El Secretario
El “Caso Aybar” sumó ayer, en la cámara de Diputados, un nuevo capítulo de controversias que, a esta altura, se tornan inentendibles. El diputado Daniel Lavatelli volvió a pedir la intervención del municipio de la Puerta de Corral Quemado, cuyo intendente fue condenado a más de seis años de prisión por abuso sexual contra una menor a la que, utilizando su poder, la engañó hasta provocarle un daño irreparable. La oposición, a la que pertenece Enrique Aybar –fue su candidato en las últimas elecciones-, volvió a contraerse en una negativa que, más que una postura política, se emparenta con la complicidad. Los hechos previos a la condena de la Justicia señalan que la UCR avaló una candidatura que era resistida y, de alguna manera, sigue haciéndolo. Pedir la renuncia de Aybar, claramente, no alcanza. Ayer, sus diputados no dieron los dos tercios para tratar el tema, lo que en términos prácticos significó un aval para el abusador.
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Intervenir un municipio es un remedio extremo, pero como están las cosas se comienza a pensar que no sería cuestión descabellada, toda vez que el intendente no ha renunciado y solamente ha pedido una licencia, durante la cual estuvo moviendo los hilos para conseguir apoyos que le permitan rever su situación judicial. Aparte, en diciembre, estaría en condiciones de reasumir y hacer cierto las sospechas de que el intendente suplente –Carlos Casimiro- es su aliado para el regreso. Más claro. Como dijo el senador Sola Jais “la nueva administración es funcional al intendente condenado”.
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Mientras la cuestión sigue irresuelta, se renuevan las críticas a la Justicia. Pocos entienden que se haya dictado un fallo sobre un hecho aberrante sin la correspondiente orden de prisión. No haberlo hecho fue trasladarle un fierro caliente a la política y permitir a los defensores de Aybar, que los hay, operen a gusto y piacere. El peligro de influir que ameritaba la prisión estaba plenamente acreditado. Por lo tanto, el pedido de Lavatelli comienza a ser más sólido de lo que parecía.
El Esquiú