Pasada la convención del radicalismo, que dejó tela para cortar, y el tratamiento del pedido de juicio político para dos altos jerarcas de la Justicia, algunas miradas políticas locales se posan en la elección de una institución deportiva, la que se llevará a cabo dentro de tres días en el Club Sportivo Villa Cubas. Más que una elección, si finalmente se hace, será una normalización. Es que la barca villacubana navega a la deriva desde hace varios años y divide las aguas para sus dirigentes y simpatizantes, que no son pocos y habitan una de las zonas más densamente pobladas de la Capital. Con solo decir que se produjeron cambios de presidente como quien se cambia la indumentaria o que el gobierno, al detectar irregularidades visibles, intervino al club, reafirmamos que asoma la posibilidad que las cosas se normalicen.

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Las divisiones que apuntamos se reflejan en este tiempo. Existen tres agrupaciones, entre varias más, que dirimirán la conducción a través de las urnas. Los asociados, varios de ellos nuevos, deberán elegir entre Hugo Navarro (“Corazón de león”), Javier Galán (“Unidos por Villa Cubas”) y Lucas Medina (“Somos Villa Cubas”) al nuevo presidente, que será el sucesor oficial de Francisco Russo. Este conduce el proceso electoral luego de haber sido intervenido y repuesto en el cargo por una sorpresiva decisión gubernamental.

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El club, por sí mismo, nunca fue indiferente a la política. Durante mucho tiempo resultó tierra fértil de distintos sectores y en esta elección uno de los candidatos es el exdiputado provincial Hugo Navarro, sobrino carnal del poderoso Luis Barrionuevo, confeso hincha “albirrojo”. Tendrá como oponentes a Lucas Medina y Javier Galán, éste último un joven empresario que –hasta el momento- ha sido el único que ha presentado públicamente un proyecto integral para el club y desecha que las cuestiones partidarias condicionen a la institución. Veremos cómo responden los socios, pero todos coinciden que si no existe unidad antes y después de la elección se pueden mantener las divisiones y ello, lógicamente, no es bueno.

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A propósito de la unidad. Quien no la estaría fomentando es el presidente Russo, que tiene la obligación moral de ofrecer todas y cada una de las garantías a los que pretenden sucederlo en la conducción. Su mandato no fue bueno y, como se sabe, terminó en un escándalo que apuró la intervención. Ojalá no se repitan situaciones del pasado y la elección se lleve a cabo con tanta normalidad como para alentar a los contendores a establecer un proceso de unidad hacia el futuro. Para ello será imprescindible que el diablo de la política no meta la cola en donde no le corresponde.

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El miércoles pasado terminó una parte del proceso legislativo contra los jueces José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva (falta analizar una presentación que realizara el abogado José Alberto Furque), para quienes en agosto de 2018 se había pedido la habilitación del juicio político, pretensión que solo podría lograrse con mayoría calificada. O sea con 27 votos de los diputados, que en total son 41. Desde aquella presentación y desde los intensos debates que se sucedieron en la comisión de Asuntos Constitucionales, invariablemente, este Secretario afirmó  que llegar al objetivo de desplazar a los jueces era misión difícil, por no decir imposible. Es que los eternos cortesanos –uno de ellos asumió hace 28 años- contaban con el respaldo irrestricto de 16 legisladores que integran el interbloque “Juntos por el Cambio” y sin la participación de algunos de ellos –dos por lo menos- nunca se podía acceder al “número mágico”. Ese presupuesto no estaba en duda: cualquier deserción habría sido considerada alta traición dentro de la UCR, el partido que nombró a Cáceres y Sesto, con los cuales pudo manejar la Justicia de Catamarca por más de dos décadas. Sin embargo, 24 de los 41 diputados –todos ellos no radicales o del PRO- votaron para que los jueces fueran juzgados por la Cámara de Senadores. Esta circunstancia, de que la mayoría de la Cámara considere culpable y susceptible de juicio al binomio castillista, no es poca cosa ni debe haber dejado felices a los dos veteranos integrantes del máximo tribunal. Más teniendo en cuenta que se trató de una presentación unipersonal del abogado Eduardo Andrada, alejado hace largo rato de las alfombras oficialistas. Más claro: el gobierno de Jalil, ni el anterior de Corpacci, tomaron participación o buscaron ladear la balanza para una de las posiciones en juego.

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Aparte, por más que a algunos sectores minoritarios de la sociedad no les haya gustado la arremetida legal, en verdad que el análisis del juicio político dejó al desnudo cómo los partidos políticos manejan a la Justicia y consideran un sonsonete sin sentido aquello de la independencia de los poderes. Cáceres y Sesto fueron nombrados por el castillismo con la misión excluyente de defender trincheras partidarias y lo hicieron a cara descubierta. Una lástima porque la revolución social aparente que emergió tras la muerte de María Soledad Morales tenía como punta de lanza la vigencia plena de la Justicia, cuya independencia fue cuestionada con sobradas razones en el tramo final del gobierno peronista de los años 80. De hecho, aquel simulacro de Justicia resultó intervenido y condenado por el conjunto de la sociedad. Lo que no se sabía es que venía un armado igual o peor para lograr el mismo objetivo: contar con un Poder Judicial adicto.

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Aunque los 17 votos de “obediencia debida” hayan salvado del escarnio público a los jueces, repetimos que los hechos denunciados quedaron totalmente probados y se incluyen dentro del impecable dictamen que realizaron los diputados Augusto Barros y Cecilia Guerrero. No se logró los dos tercios reglamentarios, es cierto, pero hasta el más distraído sabe que hubo violación de la Constitución. Cáceres renunció como ministro de la Corte, se jubiló y volvió a jurar. ¡Todo en 28 días!. Ese proceder choca de frente con la letra del artículo que, tal como lo ratificó el Colegio de Abogados, impide que los jubilados puedan ocupar cargos en la administración provincial. Mucho menos sin concurso. Tampoco respetaron la edad para retirarse –en este plano debe sumarse a Sesto- que determina el artículo 195 de la Constitución. Para salvar el escollo, entre el Procurador Lilljedhall, Cáceres y Sesto construyeron un nuevo modelo de “asociación ilícita” en la cúspide de la Justicia. Al primero le votaron un planteo de inconstitucionalidad Cáceres y Sesto que, a cambio, recibieron el voto a favor de Lilljedhall. Una vergüenza de la que tendrán que hacerse cargos los 17 votantes en contra de la solicitud de juicio político reciente o de los que, por acción u omisión, permitieron una maniobra propia de tahúres.

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Como lo apuntamos líneas arriba, las sombras del juicio político a los antiguos inquilinos de la Corte de Justicia siguen cubriendo de dudas a la legitimidad que dicen tener. En 2021 podría repetirse el mismo proceso, a través de la presentación que realizara el exdiputado nacional y expresidente de la comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, José Alberto Furque. Aparte de aludir a los hechos que se conocen –edad y situación de jubilados de los cortesanos-, en su presentación se incluyen fallos aberrantes y situaciones icreiblemente no resueltas.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 3 de octubre de 1995 se producía un hecho que no dejó de ser traumático. Por la construcción del Paseo de la Fe –iniciativa del exsenador de la Capital, Raúl Blas Bosch- frente a la Catedral Basílica, y a los efectos de ordenar el tránsito, se había resuelto el cambio de mano de las calles San Martín y República, las que pasaban y pasan por el centro de la ciudad. La primera tenía sentido Este-Oeste y pasó a tener Oeste- Este. Lo mismo ocurrió con República. Por supuesto, una variante de esta naturaleza obligó a realizar grandes preparativos para concientizar a la gente. Entre la Policía y los agentes de tránsito no descuidaron los detalles, pero los primeros días del cambio generaron grandes embotellamientos. Otra medida que se puso en marcha aquel día tuvo que ver con la avenida Güemes, entre Rivadavia y Salta. Pasaba a tener doble mano, la que mantiene hasta la actualidad.

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Aquel mismo año, pero el día 4 de septiembre, dejaba de existir uno de los empresarios más polémicos de aquella época. Nos referimos a don Tomás Alvarez Saavedra quien, a los 81 años, fallecía en la provincia de Córdoba. Este hombre fue el primer concesionario del Casino de Catamarca y titular de la cadena de hoteles Sussex, uno de los cuales se construyó en Catamarca y sirvió como sala de juegos y de actividades diversas. Desde la década del 70, por otra parte, había sido el propietario del exdiario El Sol que funcionaba en calle República 844 y cerró sus puertas en 1984.

El Esquiú