A raíz del “decreto-acuerdo” Nº 26 de fecha 9 de diciembre de 2019, por el cual el Poder Ejecutivo decide la aprobación de la estructura orgánica del nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología y define sus facultades y atribuciones, el “avispero” de los IES se convulsionó y, por lo visto, con justificados motivos. El no saber el destino final de estructuras educativas que por años fueron una respuesta a demandas socioculturales de la comunidad resulta angustiante, cuando no frustrante para cualquiera. Más para un trabajo ya realizado que ven claramente escurrirse por la cañería de lo “no utilitario”.

Reaparece entonces el viejo y conocido tema de la educación -en este caso pública- hecho polémica, donde las partes nunca a llegan a ponerse de acuerdo en torno a qué se entiende por Educación.

Nada nuevo bajo el sol

Pareciera que con cambiar las formas y estructuras educativas reformulando la administración de los recursos que el Estado destina a la Educación Pública alcanza y “revoluciona”. Este error, según mi muy modesto entender conseguido en años de observación e investigación sobre el funcionamiento y los resultados del sistema vigente, me permite asegurar que no es nuevo. Y no por casualidad.

La educación es la herramienta política (política en serio, no de politiquería) que a un Estado -en este caso provincial- le permite concretar un proyecto de comunidad a futuro, mínimamente sustentable en tiempo y provechoso tanto en términos individuales como sociales.

Saber y definir previamente qué tipo de hombre, de ciudadano y para qué tipo de sociedad y de provincia se piensa usar la herramienta educativa es el paso inicial de cualquier proyecto de esta naturaleza.

Sobre la base de un evidente cambio de valores que algunas corrientes políticas comenzaron a imponer mundialmente apoyadas por poderes económicos y financieros supranacionales, conocidas y difundidas como panacea y llamada “neoliberalismo”, la educación navega a la deriva entre dos tendencias: 

a) Una utilitaria, meritocrática, mercantilista y funcional a las leyes del mercado en cuanto a la oferta y la demanda considerando el conocimiento como bien capital.

b) La otra que prioriza una formación integral y humanista que permite a todo individuo no solo realizarse individualmente, sino comprender la importancia que tienen los conocimientos adquiridos y/o construidos escolásticamente cuando pueden ser aportados y socializados para el bien común.

Los sueldos docentes

Dicho esto y tomando las sabias palabras de mi maestro y más grande pedagogo que parió esta hermosa Nación, Gustavo Francisco Cirigliano: “En la currícula educativa está el proyecto -en este caso de provincia- que la sociedad aspira”.

Escuchando una grabación que aparece en YouTube de una reciente reunión (27/8/20)  del Consejo Político, Económico y Social de Catamarca (Copes), uno de los presentes -Hernán Colombo- mencionó un nuevo “Contrato Social” y rescató la riqueza y la importancia del diálogo. Hablar de diálogo me pareció algo promisorio.

Luego el gobernador Raúl Jalil tomó la palabra y habló de “Objetivos para el Copes”, pero (lamentablemente siempre hay un “pero”) aclaró como al pasar que “el 40 o el 50 % del presupuesto provincial se lo llevan los sueldos docentes”. Viniendo de labios de un empresario que está gobernando un provincia, más que un planteo “real” (y seguramente cierto) sonó a una remanida muletilla utilizada por algunos sectores políticos que  ven a la educación como gasto y no como inversión. Pero ya que estaba les “facturó” a los docentes “el haber puesto a la provincia en el puesto 23 o 24 en el país en calidad educativa desde hace 30 años”. O sea, diagnosticó que el sistema educativo provincial viene de fracaso en fracaso. Raro para un funcionario que gobernó por ocho años la intendencia más poblada y más importante de la provincia (su ciudad Capital). En otro momento de aquel encuentro señaló “la importancia de saber qué se enseña” (momento en que renació en mí la esperanza de escuchar de boca del gobernador el por qué y el para qué visualiza la importancia de la educación en y para la provincia). Lamentable y rápidamente la esperanza se diluyó cuando escuché se sus labios sostener que el “mercado laboral ha cambiado”, y tomó como referencia “los enfoques tecnológicos de los países centrales”. Mala comparación para una gestión que no definió qué tipo de provincia pretende ni con qué recursos piensa concretarlo.

Jalil mostró  preocupación por cómo “sostener la actividad privada en el marco de la pandemia”. Pero (otro “pero”) el subconsciente lo traicionó -o no- y adelantó la necesidad de “reformar el sistema educativo para que así sostenga esa actividad privada”. Claro y sincero “blanqueo”. La concepción política de la educación que tiene el señor gobernador se asienta en poner la educación pública en función de los intereses y las necesidades de emprendimientos privados de manera gratuita y sin costo alguno para esos privados (concepto mercantilista y utilitario de la educación, además de funcionar como subsidio estatal encubierto hacia la actividad privada), dejando de lado la formación humanista que es una de las herramientas para un crecimiento sociocultural comunitario que seguramente engrandecería a la provincia dándole identidad.

Lo anterior aparece como fundamento de “su decisión de separar el sistema educativo en dos áreas” (Ministerio de Educación, que quedará encargado de la educación primaria y media, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se encargará de los terciarios, y aquí caen en la volteada los IES).

La educación y el trabajo
¡Pero hay más!

En declaraciones a Radio Valle Viejo realizadas el 1 de septiembre, la ministra de Ciencia y Tecnología, Eugenia Rosales, manifestó que “el traspaso de los  IES a su área es un ‘proyecto’ que  viene trabajando con un ‘equipo’ desde el comienzo de la gestión Jalil y que está recibiendo asesoramiento de ‘gente’ de la Organización de los Estados Iberoamericanos y del Ministerio de Educación de la Nación”. Luego sostuvo que “es decisión del gobernador reformar la educación en función del ‘trabajo’ (¿?)”, basado en una tarea que su gente lleva adelante ‘muy tranquila’ (¿?) con vista a ser ejecutado el 2021”. Posteriormente, la ministra insiste: “Es un deseo del gobernador reformar el sistema educativo para ajustar la formación a las demandas laborales”.

Indirectamente reconoce que el “Proyecto Educativo Jalil” no tiene entre sus propósitos el desarrollo comunitario sociocultural de nuestros comprovincianos dentro de un proyecto de sociedad provincial; o en todo caso lo tiene, pero con criterio mercantilista.

Consecuente con la postura del Jefe del Ejecutivo, la ministra  afirmó que “es una decisión tomada por el gobierno provincial que ya estaba en las intenciones del gobernador”, asegurando que “no es improvisada, ya que busca la inclusión laboral para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral”. Lamentablemente dejó sin especificar a qué mundo laboral se refería.

Lo de los asesoramientos de “Organismos Internacionales” y del “Ministerio de Educación” que dice estar recibiendo la flamante ministra sonó más “chapeo” de respaldo que a un asesoramiento en serio. De serlo, y para una mínima orientación en materia de asesoramiento, esa “gente” lo primero que le demandaría sería una previa definición o bosquejo sobre qué tipo de hombre o de ciudadano pretende el nuevo proyecto educativo; cómo engarzaría el mismo dentro del proyecto político de educación nacional, para así conocer el trazado de perfil de sociedad provincial a la que aspira la actual gestión provincial.

Si bien es cierto que nuestra educación y el propio sistema educativo demandan una lógica revisión para una necesaria actualización, reformulándolo, la sociedad catamarqueña desconoce en líneas generales y en aspectos particulares… ¿Cuál es el objetivo del cambio?

Algunas decisiones gubernamentales dan cuenta del sentido “utilitario” que para la actual gestión tienen la educación y la historia provincial. La desaparición edilicia de testimonios históricos de una Catamarca que en otros tiempos su sociedad supo valorar como patrimonio hoy están siendo víctimas de topadoras que decidieron su desaparición como evidencias de un pasado que alguna vez esta provincia tuvo y le permitía a sus ciudadanos sentir orgullo.

Víctor Leopoldo Martínez
Periodista, cineasta y columnista de opinión