Prohibir en tiempos de pandemia es tarea sencilla. Se necesita apenas un decreto o una ordenanza que no contabilizan costos económicos o sicológicos. Habilitar es más complicado. Hay que trabajar fuertemente en los controles y el cumplimiento de los protocolos que, como se pudo apreciar, son flexibilizados a extremos por la gente. Es así como este largo fin de semana hubo excesos que, en parte, pudieron ser conjurados por el Estado. Estando probada la circulación viral del COVID-19, no se alcanza a comprender cómo una institución como el Hotel Casino pudo permitir que se realizara en sus instalaciones una fiesta de casamiento. Y ni hablar de las juergas privadas. En la mayoría de los casos, en desafío al orden y a salud de todos, la llevan a cabo los más pudientes.
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Otras situaciones de polémica y hasta de discriminación se produjeron en las canchas de fútbol del Valle Central. Una de ellas sucedió en Nino, donde el sábado fueron desalojadas -según la información oficial- unas 200 personas que se aprestaban a practicar. Contrariamente a lo que se dijo en un primer momento, no se produjeron incidentes y el desalojo, aun con caras largas, se hizo en perfecto orden. Lo único que se discutió fue la confección de un acta de infracción, que se dejó de lado por una situación de clara discriminación. Es que en otras canchas de la zona -Valle Viejo, Fray Mamerto y la propia Capital- sí hubo prácticas de fútbol que, cuando las condiciones eran similares a la de Nino, se desarrollaron con normalidad.
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Que se practique fútbol y se cumpla con los protocolos siempre será bueno para la mente y el cuerpo. Por lo tanto, deberían mantenerse las habilitaciones y que los controles rigurosos tengan que ver con las juntadas pospartido. Es allí donde está el problema y muchos irresponsables, sin que les importe un bledo la salud de la población, pretenden consolidar su rebeldía y su falta de apego al cumplimiento de las normas.
El Esquiú