Lo que tendría que haber sido simple trámite, con el paso de las semanas, se ha convertido en embrollo político. Nos referimos a la situación del intendente de la Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, quien fue condenado a seis años de prisión efectiva por abuso sexual contra una menor de 15 años. Aparte de la defensa indisimulable que ejerció el pleno de la UCR –autoridades partidarias, legisladores, etc.- a favor del condenado, ayudó el oficialismo con ridículos pedidos de intervención a la humilde comuna belicha. De esta manera, Aybar se ha victimizado. Se considera un perseguido de la Justicia y chivo expiatorio de una trama demasiado curiosa: hasta hace poco tiempo, (Aybar) era totalmente desconocido allende la jurisdicción que gobierna. Mucho tuvo que ver en todo esto la Justicia, en la persona del camarista Jorge Palacios que dictó una sentencia tremenda, pero sin prisión preventiva, cuando existían condiciones objetivas para mandarlo a la cárcel, especialmente por el poder que detenta cualquier intendente. El magistrado hizo la cómoda: le tiró el “fierro caliente” a la política, por lo que más de uno está pensando en hacerle un juicio a él.

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El Estado provincial y el municipio capitalino firmaron un convenio que, al margen de las cuestiones legales y técnicas, a los ojos del vecino común se asemeja a un “trueque”, ya que áreas que eran de dominio y competencia municipal pasaron a la Provincia, y otras que estaban bajo control de Provincia quedaron en el ámbito capitalino. El documento fue firmado por Raúl Jalil y Gustavo Saadi, y luego avalado por el Concejo Deliberante, de modo que sólo restaría que la Legislatura lo respalde –lo cual se descuenta como una formalidad- para oficializarlo. Los cambios son bastante razonables, y comienzan por la cesión de plazas y paseos que estaban a cargo de Provincia, algo poco práctico ya que por naturaleza es la municipalidad quien se ocupa de estas tareas.  

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De este modo, quedaron a cargo de Capital el predio de la Plaza “Raúl Alfonsín”, inaugurado por Alberto Fernández en el predio que históricamente ocupó el Instituto de Rehabilitación “Julio Herrera” (excárcel) sobre Avenida Güemes. Aquí el proyecto va más allá de la plaza, ya que se proyectaría la construcción de instalaciones que serían ocupadas por dependencias oficiales de la comuna, con lo cual se anotará el enésimo giro en el destino proyectado para el lugar, donde ya se habló de museos, de una ciudad judicial y tantas otras ideas. También pasó a la Municipalidad la Plaza “Crisanto Gómez”, ubicada en la esquina de las avenidas Alem y Acosta Villafañe, donde justamente se erige un busto en honor al prócer radical, Leandro N Alem. Es una esquina estratégica que nunca se afianzó como paseo, aunque alguna vez se instalaron juegos de madera que pronto fueron destruidos y retirados. Seguramente se pondrá en valor el lugar, ya que hay un gran proyecto edilicio enfrente, donde estaba la vieja estación de servicio, y el paseo podría integrarse a ese paisaje urbano-turístico; aunque será esencial solucionar las constantes pérdidas de agua que suelen inundar el lugar. Otro espacio que se transfirió al municipio fue el Parque de los Niños, una de las mejores obras de Eduardo Brizuela del Moral, que lamentablemente este año no pudo disfrutarse mucho por la emergencia sanitaria. Por alguna razón, desde su creación, Provincia siempre tuvo a su cargo el control y el cuidado del lugar, que se manejaba a través de una intendencia específica. Ahora será responsabilidad de Capital, que posiblemente lo recupere, sobre todo en el área de las canchas de fútbol, que se descuidó bastante.

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Pero al margen de esos cambios, que no tienen mayor impacto fuera de lo administrativo –a la comunidad no le interesa demasiado quién sea responsable de una plaza mientras la mantengan bien-, el punto más fuerte del convenio fue la cesión de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en este caso desde la Municipalidad de la Capital a la órbita del Estado provincial. Este tema es más complejo, porque la planta requiere un importante número de empleados que en la actualidad pertenecen todos al municipio, con un detalle más: entre los trabajadores hay diferentes situaciones contractuales, ya que revistan allí trabajadores de planta y también becados o, como se los suele identificar, precarizados. Sin este grupo de trabajadores la Planta de Tratamiento no funciona, de modo que las autoridades, al momento del traspaso, debieron prever el futuro de ese recurso humano. 

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Esa situación. Cabe destacarlo, generó el primer chisporroteo entre el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, y el flamante secretario de Gobierno de la comuna, Fernando Monguillot. Aunque fue el propio funcionario el que le comentó la novedad al sindicalista, éste se molestó por haberse enterado del cambio con los hechos ya consumados, y dio a conocer su descontento en redes sociales. Sin embargo, las exigencias que anticipó Arévalo, parecen estar previstas en el convenio, y todo indica que no se pondrá en riesgo la estabilidad de ningún trabajador. De acuerdo con lo informado, a cada uno de los empleados se les brindará la posibilidad de optar libremente y todos podrán decidir de manera individual si se quedan en Capital o se pasan a Provincia, y cualquiera sea su elección, mantendrán sueldos, antigüedad y todos los derechos ya adquiridos. En concreto: nadie quedará afuera, y a partir de la notificación personal contarán con un plazo de un mes para resolver qué quieren hacer, de manera que no debería haber mayores conflictos ni se vislumbra que por esta decisión vaya a romperse la paz recientemente acordada entre Capital y el SOEM. 

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Cuestión laboral al margen, el rol de la Planta de Tratamiento es esencial, y había superado hace mucho la competencia municipal, como que allí llegan toneladas de basura de varios departamentos, y es lógico que la Provincia se haga cargo del enorme predio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38, sus instalaciones y la maquinaria. De hecho está vigente el Convenio Marco para implementar sistemas integrales de gestión de Residuos Sólidos Urbanos suscripto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Provincia de Catamarca y los Municipios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Huillapima, La Puerta, Las Juntas, Los Varela, Paclín, El Rodeo, Santa María, San José, Recreo, Icaño, Ancasti y Aconquija; y el Convenio de Creación del Consorcio Intermunicipal del Plan Provincial-GIRSU REGIÓN 8 suscripto entre la Provincia y las Municipalidades de Fray Mamerto Esquiú, Las Juntas, El Rodeo, Los Varela, Paclín, Chumbicha, La Puerta, Valle Viejo y la propia Capital. Con el cambio de órbita se garantizó la continuidad de estos acuerdos, fundamentales para avanzar en la separación, tratamiento, transferencia, disposición final y comercialización de los residuos sólidos urbanos.

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El salteño Juan Ameri, ignota figura política a nivel nacional, permite desempolvar la clásica calificación de “tristemente célebre”, ya que logró involuntariamente que su nombre quede grabado en la historia, como protagonista de un escándalo insólito. No es necesario detallar los ampliamente difundidos acontecimientos que llevaron a perder su banca al diputado, quien con su comportamiento redujo a una anécdota infantil la tontera de Esteban Bullrich, el legislador que simulaba participar de la sesión virtual colocando una foto. Se trata en ambos casos de situaciones derivadas del sistema que se utiliza para llevar adelante las sesiones en la pandemia, ya que es –sino imposible- al menos muy improbable que cualquiera de estos acontecimientos hubiera ocurrido en el recinto. Pero la inconducta no es absolutamente nueva en ese ámbito, y la historia del Congreso cuenta con innumerables episodios escandalosos, que van desde los sobornos alevosos hasta un asesinato en plena sesión, pasando por la utilización de “actores de reparto” para sumar voluntades en una votación. 

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Algunos medios nacionales relacionaron este episodio con la expulsión del catamarqueño Ángel Arturo Luque, quien fue echado de la Cámara baja acusado de “indignidad moral”. En realidad, hubo una incongruencia con la sanción a Luque, porque lo castigaron atribuyéndole una declaración en el marco del Caso Morales, referida a que estaba dispuesto a encubrir a su hijo Guillermo en caso de que cometiera un crimen, pero la Justicia lo absolvió en la causa iniciada por esos supuestos dichos. De manera que terminó expulsado por un acto que la propia Justicia desestimó: claramente, la reacción de los legisladores se enmarcaba en una situación mucho más compleja en la que Luque fue sacrificado como chivo expiatorio, pero de todas formas ese incidente puso fin a su carrera política.

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Otro catamarqueño, el gastronómico Luis Barrionuevo, estuvo también a un paso de ser expulsado de la Cámara de Diputados, cuando se lo responsabilizó por la quema de urnas que frustró las elecciones de marzo del año 2003, pero finalmente el cuerpo no lo sancionó. Más aun, Luis aprovechó el momento de dar explicaciones en plena sesión para montar un espectáculo mediático del que salió, no sólo ileso, sino fortalecido. Quien sí terminó expulsada –y fue la última en hacerlo, ya que Ameri renunció- fue la salteña Norma Ancari de Godoy, que fue denunciada por un programa de TV (Punto Doc), donde se exhibieron imágenes en las que se observaba a la legisladora amenazando a un productor del ciclo televisivo. El programa mostraba manejos turbios de la legisladora, quien se beneficiaba con ATN que debían llegar a fundaciones de discapacitados. “Ustedes dijeron cada cosa, flaco, que habría que agarrar una Itaka y cagarlos a balazos porque no se merecían otra cosa. Y si tenés un grabador, grabalo, porque no se merecen otra cosa, porque son unos hijos de puta”, dijo la diputada, en lo que obviamente fue su despedida de la función pública. 

El Esquiú