La asunción de los nuevos ministros de la Corte -Hernán Martel y Fabiana Gómez-, aun con los reparos de un sector de la oposición que supo colaborar para que se elevara el número de miembros (faltó a la sesión en que se trató el tema), ha renovado mustias esperanzas que el máximo tribunal de la provincia encamine las cosas hacia una mejor administración de Justicia. Independiente de la creación del fuero de violencia de género, al menos Martel señaló el día del juramento que se tiene que ejercer con mayor severidad el poder de superintendencia que tiene la Corte para tratar de frenar, entre otros “detalles”, la morosidad creciente que existe en los tribunales. Hasta ahora, ese control fue puramente ficcional y existe la impresión, sobre la que abundan comentarios, que cada juez o fiscal hace lo que quiere sin que la Corte le haga observaciones. Al respecto hay que decir que la magistratura no es un remanso donde sus actores puedan hacer lo que les ocurra. También tienen obligaciones que, nada más y nada menos, están relacionadas con las expectativas y/o ansiedades de los ciudadanos. 

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A propósito de obligaciones que no se cumplen vamos a dar a conocer un caso testigo: el juez Manuel de Jesús Herrera, integrante de una Cámara de Apelaciones, en una causa equis estuvo sin emitir su voto por espacio de más de tres años (desde 2015 a 2019), lo que dio lugar a que una de las partes pidiera la pérdida de jurisdicción del veterano magistrado, nombrado por Ramón Saadi a instancias de su primo Guillermo Rosales Saadi, uno de los más poderosos operadores judiciales de estos tiempos, al punto que le llaman “el Angelici de Catamarca”. Por último, aclaramos que la “pérdida de jurisdicción” implica sanciones que la “Corte de 5 miembros” nunca se animó a aplicarlas. 

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Siguiendo con la Corte de Catamarca, bueno es recordar que el pedido de juicio político contra dos de sus miembros -José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva- sigue pendiente de resolución en la Cámara de Diputados. La decisión final está al caer. Al finalizar el presente período ordinario, 30 de noviembre si no se extiende a diciembre, debe procederse a la votación o, reglamentariamente, los dictámenes de mayoría y minoría perderán estado parlamentario. Para habilitar el juicio político que debería llevar a cabo la Cámara de Senadores, el peronismo necesita 27 votos o sea los dos tercios de los 41 diputados que componen la Cámara baja. Conforme a versiones oficiosas, hasta el momento habría 25 voluntades dispuestas a aceptar que tanto Cáceres como Sesto cometieron flagrantes violaciones contra la Constitución que, para mantenerse en sus cargos, juraron defender.

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De todas formas, si la mayoría de votos -esa situación está asegurada- no alcanzara para los 2/3 la imagen de los magistrados que incumplieron con el artículo 168 e hicieron una jugarreta repugnante para eludir el 195 no podrá cambiarse nunca más. Las recusaciones en su contra podrían en el futuro multiplicarse por pedidos expresos de quienes alentaron el juicio político y sus fallos, como el reciente sobre los concejales del interior, se verían impregnados de partidismo. Por último, el gobierno provincial tendría otra opción para desplazarlos de los cargos que ocupan. Sería la de pedir un nuevo acuerdo a la Cámara de Senadores, toda vez que Sesto y Cáceres han superado los 75 años y es jurisprudencia nacional que a esa edad los magistrados deben renunciar o lograr un nuevo acuerdo. En el caso de la doctora Sesto, de darse esta situación, sería la segunda vez en su historia que iría por un segundo acuerdo. Recordemos que fue nombrada por el saadismo en 1983 y a la vuelta de cuatro años, ante un segundo pedido de acuerdo, fue bochada por los senadores de aquel tiempo.

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Se van a cumplir 16 años de cuando sucedieron los hechos y en la Justicia se está estudiando la realización del juicio oral y público del caso que, en 2004, dio en llamarse el “negocio del hambre”. Para los que hayan olvidado o no conozcan los hechos, es bueno recordar que se trató de una millonaria operación de compra de comida y dádivas que llevó adelante el castillismo para aplicar en los procesos electorales, uno de ellos contra el gremialista Luis Barrionuevo. Aquellos bolsones se realizaron por compras directas en las que el Estado invirtió una fortuna: unos 27.000.000 de pesos de la época en un corto lapso de tiempo. Sobran pruebas que las facturas u órdenes de compra si bien formaban parte de los expedientes, eran truchas y fueron varios los proveedores del Estado que llenaron sus bolsillos con dinero sucio. A pesar que el círculo del complot abarcaba a numerosas personas o empresas fantasmas, de hacerse el juicio -tantas veces se lo anunció, como tantas veces se lo suspendió- quienes se sentarán en el banquillo de los acusados serán el doctor Pablo Doro y el gremialista Víctor Brandán, exministro y exsubsecretario de Acción Social. 

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A pesar que el tema será materia de debate en una comisión que se creó en el Congreso de la Nación, nadie duda que el Salar del Hombre Muerte está establecido dentro de territorio catamarqueño, más precisamente en el departamento Antofagasta de la Sierra. El límite entre la provincia y Salta quedó fijado en 1944 cuando se dividió en tres la vieja Gobernación de los Andes, quedando la parte norte para Jujuy, el centro para Salta y el sur para Catamarca, que engloba precisamente al gigante de litio y potasio. La referencia histórica fue refrendada hace 13 años, por lo que el estudio del límite debería dejar fuera de toda discusión al Salar. A partir de allí se podrían discutir otros tópicos y los derechos que, ante la indolencia catamarqueña y sus gobiernos, pudo haber conseguido Salta por haber construido infraestructura en la zona, como ser servicios públicos, postas sanitarias o destacamentos policiales. Los representantes de Catamarca, que fueron nombrados por el gobernador Jalil, con responsabilidades que la historia les demandará, deberán negociar a partir de esos presupuestos. Sobre la territorialidad está todo dicho. El Salar del Hombre Muerte es de Catamarca y bien lo saben los conacionales salteños.

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Quien piense que Luis Barrionuevo, aproximándose a los 79 años, dejará de lado la eventualidad de representar a Catamarca en el Congreso de la Nación, se equivoca de lado a lado. Tarde o temprano, durante 2021, tiene planificado aterrizar en Catamarca y anunciar que disputará la banca de senador o diputado nacional, a las que bien conoce. En 2001 ocupó la primera de ellas y en 2005 fue diputado a pesar de haber perdido, representando al peronismo, frente al ex Frente de la Victoria que llevaba como candidato a Eduardo Pastoriza. La única duda que existe con la postulación de Luis es a quién representará. Si al gobierno que encabeza Raúl Jalil o irá por afuera con siglas como Tercera Posición o Consenso Federal. Mientras deshoja la margarita pensando en las elecciones del próximo año, el hombre sigue militando el antikirchnerismo y bien no le va.

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La disputa de Barrionuevo con los patagónicos, y en forma especial con Cristina, se remota a los albores del siglo pasado. Recordemos que, siendo senadora, la actual vicepresidente quiso expulsarlo del Congreso y, si bien tuvo mayoría, le faltaron solo 4 votos para lograr su objetivo. Después, virtualmente, junto a Néstor, le quitó la gobernación de Catamarca que tenía en el bolsillo. Años más tarde, Luis aseguró que Cristina no llegaba al final del mandato y, por el contrario, lo terminó con una plaza de Mayo repleta que la despidió con todos los honores. Y en este 17 de octubre quiso disputarle su condición de peronista y, junto a figuras gastadas como Duhalde, Moreno, Carlos Acuña, Julio Bárbaro, Piumato, etc., hizo un acto con escasa cantidad de público. No más de 300 personales reales. Al día siguiente, sin necesidad que Cristina fuera al acto de la CGT, el kirchnerismo ofreció una demostración de fuerza que no tiene nada que ver con la disidencia que pretende armar Barrionuevo.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
Entre el 30 y el 31 de julio de 1995 se producía un hecho trascendental para la provincia y su desarrollo minero. Las primeras maquinarias pesadas para dar inicio a las obras del complejo Bajo la Alumbrera llegaban a la ciudad de Santa María. De esta forma, medio gabinete provincial se trasladaba al valle calchaquí para observar los impresionantes vehículos que marchaban hacia Andalgalá. Estaba presente el exgobernador Arnoldo Castillo, acompañado de Hernán Colombo, Jorge Luis Acevedo, Alejandro Narváez, Rolando Pastrana, el intendente Jais (Belén), Horacio Pernasetti, Ricardo Bulacios y el actual juez andalgalense, el entonces diputado provincial Rodolfo Cecenarro. Volviendo a la maquinaria digamos que aquel gélido día de hace 25 años llegaron 7 semirremolques con dos topadoras, una grúa hidráulica de 25 toneladas, una pala retro combinada, dos grupos electrógenos, dos containers tipo vivienda, sanitarios, elementos de oficina. También se recuerda de aquel gran acontecimiento una frase del exmandatario: “la mano de obra será catamarqueña”. No fue tan así. La mayoría de los trabajadores fueron tucumanos, al igual que los proveedores de la mina. La vecina provincia, en síntesis, fue la que más aprovechó a la joya de los bajos andalgalenses. Hasta consiguió sacar el mineral por su propio territorio.

El Esquiú