En la mañana del último miércoles, se concretó una manifestación frente a las instalaciones del Colegio Quintana, en un hecho de connotaciones muy delicadas. Las personas reunidas frente a la institución, reclamaron justicia por casos de acoso sexual en perjuicio de los alumnos, y extendieron la protesta a otras cuestiones, como el pedido de inclusión de la Educación Sexual Integral en establecimientos confesionales y la condena a los hechos de abuso sexual cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. Para comprender la magnitud de este acto, debe recordarse que se trata del centro educacional con mayor historia en Catamarca, dueño de un prestigio forjado a través de siglos, que nunca antes había enfrentado una situación de estas características. Fundado el 25 de mayo de 1740, el Colegio Padre Ramón de la Quintana o Centro Educativo Franciscano (CEF) Quintana, como lo llaman ahora, es parte de la comunidad local desde hace 280 años, y una crisis como la planteada en los últimos días representa un cimbronazo inimaginable poco tiempo atrás. Hablamos de tres centurias dedicadas a la educación, con la doctrina religiosa como pilar, que ahora liga su nombre en páginas policiales, en medio de acusaciones tan graves como dolorosas.

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Tal como reseña la propia institución, desde los comienzos de la colonización, los frailes franciscanos fueron los primeros religiosos que además de sus tareas ministeriales, cumplieron una meritoria labor educacional desde el año 1695. Hace 280 años, las autoridades franciscanas reunidas en Buenos Aires dispusieron trasladar una escuela primaria al Convento del Valle de Catamarca, impartiéndose lectura, escritura, rudimentos de aritmética, catecismo y gramática, castellana y latina; traducción de los clásicos latinos y elementos de geografía. La lucha fue intensa porque existían muchos factores adversos; sin embargo, la iniciativa cobró mayor impulso con la llegada de dos religiosos: Fray Ramón de la Quintana y Fray Juan José Archeverroa, que se entregaron por completo a su ministerio y enseñanzas en la denominada Escuela de San Francisco. Precisamente en 1929 el colegio fue bautizado Quintana en homenaje a su pionero. Hablamos de una escuela donde se formaron obispos, gobernadores, y decenas de generaciones completas de catamarqueños de bien. Es un lugar que tuvo como maestro al mismísimo Fray Mamerto Esquiú, próximo a ser nada menos que beatificado por El Vaticano. Lo que allí ocurra no tiene por ende la relevancia de un episodio de oficina, sino que adquiere un matiz mucho más impactante.

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Que ahora se denuncie que docentes y preceptores del Colegio Quintana acosan sexualmente a alumnas y alumnos, menores de edad enviados allí por sus padres para su formación académica y personal, es realmente un problema serio. Surgen en este punto dos aspectos clave. En primer lugar, la condena absoluta a cualquier conducta delictiva y repudiable, como el posible aprovechamiento del espacio de poder que tiene un docente, para agredir a niños y adolescentes en un aspecto como el sexual, que les puede ocasionar daños y secuelas psicológicas de por vida. Es una conducta que marcha contra todas las normas sociales y legales, pero sobre todo contra los valores que supuestamente pregona la misma institución. Ni un solo caso de este tipo puede tomarse con liviandad, y sería imperdonable que se lo apañara, ocultara o encubriera: dar paso a la justicia y aplicar las sanciones que correspondan es el único camino aceptable y posible.

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Dicho eso, en segundo lugar, debe exigirse también prudencia. Hay una institución que no puede ser manchada con ligereza, ni siquiera si alguno de sus integrantes falla. Allí es importante el rol que adopten las autoridades: si denuncian como corresponde, no se les puede atribuir responsabilidad por malas acciones ajenas. Pero también resurge aquí el riesgo de las acusaciones y escraches anónimos, que dejan un peligroso margen para mancillar pública y gratuitamente el honor de cualquier persona. En los últimos días circularon nombres, apellidos y fotografías de decenas de docentes, a quienes se señala como acosadores o abusadores. Y eso no está bien. Hay mecanismos para realizar las denuncias, y si se reclama justicia, lo primero que hay que hacer es ajustarse a las normas de esa justicia. Tachar a una persona como autora de un delito de índole sexual, máxime en el ámbito educativo, puede causar un daño socialmente irreversible. Enhorabuena si se trata de un abusador, pero… ¿si no lo es?

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De la mano de Ricardo Quintela, gobernador riojano, resurgió en los últimos días la idea -por ahora no es más que eso- de que se impulse y diseñe una nueva versión de la Ley de Promoción Industrial, una iniciativa que periódicamente resurge en el país, y que muestra antecedentes con dispares resultados en sus ediciones de 1940, 1950 y los años 70 del siglo pasado. El método de fijar esquemas de exenciones impositivas a largo plazo, para alentar inversiones, generación de proyectos productivos y fuentes de trabajo, resulta en teoría siempre atractivo, y el propio mandatario Raúl Jalil adhirió a la expresión de deseos. Sin embargo, no parece una posibilidad sólida en el horizonte cercano, e incluso de concretarse, no hay garantías de que funcione realmente.

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Tres décadas aproximadamente rigió en Catamarca la última Promoción Industrial, y al margen de los pataleos multiplicados cuando el sistema se apagaba, allá por 2012, los resultados fueron magros. El itinerario de la industria catamarqueña, con sus virtudes y defectos, progresos e inconvenientes; en el balance general reflejó un resultado muy distante de aquel desarrollo proyectado hace algunas décadas. El sueño de la Catamarca industrial quedó a mitad de camino. El hecho de que la opción siempre sea pelear por sostener los beneficios de exención impositiva para las plantas fabriles es una prueba clara de que el objetivo no se alcanzó. Porque los planes cuya prórroga se negociaban hace una década, así como ahora se pide su reimplementación, revelan una misión que no se cumplió. Si a más de treinta años del proyecto de promoción industrial, se sigue necesitando de los subisidios estatales como si fueran un tubo de oxígeno, lo menos que puede deducirse es que la industria catamarqueña nunca se afianzó.

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Ciertamente mantienen vigencia desigualdades con otros centros urbanos, e inequidades que son difíciles de solucionar, como la lejanía del puerto, los costos agregados por fletes, y también falta de mano de obra especializada, irregular calidad de servicios, etc. Son realidades históricas, problemas crónicos de muy compleja esencia. Probablemente ayudaría un nuevo subsidio nacional para la industria: todo aporte suma. Pero quizás habría que buscar otros caminos para potenciar la economía regional y local, y no volver una y otra vez sobre senderos que no condujeron al destino esperado. Quizás se debería antes encontrar el modo de cortar la megadependencia estatal enquistada en toda la vida provincial. Por ejemplo más autodeterminación en lugar de esperar siempre una solución vía Casa Rosada. Quizás ya podría haberse potenciado el Paso de San Francisco, quizás podría haberse avanzado con el Puerto Seco de La Paz, quizás haya más posibilidades en el turismo, en la minería, en la producción olivícola, en los viñedos y en tantas otras actividades para las cuales Catamarca tiene enorme potencial. Insistir por la industrialización sugiere que largamos tarde en la carrera, y no hubo cambios en el escenario como para suponer que una nueva “Ley de Promoción” sea suficiente para revertir el panorama económico catamarqueño. 

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
La elección de los senadores nacionales por Catamarca, en el año 1995, fue uno de los grandes escándalos de la política lugareña, aunque su impacto llegó a todo el país. Recordemos que hace un cuarto de siglo a estos cargos los consagraba la Asamblea Legislativa y, por la reforma nacional de 1994, recién en 2001 se cambió por la elección directa. El centro del dilema era el exgobernador Ramón Saadi, a quien el Partido Justicialista, al que presidía, lo había elegido como su candidato a ocupar la banca. El problema surgió porque el Frente Cívico, que era gobierno en la provincia, se encaprichaba en no respetar la voluntad popular y la elección del PJ. Para ello apelaba al hecho de considerar que Saadi no tenía autoridad moral para representar a la provincia. De esa forma, el 10 de octubre, después de un cuarto intermedio, la bancada del Frente Cívico dejó el recinto sin quórum y el presidente de la Asamblea, Simón Hernández, cerró la sesión y anunció que el acto se iba a cumplir el 31 de octubre del mismo año.

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El otro candidato a senador era Oscar Castillo, que quería jurar sin la compañía del exgobernador. Cuando llegó a la Asamblea del día 10, indicaba que “Saadi tiene miedo de quedarse sin fueros” y acusaba al peronismo del escándalo. “Yo vine de traje y corbata, y bien peinadito para que me elijan, pero esta gente pretende que se vote a los dos senadores en un mismo acto. Corresponde que primero se vote al representante de la mayoría y luego de la minoría, que tiene varios candidatos (Hugo Mott, Patricio Scolamieri, Luis Barrionuevo, etc)”. Por último, digamos que la Asamblea reprogramada para el día 31 tampoco se realizó. El radicalismo buscaba, por todos los medios, no respetar lo que oficialmente había resuelto el PJ”. ¡Increíble!
El Esquiú