El secretario

lunes, 16 de noviembre de 2020 00:44
lunes, 16 de noviembre de 2020 00:44

La semana política incluye como tema saliente el tratamiento por parte de la cámara de Diputados del pedido de juicio político contra los jueces de la Corte de Justicia: José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Conforme al despacho de mayoría, los magistrados infringieron dos artículos de la Constitución. Uno de ellos, el 168, es de “puro Derecho”. La Carta Magna dice que los jubilados no pueden ocupar cargos en la administración y los acusados contaban con el beneficio jubilatorio a la hora de asumir. El otro, el 195, establece que a los 65 años los magistrados deben dejar su cargo, pero Cáceres y Sesto hace más de 15 años presentaron un recurso de inconstitucionalidad del artículo con una maniobra impropia de quienes deben impartir justicia.
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No solamente la jurisprudencia nacional, que regula la permanencia de los jueces en sus cargos, desfavorece a los magistrados catamarqueños. También el Colegio de Abogados se pronunció en su contra. Lo hizo cuando la cámara de Diputados le requirió su opinión y también en la década del 90 cuando el gobierno de Arnoldo Castillo hizo la misma consulta. En ambos casos la respuesta fue terminante: los jubilados no pueden ocupar cargos. Sin embargo, aquel gobierno radical desoyó la respuesta del organismo que conducía el abogado Patricio Rivarola y permitió los juramentos que están cuestionados.
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Para habilitar el juicio político se requieren 27 votos (podrían emitirse en forma nominal) y la oposición tratará de impedir que se llegue a ese número. Por cierto, los nombres de quienes voten en contra quedarán registrados como los que permitieron que dos veteranos de la Justicia, pese a violar la Constitución, sigan en sus cargos. La sesión, cabe destacarlo, puede llegar a tener un clima enrarecido que se percibe hasta en algunas posiciones de las últimas horas que terminaron en los medios, como la carga del concejal Javier Espinoza –hijo de Cáceres- contra el diputado Augusto Barros –ariete fundamental del juicio- por un eventual aprovechamiento del poder político.
El Esquiú.com
 

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