Por si resultara necesario, aclaremos temprano que no existe relación directa entre la última batalla electoral por la Presidencia de los Estados Unidos y nuestra provincia. El título de esta columna es apenas un recurso para aventurarnos en el análisis de los diferentes esquemas electorales y la manera en que inciden en el desarrollo de la vida institucional, planteando realidades diametralmente opuestas según el método escogido para contabilizar los votos de la ciudadanía en cada elección; aun cuando todas las variantes se enmarquen en un mismo sistema democrático. Es interesante profundizar en este aspecto, porque se coincide en el otorgamiento de la decisión final a la voluntad popular, pero los resultados de un comicio varían sustancialmente según lo que se haga con el contenido de las urnas una vez concluido el acto civil.

Existen enormes diferencias entre las reglas que rigen la elección en la democracia norteamericana, la más sólida y antigua del mundo, y la que se aplica en Argentina, que bate récords de estabilidad a poco de alcanzar cuatro décadas –con algunas irregularidades como renuncias y presidentes electos por Asamblea Legislativa, pero sin interrupciones por golpes de Estado-. Aunque la democracia se mantenga en pie aquí desde 1983, hubo grandes cambios en la modalidad que define las votaciones en nuestro país. Y ese conjunto de variantes, permite evaluar fortalezas y debilidades basadas en las distintas experiencias –incluyendo la estadounidense-, para intentar determinar cuál resulta más favorable, por ejemplo, en Catamarca. Porque el acto de votar es siempre el mismo, pero el refinado arte de contar esos votos altera decisivamente el producto final.

Elegir electores
Los estadounidenses no eligen presidente, sino electores del presidente. Es un sistema indirecto y a la vez complejo, porque se vota en más de 50 estados diferentes y no hay un criterio aritmético unificado. El ganador de las elecciones es el candidato que obtenga al menos 270 integrantes de Colegio Electoral, pero no todos esos electores requieren la misma cantidad de votos.
Por caso, a modo de ejemplo: el Estado de Wyoming consagra un elector por cada 164.594 habitantes; mientras que el Estado de California otorga un elector por cada 615.848 habitantes. Hay más detalles. En la mayoría de los Estados (exceptuando Maine y Nebraska), los electores no se reparten proporcionalmente según los votos que obtenga cada candidato, sino que el candidato que obtenga más votos, aunque la diferencia sea de un solo voto más que su rival, se lleva todos los electores en juego: como en un partido de fútbol, el premio es el mismo para el equipo que triunfa, ya que sumará 3 puntos sea que se imponga 1 a 0, 15 a 0 o 4 a 3. Y un riesgo más: aunque no es frecuente, el elector de un candidato puede luego votar por otro postulante. Esa práctica se considera deshonesta, pero técnicamente no está prohibida.

Las consecuencias y riesgos saltan a la vista. Es muy factible y ha sucedido muchas veces, que pierda el candidato más votado. Sin ir más lejos, Donald Trump se consagró presidente en 2016 derrotando a Hillary Clinton, que en las urnas obtuvo casi tres millones de votos más que su vencedor. Surge así la pregunta obvia: ¿realmente refleja ese sistema la voluntad de la mayoría? No necesariamente, pero el sistema no se modifica, porque para hacerlo se requeriría una reforma constitucional en el país del Norte. Lograr esa reforma es casi imposible: debería presentarse el proyecto de enmienda y esa enmienda debería ser aprobada por las legislaciones del 75 por ciento de los 52 Estados que conforman el país. No se aprobaría nunca porque la mayoría de los estados pequeños perderían peso y poder, para concentrar toda la fuerza electoral exclusivamente en los estados más poblados (sin duda a los argentinos les resultará familiar ese concepto).

Se observa así que todos los sistemas son en parte injustos o frágiles, y en definitiva no se opta por el mejor, sino por el menos malo.

El cambio argentino
Argentina también se manejó históricamente con votos indirectos que definían a los representantes que luego votarían en el denominado Colegio Electoral. De hecho, a Alfonsín lo consagró el Colegio Electoral. Y a Menem, para su primer mandato de 6 años, le ocurrió lo mismo.

Ese fue el mecanismo previsto en el Capítulo II, Sección Segunda, Título I, de la Segunda Parte de la Constitución Nacional de 1853/60. Que durante tantas décadas hayamos aplicado el mismo sistema que Estados Unidos no es casual, porque la Constitución nacional se inspiró precisamente en el modelo norteamericano.

Todo cambió con la Reforma Constitucional de 1994, pergeñada en el Pacto de Olivos con un acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que allanó la reelección del riojano. Por entonces los mandatos presidenciales duraban seis años sin posibilidad de reelección, y Menem, que culminaba su mandato y debía abandonar la Casa Rosada, consiguió que se cambiara la norma por cuatro años de mandato con la posibilidad de una reelección, lo cual finalmente logró. 

En relación al contexto y condiciones políticas en que se produce la reforma, debe apuntarse que fue resultado de una negociación, expresada materialmente en el Núcleo de Coincidencias Básicas resultante del Pacto de Olivos entre los dos líderes de los partidos mayoritarios. El carácter “bipartidario” del cambio puede explicarse en el hecho de que, aunque el presidente Carlos Menem era muy popular (había accedido a la presidencia con un 47,5 % de los votos), no poseía las mayorías parlamentarias necesarias para la modificación electoral y por eso debió negociarla con la oposición.

Pero esa modificación de la duración de los mandatos resultó casi accesoria ante el cambio mayor: se eliminaba el Colegio Electoral para comenzar a definir al presidente por voto directo, por mayoría simple de votos.

Perdió Catamarca
Con ese cambio sustancial, perdió Catamarca, al igual que perdieron las provincias con poca población, y se destruyó la esencia federal de la letra constitucional original.

Ya en 1994, lo expuso con brutal claridad el catedrático mendocino Juan F. Segovia: “Las provincias, como entidades territoriales jurídicamente iguales, constitutivas de la Nación, han perdido poder político con la implantación del sistema de elección directa del presidente, porque de esa manera el poder electoral se ha traspasado -de hecho y de derecho- a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La gran concentración de población en estos centros geográficos deforma cualquier intento de un sistema electoral equitativo”. 

Lo mismo advirtieron otros convencionales, como Gabriel Llanos, quien expresó: “Vamos a tener un presidente que mira hacia cuatro distritos electorales que reúnen el 66 por ciento del padrón electoral y que gobierna fundamentalmente para ellos, que van a ser los que le van a permitir o negar la reelección”.

Esa realidad se mantiene hasta hoy, donde Catamarca y su 0,8 por ciento de incidencia en el padrón electoral la tornan insignificante a la hora de elegir un presidente. Esa realidad se expresa en detalles contundentes y recientes. Por caso, Mauricio Macri resultó electo presidente en 2015, sin siquiera haberse molestado en visitar Catamarca durante su campaña proselitista.
No hubo hasta aquí ninguna corrección que permitiera al sistema vigente en Argentina superar las falencias o equilibrar las enormes diferencias demográficas. Y esa desigualdad se refleja en atención, en disponibilidad de recursos y en mil factores más. Catamarca debe mendigar por cada obra, mientras fortunas inmensas se dedican a los distritos con más habitantes, y por ende con más votos.

La principal modificación del Sistema Electoral planteado con posterioridad a la Reforma de 1994, se produjo en el año 2009, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner convocó al “Diálogo Político para la Reforma Política” entre los diversos actores de la escena política nacional a los fines de debatir y llevar a cabo una reforma del Sistema Electoral, pero no se avanzó hacia cuestiones de fondo.

Así como hay injusticias en el sistema de Estados Unidos, hay también inequidades aquí. Un voto porteño o cordobés vale lo mismo que uno catamarqueño. Pero sin Colegio Electoral, Catamarca nunca tendrá peso a nivel nacional. Y mientras tanto será difícil no sólo imponerse, sino hasta hacerse escuchar.

El Esquiú.com