Circuló ayer en redes sociales un sugestivo audio, atribuido a un veterano dirigente sindical catamarqueño, que supo tener gran incidencia en la política provincial y hasta se candidateó para gobernador, campaña que terminó en frustración y escándalo. Según puede oírse, el gremialista habla de un plan en marcha para “boletear” a Francisco Gordillo, término que en la jerga política no alude a matarlo, como la mafia, sino a forzar su desplazamiento del cargo de ministro de Educación. En la grabación, se afirma que existe ya el visto bueno para la salida del intendente pomanisto del gabinete de Raúl Jalil y se sugiere que todos los trámites se acelerarán cuando se habiliten los vuelos Catamarca-Buenos Aires. Si es real o simple terrorismo político, imposible descifrarlo, pero en todo caso ratifica que Gordillo es carne de cañón para cierta dirigencia ávida de ocupar el espacio que hoy domina el leal jefe comunal, de raíz claramente corpacista.

*****

Los Concejos Deliberantes fueron noticia en la última semana y alcanzaron un inusual protagonismo, por alternativas incómodas y en algunos casos confusas. Mientras se desarrollaba la pelea judicial por el controvertido fallo de la Corte que ordenó la incorporación de ediles por la minoría (todos de Juntos por el Cambio) en las intendencias de Aconquija, Pomán, El Alto, Londres y Tinogasta hubo otros incidentes, varios de los cuales terminaron directamente con denuncias. No se vinculan con esa extemporánea disputa por las bancas, sino con el acontecer del día a día. Uno de los casos ocurrió en Fray Mamerto Esquiú, donde la propia presidenta del cuerpo, Susana Acosta, terminó radicando una denuncia en la Unidad Judicial N° 11, donde afirmó que se había consumado un acto de “violencia institucional”. La víctima del hecho fue la secretaria Soledad Vaquel, a quien aparentemente el concejal Antonio Arpires le quitó documentación de mala manera y se fue, escena que incluyó insólitas persecuciones por las inmediaciones del recinto que, públicamente, fueron negadas por el acusado. No es una anécdota menor, considerando que se trata de un instrumento público, por lo que las autoridades están decididas a tomar medidas. Fuera de ese arrebato, la nota saliente fue que los concejales resolvieron otorgar un aumento del 21 por ciento “real”, en un nuevo capítulo de la pulseada que mantienen con el intendente Guillermo Ferreyra, quien también otorgó un incremento del 21 por ciento, pero le objetan que llega a ese porcentaje sumando ítems anteriores que no debían ser considerados parte de la mejora.

*****

Más serio fue el problema suscitado en Belén, donde dos concejales se denunciaron entre ellos y hasta se habló de amenazas mutuas. Aquí el problema surgió por la informalidad que caracteriza a muchas estructuras oficiales en el manejo de los fondos, especialmente cuando de designar colaboradores se trata. Los cupos de fondos asignados para la contratación de personal, suelen terminar en conflicto porque se les da un fin distinto al que debería tener. Así, suele ocurrir que se intercambian nombramientos a modo de favor, por ejemplo para incluir familiares sin que aparezcan como empleados o becados propios: Fulano nombra al hijo de un colega y el colega nombra al hijo de Fulano. Otra práctica común es otorgar un sueldo a cambio de ninguna prestación, con la condición de que se comparta el beneficio regalado: vas a cobrar 10.000, me das 5.000. Y el beneficiado suele aceptar, porque es un ingreso antes que nada y que no implica responsabilidades. Son prácticas comunes, que se deforman cada vez más. De la misma manera, un funcionario que tiene a disposición un “índice 1” para nombrar, lo desdobla y nombra dos personas con índices de 0,50, para sacarle más provecho nombrando más gente. Son esas las desprolijidades que luego desembocan en acusaciones como que “tal diputado me retenía parte del sueldo”. Es algo que está mal, pero por lo general todo se acuerda desde el principio.

*****

Los manejos descriptos son los que derivaron en el incidente entre concejales de Belén, ya que ambos compartían los beneficios de un cargo, que repartían dividiendo los ingresos entre dos personas. Llegó un momento en que, aludiendo que sólo uno de los beneficiados trabajaba, se resolvió unilateralmente dejar al otro afuera. Eso llevó a chocar a Roxana Figueroa y Luis Valdez Franco, con el condimento de que ambos son compañeros de Bloque. Roxana denunció a Franco por amenazas y hasta lo consideró violencia de género. Franco dijo que el amenazado es él, por parte de la pareja de la concejal. Un revuelo que puede tener consecuencias en el trabajo cotidiano si no se llega a una salida razonable.

*****

También en Capital hubo roces, aunque en este caso por cuestiones estrictamente de la tarea parlamentaria. El concejal Fernando Navarro salió a cuestionar muy fuerte el acuerdo Provincia-Municipio, al considerar que la comuna es claramente perjudicada por el intercambio de bienes concretado en las últimas semanas. Como se sabe, además del dominio de algunas plazas y el Parque de los Niños, la Capital cedió el Centro de Innovación y Desarrollo y recibió a cambio la residencia oficial de Villa Parque Chacabuco. Para Navarro, no hay equivalencias entre el valor de un predio de varias hectáreas ubicado en pleno centro y la casa que recibe la Capital, que de hecho Raúl Jalil no utiliza. Sin embargo, el acuerdo no termina en un “trueque” de inmuebles, sino que el municipio recibirá 1.000 millones de pesos para obra como parte de la transacción, lo cual equipara los resultados de la operación para ambas partes. Entre las objeciones de Navarro, sí parece más atendible lo que señaló sobre la apropiación original del predio del CID, ya que en su momento fue expropiado con un fin distinto al que se le dará ahora.

*****

Cerrando el capítulo de los concejales, se dio otro paso en la batalla por las bancas supuestamente restituidas a la oposición en la Justicia. El diputado y apoderado peronista Augusto Barros, presentó el recurso extraordinario para oponerse a la decisión de la Corte de Justicia, con una postura ampliamente fundamentada. La Corte deberá ahora aceptar o rechazar el planteo y, según lo que decida se definirán los pasos a seguir. Es un episodio más de los muchos que se cuentan en los últimos años, de judicialización de cuestiones políticas, ya que oficialismo y oposición dirimirán en tribunales aquello que debió resolverse en las urnas. Juntos por el Cambio celebró la sentencia, pero el peronismo recuerda ahora que al momento de la proclamación de los concejales actualmente en funciones, no hubo impugnación u observación alguna y que los aludidos ni siquiera participaron del reclamo. Hay luego una lectura más fina sobre la interpretación de las leyes que determinan cómo deben repartirse las bancas, una cuestión que –según el PJ- la Corte ofició con clara parcialidad. La letra de la Constitución provincial y leyes posteriores, deberán reevaluarse para adoptar una postura definitiva, aunque es materialmente imposible que satisfaga a todos. Por lo pronto, hace dos meses, la Legislatura aprobó por ley que todas las bancas provinciales se definirán por el sistema D’Hondt. Una postura lógica, toda vez que resulta absurdo que dos cargos de una misma lista sábana puedan resolverse con metodologías diferentes, lo que solo puede caber en mentes impregnadas de partidismo.

*****
A propósito del fallo de la Corte. Además del voto cantado de Cáceres y Sesto de Leiva, dos acérrimos militantes de la oposición política antes que jueces, el que definió la mayoría fue el subrogante Julio Bastos, un personaje casi desconocido que fue precisamente quien avaló a Cáceres y Sesto para armar las trapisondas que le permitieron seguir en sus puestos cuando, por ser jubilados y por edad, no les correspondía. El nuevo voto de Bastos como cortesano, a favor de concejales que perdieron las elecciones por nocaut, aunque no está confirmado, le podría costar un juicio político y, eventualmente, una denuncia por prevaricato. ¿Será?

***** 

La polémica por las cloacas de Valle Viejo volvió al centro de la escena, como periódicamente sucede, ya que la intendenta Susana Zenteno debe resolver si avanza o desiste con el reclamo judicial iniciado por el anterior jefe comunal, para quien la obra está mal hecha. Detrás de la novedad reapareció públicamente Gustavo “Gallo” Jalile, quien le metió presión a Zenteno al afirmar que si no continúa con el trámite judicial será cómplice del “robo del milenio”. Hay que seguir con atención ese proceso, porque las cifras involucradas rondan los 1.000 millones de pesos, sin contar eventuales actualizaciones de precios. Como se recuerda, todo el proceso de las cloacas fue cuestionado, y alternativamente lo defendieron y atacaron. Lo más razonable que dijo el “Gallo” fue que se perite la obra y allí podrá determinarse con precisión si la ejecución de los trabajos fue correcta e incorrecta, lo cual permitirá decidir si se sigue  adelante con eventuales reclamos. Esta vez, claramente, le asiste la razón a Jalile. Si la empresa hizo mal las cosas, que las pague y se evite uno de los tantos arreglos que, sin excepciones, terminan favoreciendo a empresarios corruptos.

*****

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 16 de julio de 1995 se producía un hecho político que produjo honda conmoción. José Pantaleón Nieva, exconcejal del Partido Justicialista era brutalmente asesinado en la ciudad de Recreo (La Paz). Tenía 35 años cuando en un bar céntrico, donde estaba jugando al billar, fue acribillado de dos balazos –uno en la pierna y otro en el pecho- por Carlos Gozalvez, quien contaba con 51 años. Nieva, un hombre que respondía al exgobernador Garbe ya había tenido problemas previos. Formó parte de la denuncia por el caso denominado Senadogate –malversación de fondos- y por una acusación de acoso sexual cuando presidía el Concejo Deliberante recreíno. El caso ocurrido hace 25 años fue calificado como homicidio simple y, después de la condena, Gozalvez confesó su arrepentimiento.

El Esquiú