El gobernador Jalil, durante su visita a la ‘Cuna del Poncho’, deslizó la postura más lógica en torno al municipio de Puerta de Corral Quemado, donde se presenta el curioso caso de un intendente en uso de licencia dispuesta por sí mismo y con una condena por abuso sexual por arriba de los cinco años que no está firme. El camarista que le impuso la pena, a sabiendas de que sobrevendría un dilema como el comentado, no le impuso preventiva a Enrique Aybar –de él escribimos- y, como lo dijimos en la semana, le traspasó las responsabilidades a la política. A la UCR que, lejos de los dolores de la víctima, lo protegió por el valor de los votos y al oficialismo que se enredó en absurdos pedidos de intervención que terminaron de politizar la cuestión y, en gran forma, de favorecer al victimario. Jalil ratificó que era una cuestión de la Justicia, la que debe resolver la detención cuando existe peligro de fuga o algún poder del condenado para torcer sus actos de inconducta. La eventualidad de una fuga puede ser dudosa. La influencia en un pequeño pueblo como el que gobierna, no. Por esto último, claramente, debió ser conducido a la cárcel inmediatamente después de la sentencia. 

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Siguiendo con Belén, la política y la Justicia, hay que decir que sería delicada la situación del fiscal Jorge Flores. No solamente porque algunos camiones de su propiedad habrían sido alquilados a personas que trajeron desde otras latitudes a portadores del COVID 19 y fueron autorizados por el mismo fiscal a traspasar los puestos de control, sino por otras cuestiones que preocupan a las autoridades departamentales y provinciales. Una de ellas tiene que ver, nada más y nada menos, con el tráfico de estupefacientes, lo que sería soslayado por la autoridad judicial. Por ahora es sólo una sospecha. El problema es que está creciendo con la fuerza de un tumor maligno. 

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“Ley pareja no es rigurosa”, reza el refrán popular, indicando que si una norma se aplica a todos por igual nadie puede quejarse. Pero cuando emergen desigualdades, diferencias de trato y privilegios, el malestar crece y en ocasiones con razón. Es lo que parece suceder en Catamarca con la aplicación de las restricciones impuestas en el marco de la emergencia sanitaria, ya que cotidianamente se difunden noticias de demoras, detenciones y hasta inicio de acciones legales contra quienes infringen alguna norma, pero al mismo tiempo es vox populi que otras personas desarrollan actividades que también están momentáneamente prohibidas y nada sucede. La idea de que existen aquí hijos y entenados se está imponiendo por la fuerza de los acontecimientos, y sobran ejemplos para corroborar que no se mide a todos los ciudadanos con la misma vara.  

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En la última semana, por ejemplo, un camionero terminó detenido porque, luego de ingresar a la provincia y completar la descarga de la mercadería que transportaba, se fue a una fiesta privada. Nada que objetar a la decisión, puesto que violó los protocolos sanitarios vigentes. Pero casi simultáneamente, en un campo de polo de Capayán, se llevó adelante otra fiesta privada y en ese caso no hubo ni detenidos, ni sancionados, ni llamados de atención. Hacer “la vista gorda” en determinados casos, sobre todo cuando los participantes de reuniones son conocidos, tienen contactos con autoridades o integran la llamada “alta sociedad”; mientras se cae con todo el peso de la ley sobre el resto de los criollos hasta cuando juegan un partido de fútbol entre amigos, es una conducta oficial a corregir de manera urgente. El otorgamiento implícito de licencias para eludir las restricciones marcha a contramano de los mensajes que se difunden acerca de la importancia de respetar las reglas y es un acto de injusticia. La pandemia es una situación que nos afecta a todos y las normas deben también ser cumplidas por todos. 

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Profesionales médicos que trabajan como prestadores de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), se pusieron firmes en el reclamo de aumentos, más allá de que la entidad ya confirmó varias mejoras. Son varios los especialistas que exigen incrementos superiores, y algunos incluso solicitan mejoras de hasta el 40 por ciento, casi el doble del 21 por ciento establecido por las autoridades para la totalidad de los trabajadores. El reclamo parece excesivo, porque se aleja muchísimo del resto de los asalariados, que enfrentan las mismas dificultades económicas que todos. La potencial inequidad debe reconocerse considerando que sólo un pequeño porcentaje de esos profesionales cumplen tareas directamente relacionadas con la prevención, atención y contención de pacientes vinculados con el temible COVID-19. En todo caso, bien podría contemplarse un aporte extra para aquellos que están desarrollando su labor cotidiana con las exigencias y las presiones que trae aparejadas la pandemia, pero no se justifica para el resto. El propio gobernador pidió prudencia y solidaridad al momento de plantear discusiones salariales y el mensaje debería hacerse extensivo a los profesionales. No debe perderse de vista que los médicos se encuentran entre los trabajadores mejor pagos, con un detalle más a tener en cuenta: la gran mayoría sigue cobrando ilegalmente el plus, tantas veces cuestionado y atacado. Ese ingreso extra resurge en las polémicas periódicamente, pero en los hechos tiene plena vigencia y sale del bolsillo de quienes menos ganan. 

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A propósito de la solidaridad, no fueron bien recibidas las advertencias de responsables de clínicas y sanatorios privados, quienes ya avisaron que el sector privado no está en condiciones de sumarse a la estructura oficial para la atención de afectados por el coronavirus, en el caso de que los contagios alcancen niveles masivos. A nadie escapa que la decisión, aunque puede exponerse con un abanico de razones diferentes, tiene su raíz en una cuestión eminentemente económica, y el saldo negativo que surge para los propietarios al evaluar el panorama de costos y beneficios resultante de involucrarse en la pandemia. Ciertamente, puede resultar más cómodo tomar distancia de este problema y dejar que el Estado se haga cargo, manteniendo en los centros asistenciales privados el ritmo habitual de trabajo, ingresos y egresos. Pero esa actitud marcha a contramano de las nociones básicas de solidaridad y humanismo, máxime contemplando la gravedad de la situación en todo el país. Podría haberse esperado que este sector, la salud privada, fuera el primero en ofrecerse a colaborar y que pusiera a disposición de la comunidad todas sus herramientas, en lugar de anticiparse a declarar su distanciamiento de esta realidad. En todo caso, el deseo de todos es que el aparato sanitario estatal no llegue a desbordarse –como ya ocurre en otros distritos- y que en caso de ser necesario se revierta esta postura y se reconozcan las prioridades con otra mirada. 

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Pero los despropósitos y las declaraciones desafortunadas, de quienes parecen no haber tomado conciencia de la magnitud del problema que se enfrenta, no se limitan a ciertos actores del área de la Salud. También en el mundillo de la política, hay quienes sorprenden con apreciaciones que anteponen a la crisis del COVID cuestiones técnicas y hasta de trasfondo partidario. Es el caso de Juana Fernández, una dirigente con amplia experiencia que además de ser legisladora supo ocupar cargos ejecutivos y roles protagónicos en más de una campaña electoral. Juanita cuestionó la posibilidad de que en las elecciones del año próximo se modifique el sistema habitual de votación. Uno de los mecanismos que se estudian es el de desdoblar los comicios de manera que los electores se acerquen a las escuelas durante dos días, dividiendo al conjunto de ciudadanos, lógicamente para evitar aglomeraciones en las escuelas que podían convertirse en focos de contagio masivo de coronavirus.  

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Para la diputada ello sería una “barrabasada” y hasta consideró que la situación “nos deja en una situación de indefensión jurídica”, luego de recordar el calendario previsto constitucionalmente para las consultas electorales. A partir de allí repitió el discurso del avasallamiento de derechos que se convirtió en bandera de la oposición nacional, argumento que a su falta de lucidez y sentido común le añade una alarmante desconexión con la realidad. En realidad, la propia Constitución Nacional contempla situaciones extraordinarias como esta emergencia sanitaria y es incomprensible que se llegue a suponer adecuado exponer a la población a contraer una enfermedad potencialmente mortal para seguir supuestos requisitos legales al pie de la letra. Es una incongruencia, entre otras cosas, si se recuerda que el propio partido al cual Fernández representa, se niega a llevar adelante su propia convención por la pandemia. Evidentemente, que hayan fallecido más de 20.000 argentinos y haya cerca de 800.000 contagiados, les resulta indiferente a determinadas personas, más preocupadas en atacar al oficialismo a cualquier costo. La diputada Fernández sugiere que “no hay que jugar con la voluntad popular”, pero más grave parece obviar el riesgo al que se expondría a la población, y en consecuencia jugar directamente con su salud. En definitiva, si por cumplir con una elección se desata una cadena de contagios y colapsa el sistema sanitario, no será problema de la oposición sino del gobierno. Posiblemente en ese caso Fernández recrimine la imposibilidad oficial de brindar respuestas, en lugar de hacerse cargo de su inflexibilidad reglamentaria. 

El Esquiú