Hace algunas semanas analizábamos el conflicto generado entre dos concejales del mismo bloque en Belén, que terminaron con denuncias cruzadas por la disputa de un índice, que ambos compartían con empleados nombrados por separado. Detallábamos allí que esa clase de problemas eran producto del tratamiento informal que se daba a los denominados “cargos políticos” en áreas oficiales, y la historia se repite una vez más, ahora con una denuncia contra la diputada opositora Natalia Saseta, a quien un exasesor acusa de pedirle “diezmos” de sus sueldos, cada vez más suculentos, bajo amenaza de dejarlo sin trabajo, cosa que finalmente sucedió.
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Estas situaciones, ya reiterativas, seguirán acumulándose porque se naturalizó la cesión de sueldos como simples bendiciones que concejales y legisladores utilizan para favorecer a parientes, amigos o algún compromiso político. Los reclamos surgen por la irregularidad de situaciones que no deberían tener lugar si se administraran los recursos públicos con mayor seriedad y rigor. Porque al margen de esta demanda particular, cuya legitimidad o no determinará la Justicia, lo cierto es que la gran mayoría de esos cargos son innecesarios, y se reparte dinero del Estado sin contraprestación alguna. En algún momento deberá ponerse un límite a estos nombramientos, que para peor en gran medida devienen de designaciones pasajeras a plantas permanentes: es una de las razones del crecimiento desmedido de la elefantiásica planta estatal, que sigue engordando gestión tras gestión, independientemente de las autoridades de turno. Si tantas veces se analizan y estudian reformas para achicar el gasto público, terminar con esta caja informal de nombramientos sería un buen comienzo.
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El caso de Saseta nos remite al antecedente más lejano y escandaloso que protagonizó el extinto diputado Juan Carlos “Machete” Balverdi, cuando era el jefe de la “pata peronista” del Frente Cívico. Le exigía una parte del sueldo de la secretaria para entregarle a un familiar directo. Aquel acontecimiento derivó en un pedido de desafuero que, como corporación política, el Frente Cívico lo conjuró con su mayoría legislativa.
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