“Cantor para cantar, si nada dicen tus versos, / ay, para qué vas a callar al silencio”, escribió con sabiduría Peteco Carabajal, y quien podría haber seguido el consejo es el joven diputado Tiago Puente, quien en la última sesión de la cámara de Diputados transitó desenfrenadamente por los caminos del ridículo, cuando se analizaba la delicada situación del intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar. El jefe comunal, ahora de licencia, fue condenado por la violación de una menor, lo cual generó masivos reclamos para que sea definitivamente desplazado del cargo, al margen de que la fría letra de las normas vigentes indica que puede continuar en funciones hasta que la sentencia quede firme. Ante ese oscuro panorama, que muestra al abusador de una niña ejerciendo un cargo público, Tiago no tuvo mejor idea que desempolvar una vieja ficha de afiliación, para recordar que alguna vez Aybar, casi cuatro décadas atrás, se afilió al Partido Justicialista.

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Es indescifrable el objetivo que pudo haber impulsado al legislador a interponer ese argumento, cuando quizás correspondía un mea culpa porque el condenado intendente fue candidato del Frente Cívico y Social, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio y todas las alianzas que integró la oposición local encabezada por la Unión Cívica Radical. Aybar ya tenía un proceso abierto por uno de los delitos más despreciables, y sus pares lo ignoraron abiertamente, para brindarle todo su respaldo orgánico y económico en la campaña. Peor aun, cuando mujeres del propio radicalismo objetaron la postulación de Aybar, se las silenció completamente, y todos celebraron el triunfo electoral en el municipio. Recién una vez que Aybar fue condenado se acordaron de la violencia de género y aparentemente se desayunaron con una noticia que llevaba siete años en todos los medios de prensa. Ciertas imposiciones de la mal llamada conducta partidaria pueden entenderse, pero alcanzar determinados niveles de cinismo es innecesario.

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Otro que aportó su exabrupto fue Luis Lobo Vergara, quien acusó al peronismo de querer sacar provecho del caso de violación para “tomar por asalto” la municipalidad, sin respetar la voluntad de los vecinos que eligieron por cuatro años de mandato al candidato de su partido. Adviértase la incoherencia de los compañeros de bloque, ya que mientras Puente se lava las manos sugiriendo que Aybar es en realidad peronista, su colega Lobo Vergara abre el paraguas para exigir que se respete la voluntad popular que le dio el triunfo a un opositor. Pero si de aprovechar casos extremos para cambiar el color político de una intendencia se trata, Lobo Vergara podría remontarse al antecedente más cercano. En la Municipalidad de Ancasti, la comunidad le había dado el triunfo al justicialista Antonio Córdoba en 2015, pero el jefe comunal falleció trágicamente en una jornada de pesca, cuando en el verano de 2017 cayó de su bote en el Río Dulce. “El Gato”, como le apodaban, había recuperado la comuna para el peronismo después de 24 años, pero en aquella ocasión la manifestación de voluntad popular no impidió que Lobo Vergara, entonces presidente de la UCR, fuera hasta Ancasti a apurar los trámites para que su fuerza ocupara el lugar de Córdoba, gestiones que inició cuando se realizaba el velorio.

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Actitudes como las señaladas no surgen como expresiones aisladas, sino que definen la postura asumida por la oposición catamarqueña, que ni siquiera incluye la palabra “autocrítica” en su diccionario. Después de conducir la provincia durante veinte años, con tres gobernadores diferentes, Arnoldo Aníbal Castillo, su hijo Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral, la oposición acumula ya nueve años en el llano, sin que se haya escuchado a un solo dirigente de peso reconocer un error. Sin pudor alguno, incluso apenas abandonaron la Casa de Gobierno, lanzaron públicamente un arsenal de observaciones y cuestionamientos como si fueran turistas ajenos de toda responsabilidad sobre la realidad provincial. Con la misma seriedad hablaron y hablan de deficiencias en servicios, de déficit habitacional, de falta de desarrollo turístico o superpoblación de empleados públicos, sin detenerse un segundo a recordar qué hicieron durante cinco mandatos consecutivos a lo largo de dos décadas para resolver alguno de estos problemas.

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Por consistente y sostenida, esa conducta parece ser ya una estrategia, que tampoco resulta original. Por caso, es lo mismo que hizo Mauricio Macri durante sus mandatos al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí transcurrió ocho años de su vida, con la particularidad de que -a juzgar por sus declaraciones- nunca tuvo la culpa de nada, y siempre había otros que debían asumir la responsabilidad de cuanto inconveniente se presentara en su gestión. Macri hizo gala de una inocencia perenne incapaz de ser modificada por el devenir cotidiano. Mantuvo idéntica postura durante su fugaz paso por Casa Rosada, y tanto él como sus colaboradores se convirtieron en expertos en gestión no bien asumió Alberto Fernández. Ahora Patricia Bullrich da consejos, los “Messi” de la economía que endeudaron al país por un siglo y destruyeron el comercio y la producción nacional tienen todas las recetas que hay que aplicar, y el propio expresidente se permite arengar teorías sobre la marcha del país. Funcionarios que fracasaron estrepitosamente y se encontraron con una debacle en las urnas se reciclan inmediatamente en redes sociales como eruditos en cualquier tema. Una actitud sorprendente, aunque a juzgar por los resultados de las elecciones, no resulta eficaz para reconquistar electorados. El peronismo, por cierto, tiene cosas parecidas y nunca pudo explicar, convincentemente, sobre la herencia que dejó en 2015.

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Vaivenes económicos o institucionales al margen, el corazón de la política nunca sufre arritmias, y siempre fluye la actividad partidaria, máxime en las cercanías de una elección, donde la primera etapa de las batallas es siempre interna. Así sucede en Valle Viejo, donde finalmente se empieza a esclarecer el panorama y se definen los bandos que se medirán en 2021. A un año de los comicios intermedios, ha quedado claro que Abeto Barrionuevo ya está abiertamente enfrentado con el peronismo, y habla, trabaja y se comporta como un opositor más. “Abeto” nunca acompañó el proyecto de la intendenta Susana Zenteno, pero después de ser derrotado en las internas, al menos públicamente, prometió encolumnarse detrás de la ganadora y luchar juntos por desbancar a Gustavo Roque Jalile. Hasta celebraron juntos el triunfo decisivo, sin importar que en la recta final de la campaña poco y nada hizo por acompañar a la futura jefa comunal. No bien comenzó la gestión de Zenteno, las diferencias se agudizaron y “Abeto” se valió de un arreglo con la oposición para quedarse con la presidencia del Consejo Deliberante, pero incluso allí existía la posibilidad de que se acercaran posiciones de cara al nuevo desafío electoral. A estas horas ya nadie tiene interés en curar heridas, y el propio Abeto anticipó que no le dejan otra opción que reunir fuerzas con la oposición para enfrentarse a Zenteno. “Va ser muy difícil acompañar un esquema de unidad en Valle Viejo. Si esto sigue así, vamos a construir alianzas estratégicas, y que nadie se sorprenda si en la provincia finalmente van a decidir por jugar todas las fichas a un solo un número. Llegaron bajo un discurso de ser mejores y hoy el vecino ve nepotismo, un gabinete de foráneos y falta de transparencia en la conducción municipal, yo lo que veo es que son peores”. Abeto Barrionuevo dixit, como para que no queden dudas.

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Desde 1997 hasta 2019, a esta altura del año se comenzaba a especular si las elecciones provinciales serían en marzo o en octubre, en coincidencia con las nacionales. Aunque nadie lo diga, pero todos lo imaginen, quedan pocas dudas de que ahora no habrá especulaciones. El gobierno descarta de plano hacer elecciones en marzo por las razones de orden sanitario que todos conocemos. Más todavía. Hay dudas hasta para octubre porque nadie, con seguridad, sabe qué va a ocurrir con la pandemia que ha cambiado todos los planes de convivencia que conocíamos.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
En agosto de 1995, si bien ya habían pasado las elecciones provinciales que consagraron la reelección de Arnoldo Castillo, se vivía un intenso debate político por la elección de los dos senadores nacionales por Catamarca. En aquel momento, como se sabe, los nominaba la Asamblea Legislativa, la que se compone por diputados y senadores. El conflicto iba a durar años y le iba impedir a Ramón Saadi asumir la banca en representación del Partido Justicialista. Su designación como tal había surgido de un Congreso partidario llevado a cabo en la ciudad de Recreo (La Paz). A pesar de que hubo quórum, varios sectores internos salieron a pedir a las autoridades nacionales la intervención del peronismo catamarqueño.

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De esta forma, el exdiputado nacional Jorge Díaz Martínez señalaba que “el Congreso violenta el orden partidario” y el exembajador Guillermo Rosales calificaba a la nominación de su primo como “metodología dictatorial”. Eduardo Andrada, que también pretendía la senaduría nacional, decía lo suyo: “Se trata de una jugada ilegal y políticamente errónea”. El candidato del Frente Cívico, cabe recordarlo, era Oscar Castillo -¡cuándo no!- quien señalaba en aquella instancia “mi candidatura está consensuada”.

El Esquiú