Apuntes del Secretario

domingo, 25 de octubre de 2020 01:21
domingo, 25 de octubre de 2020 01:21

Con los casos registrados el viernes en Tinogasta, el coronavirus ya se expandió a 13 de los 16 departamentos provinciales. A 219 días de iniciada la cuarentena (la única que existió y duró rigurosamente 45 días), solamente resisten sin ningún infectado identificado de manera oficial El Alto, Pomán y Ambato, tres distritos cuyas poblaciones sumadas rondan los 20.000 habitantes. Catamarca le da pelea al virus, con grandes esfuerzos, con una población que acompaña a medias, y también con algunos errores que no deben ocultarse sino corregirse. Un ejemplo claro es el del Poder Judicial, que definitivamente se manejó de manera desacertada, y hoy enfrenta una realidad previsible desde las medidas que se venían adoptando. 

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En esta misma columna, algunas semanas atrás advertíamos que crecía el malestar en territorios judiciales, que fallaban los mecanismos de prevención en muchas oficinas con atención al público y empleados hacinados, y que además se había resuelto desoír el retorno a fase uno decretado por el Ejecutivo, obligando a cumplir con su jornada de trabajo presencial a los empleados, quienes no tenían condiciones adecuadas para desempeñarse. Las consecuencias temidas llegaron, y hoy son varias las dependencias judiciales cerradas total o parcialmente, luego de la triste confirmación de casos positivos y la consecuente proliferación de casos sospechosos. Lamentablemente los peores pronósticos se cumplieron: la Cámara de Apelaciones en lo Civil 2 debió cerrar (las cámaras 1 y 3 están en el mismo edificio), los Juzgados de Familia también clausuraron sus puertas, las Defensorías Civiles dejaron de atender en el turno tarde, el Juzgado de Trabajo 4 directamente no trabajó, además de detectarse casos en el CIF (Cuerpo Interdisciplinario Forense). La Justicia es, después del Servicio Penitenciario, el área pública más afectada por el virus, con la diferencia de que aquí nadie convive, sino que es el resultado de una pésima organización y de la desatención en los cuidados.

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La situación llegó a tal extremo que la delegada normalizadora de ATE, Cecilia Falcón, pidió directamente que se cesen todas las actividades, como en una feria judicial. El gremio reaccionó y pidió que se cumplan con los protocolos, y de no frenarse el ritmo laboral propusieron que al menos se divida a los trabajadores en grupos y que asistan alternadamente, para que no se reúna tanta gente en las pequeñas oficinas. Compartir la jornada durante horas, en cubículos de menos de dos metros cuadrados (hay muchas subdivisiones de oficinas hechas con durlock), es casi un atentado a la salud. Los empleados siguen asistiendo porque no tienen más que dos días de licencia al mes, y si faltan un tercero les descuentan sumas significativas: desde 4.000 pesos por una falta, que se siente mucho en los sueldos más bajos. Nadie quiere padecer el perjuicio económico de perder el presentismo, y por eso asisten aunque tengan síntomas compatibles con el coronavirus. Así aumenta el riesgo de contagio, y eso derivó en múltiples casos. ATE apuntó al Colegio de Abogados, responsabilizándolo por presionar para que no se interrumpa la actividad, pero en la última semana hubo mucho temor, y la Corte empezó a pagar test ante el empeoramiento del cuadro. Como varios dieron positivo, se evalúan medidas a seguir, que sin duda distarán mucho de las últimas acordadas, que imponían la decisión de seguir como si nada sucediera. Por lo pronto, se reclama un criterio unificado, ya que hubo oficinas donde se asustaron y cerraron por un caso sospechoso, y otras con casos positivos que siguieron atendiendo.

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Es una señal más de un panorama delicado, que viene siendo objeto de análisis permanentes en todo el país, y cuyos efectos fueron tristemente convertidos por algún sector, en un trofeo político más. La apuesta opositora es utilizar el cansancio de la población como tierra de cultivo para generar encono con el gobierno, aunque el oficialismo tiene todavía argumentos para defenderse. Las medidas sanitarias lograron una tasa de mortalidad de 617 fallecimientos cada millón de habitantes, un impacto menor frente a otros países sudamericanos equivalentes, como Perú (1.026), Bolivia (730), Chile (720), Brasil (732), Ecuador (705) y Colombia (581). Y como dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la cuarentena sirvió para que “los que hoy están internados en una cama, no estén enterrados en el cementerio”. 

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Por lo pronto, se anunció que las restricciones se extenderán dos semanas más, aunque el panorama de las actividades habilitadas es mucho más amplio, y ya no guarda relación con lo vivido en los primeros meses. En definitiva, se pasó ya por todo escenario posible: en Buenos Aires hubo muchísimas prohibiciones, en Córdoba casi ninguna, y en las dos ciudades se contabilizan alarmantes cifras de infectados. La misma comparación puede hacerse entre países, ya que se aplicaron toda clase de estrategias, y la mayoría están igualmente comprometidos. Es una pena que ante semejante cuadro no todos se muestren dispuestos a sumar y colaborar, y en cambio estén a la expectativa de sacar algún provecho.

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Involuntariamente, el caso del sacerdote Moisés Pachado, denunciado por el presunto abuso sexual en perjuicio de una niña, pondrá esta semana sobre el tapete uno de los puntos más polémicos de las normas procesales vigentes, eje de permanentes debates. La defensa de Pachado, que ejerce el exfiscal Roberto Mazzucco, planteó la proscripción del caso, alegando el tiempo que transcurrió desde la supuesta comisión del delito hasta la concreción de la denuncia. Y allí radica el dilema: ¿cuándo debe proscribir una causa por abuso? ¿Puede invalidarse la denuncia de un adulto que toma conciencia, vence el miedo o decide dar a conocer lo que le hicieron cuando era un niño? Antes de la decisión que surgiría el martes venidero, en Belén, desde donde es oriundo, se prepara una marcha en contra de cualquier hipótesis que favorezca al sacerdote.

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La Ley permite distintas interpretaciones. Hoy los cómputos se hacen según la pena prevista para cada delito. Los plazos de prescripción vendrán determinados por la gravedad del delito. Para el caso de menores en materia de prescripción, el plazo solo comenzará a contar cuando la víctima cumpla 18 años. Así, para los casos más graves de delitos sexuales contra menores (con penas de hasta 15 años), podrán denunciar las víctimas de hasta 33 años de edad, límite que resulta de la suma del plazo de prescripción y de la edad a partir de la que comienza a correr la prescripción (18 años). El artículo 130 del Código Penal establece la extinción de la responsabilidad criminal por causa de prescripción tanto del delito como de la pena o medida de seguridad impuesta. El artículo siguiente, el 131 del Código Penal establece que, como norma general, prescribirán los delitos: a los 30 años, si el delito en cuestión lleva aparejado pena de prisión por más de 20 años; a los 25 años, si la pena es de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20; a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15, sin que excedan los 20; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10 y a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia y los delitos leves, que prescriben al año.

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Así, en el caso de delitos sexuales contra menores, el Código Penal recoge penas de hasta 15 años para los casos donde exista agresión (con violencia e intimidación) a menor de 16 años “con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”. En este caso, por ejemplo, la prescripción sería de un plazo de 10 años, y siempre a partir de cumplir los 18 años. Hay jurisprudencia para revisar, hay nuevos conceptos a contemplar, pero siempre sería saludable que se priorice y respete a la víctima, y que la Ley nunca proteja al posible agresor. En todo caso, que su inocencia se demuestre en juicio, y no que se le facilite el camino para eludirlo. Tampoco para eludir la cárcel, como es el caso del intendente de Corral Quemado, Enrique Aybar, que está condenado a prisión efectiva -seis años- por abuso sexual contra una menor y se pasea por las calles como un cristiano más.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 31 de julio de 1995 era un día trascendente para muchas familias catamarqueñas. En aquella jornada se clausuraban los pedidos de jubilación después que el gobierno de Arnoldo Castillo había decidido el traspaso del exIPPS a la órbita de la Nación. Los anotados, la mayoría de ellos jóvenes de entre 45 y 50 años, se convertían de hecho en pasivos y pasaban a ser denominados “jubilados de pantalones cortos”. Entre ellos, unas 6.000 personas, figuraron numerosos funcionarios de la época, intendentes y hasta un futuro gobernador, además de jueces y prominentes figuras de la Justicia lugareña. Aquel acontecimiento genera problemas hasta la actualidad, pero en los años siguientes hubo otros hechos igualmente censurables, como cuando se descubrieron certificaciones truchas para poder tener los años de servicio que exigía la ley nacional. ¡Una vergüenza!

El Esquiú
 

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Comentarios

27/10/2020 | 07:53
#1
AHORA LE DIERON LA CIUDAD JUDICIAL PORQUE ES UN CLARO NEGOCIO DE LOS JALIL, COMO FUE VALLE CHICO, SE VIENE EL PUENTE PARA LA FAMOSA CIUDAD SATELITE, EL PALERMO CHICO DEL NORTE. Y CRE QUE HAY QUE DEJAR DE MENTIRLE A SOCIEDAD, EL VIRUS SE TRASMITE PORQUE ANDAN TODOS EN LA CALLE, NADIE SE CUIIDA ES UNA JODA. Y FALCON HABLA AHORA PORQUE SU JEFE PEPE CACERES SE ESTA YENDO Y NO PODRA HACER INGRESAR A MAS FAMILIARES.
26/10/2020 | 11:43
#0
UNO DE LOS CRASOS ERRORES DE BRIZUELA DEL MORAL Eduardo Segundo fue...NO DEJAR QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL (que pedía a gritos Pepe Cáceres) SE LLEVARA A CABO fue porque QUERÍA ESCUPIRLE EL ASADO A LOS DE BUENOS AIRES QUE YA TENÍAN PENSADO QUIEN GANABA ESA LICITACIÓN. Pero...¡perjudicó a todos, todas y todes. LA TERQUEDAD DE BDM ES o la soberbia (una de dos) así como no quiso recibir fondos de Menem (20 millones) tampoco ESA VEZ QUISO QUE LE MANEJARAN LOS FONDOS DEL BID. ¡Y NOS JODIMOS Y SE JODIERON LOS JUDICIALES. Veinte años perdidos... hoy ,mejorando de a poco.

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