claramente defensiva, pero pocos hacen pronósticos sobre sus resultados en el corto plazo.

Del plano estrictamente electoral. El domingo hubo elecciones en cuatro municipios de la provincia de Mendoza y, en uno de ellos, la UCR pudo dar vuelta el resultado que se había registrado en las PASO, favorable al peronismo. Ganó y se queda con la intendencia de San Martín. El dato es que esta elección fue noticia nacional y llenó de alegría a las huestes macristas. ¿Si hubo este cambio en Mendoza por qué no podría darse en otros lugares de la Argentina?, habrán pensado muchos. Por cierto que es una conjetura desproporcionada, pero a nadie se le pueden obturar las esperanzas. Ah, la información completa es que en otros tres municipios ganaron los peronistas y retuvieron sus intendencias.

En lo que atañe a Catamarca, vamos a reseñar las perspectivas que ofrece el departamento Capayán. En el norte, jurisdicción de Huillapima, todo parece jugado a favor de la reelección de Adolfo Omar Soria (sería la segunda después de haber asumido en 2011 y repetido en 2015), quien derrotó en la primaria a un viejo enemigo suyo, Omar Santuccho. Lo dejó en el camino por una diferencia superior a los 1.200 votos, lo que le permitiría llegar a octubre con margen de tranquilidad. Es que los radicales de la zona no pasaron los 700 votos, con lo cual quedan a más de 4.000 de los peronistas. Ni aun con internas dentro del peronismo o algún intento de vendetta, la cosa parece definida. Recordemos que Soria y Santuccho tienen sus propias cuitas. El primero, no bien asumió el primer mandato, denunció a su antecesor en el cargo por obras que se cobraron y no se habrían completado. Después vino la devolución de gentilezas, con una denuncia de Santuccho contra Soria por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario.

En el sur de Capayán la cuestión es más complicada. El intendente Alfredo Hoffman, que se presentó a la reelección (sería la tercera de su carrera política que comenzó en 1999) con la sigla del GEM y no fue aceptado por “Juntos por el Cambio”, reunió el 11 de agosto 1.805 votos, 22 menos que las formaciones peronistas que disputaron la primaria y cuyo ganador resultó Mariano Herrera que, por cuenta propia, reunió 1.031 votos. De estos datos, se desprende que si éste último consigue retener el ciento por ciento del voto peronista, podría llegar a vencer a Hoffman, quien confía en las internas de sus antagonistas para alzarse con el triunfo. El tema es todavía más complicado porque en esta disputa capayense hay que tener en cuenta a un tercer jugador, el concejal Mauro Nieto Seguí (“Juntos por el Cambio”), quien finalizó tercero, pero con cerca de 700 adhesiones que pueden llegar a influir decisivamente en el resultado final. En fin, a diferencia del norte capayense, en el sur se levantan apuestas para saber quién será el ganador.

RECUERDOS.

Como todos los martes, jueves y domingos, en los bloque finales insertamos los acontecimientos del pasado.

El 2 de septiembre de 1994, los expresidentes de Argentina y Paraguay, Carlos Saúl Menem y Juan Carlos Wasmosy, respectivamente, inauguraban la represa Yacyretá, que hoy provee el 40% de la energía a nuestro país. “Es un sueño convertido en realidad después de los trabajos iniciales que tienen una antigüedad de 20 años”, decía el segundo riojano más famoso de la historia argentina, que agregaba como anuncio que los trabajos iban a finalizar en 1998. A las 13.03 horas de aquel día, los mandatarios pulsaron el botón que activó la primera de las veinte turbinas que posee el gigante energético. Fue un acto de gran trascendencia internacional, motivo por el cual dijeron presente el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Herrera, y el expresidente de los Estados Unidos, George Bush. El costo de Yacyretá sumaba hace 25 años unos 8 millones de dólares.

En Catamarca, por aquellos años, la atención mayor estaba centrada en el viejo y desaparecido Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) que, a raíz del traspaso de la Caja de Jubilaciones a la órbita de la Nación, recibía una avalancha de peticiones de gente que estaba dispuesta a jubilarse. De esta forma nacieron los casos de gente joven, de 45 años por ejemplo, que iban a formar lo que con el tiempo dio en llamarse “jubilaciones de pantalones cortos”. La falta de expedición del organismo para atender las múltiples solicitudes, llevó a que el exdiputado Pablo Sánchez (Frente Cívico) pidiera la renuncia de los funcionarios. “Yo no sé si quieren coimas para apurarse”, decía con voz en cuello.

El Esquiú.com