Enrique Aybar, ya exintendente de la Puerta de Corral Quemado (Belén), es desde ayer el único político que ocupa una de las celdas de la cárcel estatal de Miraflores (Capayán). Su condena de 6 años por abuso sexual agravado quedó firme tras ser rechazado por la Corte de Justicia el recurso de casación que presentó su defensa. Esta decisión, aunque existieran pequeñas dudas, se tornó inevitable por las derivaciones públicas y políticas que tomó el caso. La gente, especialmente la de Belén, no comprendía como una condena por un hecho aberrante contra una menor podía salir sin prisión preventiva, más teniendo en cuenta que el acusado contaba con poder para cambiar el rumbo inexorable que habían tomado las cosas. En ese contexto, la justicia bajó el martillo y al menos le otorgó un bálsamo de paz a la víctima, violada cuando solo tenía 15 años. “Seis años no van a saldar el dolor que siento, pero al menos van a reparar en algo el daño. Y no solo por mí, sino por todas las otras víctimas, las chicas que no pudieron denunciar y las que esperan resolución de sus denuncias contra esta persona”, señaló a la prensa. Ergo: a Aybar le podrían caber nuevas condenas por hecho similares al que lo llevaron a la cárcel.

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La detención del intendente que representó en 2019 a Juntos por el Cambio y obtuvo una resonante victoria en su pueblo despeja las disputas políticas que existían en la cima del poder. Recordemos que el Senado había avanzado con un pedido de intervención al municipio del norte belicho y el diputado Daniel Lavatelli (Frente de Todos) mantenía una iniciativa de igual naturaleza en la Cámara baja la que, hasta el momento, era resistida por el gobierno, posiblemente advertido de que la Justicia iba a liquidar el pleito. Así las cosas, hasta finales de 2023, quedará como intendente titular de la Puerta de Corral Quemado Carlos Casimiro, quien figuraba como suplente en la boleta electoral de hace un año atrás.

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El pedido de juicio político que se sustanció en la Cámara de Diputados contra los jueces José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, como lo anticipamos, va a seguir dando que hablar por mucho tiempo. Primero porque la mayoría no calificada (24 contra 17) votó para que sean juzgados por violación a dos artículos de la Constitución provincial por la que juraron a fines del siglo pasado. Segundo porque siguen en funciones habiendo traspasado los 75 años, límite que establece la jurisprudencia argentina para permanecer en los cargos y por lo cual se impone que tengan un nuevo acuerdo de la Cámara de Senadores. En ese entendimiento, Sesto de Leiva permanecería un par de meses más en el cargo hasta lograr su objetivo de equiparar la jubilación que tiene desde hace 28 años con la que se otorga en la justicia federal, para lo cual debe realizar aportes extras que está dispuesta a efectivizarlos. Tras su salida, en la intimidad del poder, suena como su eventual reemplazante el actual ministro de Gobierno, Jorge Moreno.

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“El pez por la boca muere” es un dicho popular que se podría aplicar por estos tiempos al otro cortesano que estuvo a punto de ser eyectado por juicio político: “Pepe” Cáceres. Durante dos años se cansó de decir  que el artículo 168, el que prohíbe a los jubilados como él ejercer cargos públicos, no aplicaba al Judicial porque este Poder no formaba parte de lo que la Constitución señala como “administración pública”. Sin embargo, para explicar que el nuevo Código de Procedimientos Mineros –aprobado durante la semana que feneció- no debía salir del ámbito de la Justicia y ser resuelto administrativamente por el ministerio de Minería, indicó que la Justicia también tiene misiones administrativas de hecho y para ello señaló dos casos. Uno en el ámbito electoral, donde debe controlar padrones, altas y bajas, afiliaciones, etc, y otro en los juzgados de familia, donde resulta imperativa la función administrativa. Con este criterio, que el mismo lo proclama en expresión pública, bien que le cabe el artículo 168 que, sin dudas, vale para los tres poderes del Estado. Por lo tanto, que le agradezca a los diputados Enrique Cesarini, Natalia Saseta, Hugo Avila, Alejandro Páez, Luis Lobo Vergara, Juana Fernández, Tiago Puente, Natalia Herrera, “Chichi” Sosa, Francisco Monti, Marita Colombo, María Alejandra Pons Bazán, Víctor Luna, Carlos Marsilli, Marisa Judith Nóblega y Genaro Contreras permanecer como ministro de la Corte pese a haber violado la Constitución. Lo salvó “el club de los 17” que toleró se viole la Constitución.

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La casi segura promoción como camaristas de los fiscales Ezequiel Walther y Jonathan Lesztyna, o de la abogada Mariana Vera, no habría caído bien en los territorios oficialistas. Más precisamente en el peronismo. Se trata de los reemplazos que hay que ejecutar por las renuncias de Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales (los del video de las supuestas coimas que se investigan en la Justicia penal) y que habrían salido del concurso que llevó adelante la Comisión Consultiva que formó el gobierno en lugar del exConsejo de la Magistratura. Por lo que pudo averiguar este secretario, los exámenes habrían sido harto parejos y la elección pudo haber tenido un margen de discrecionalidad, en lo que resultaron eventualmente perjudicados los abogados Véliz y Vélez, más cercanos al peronismo que al radicalismo. Como lo dijimos alguna vez, a nadie escapa que la conformación del organismo pudo dar lugar a las operaciones que, reconocidos personajes de la política, pueden llevar a cabo desde afuera. ¿Será realmente así?

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De la misma forma que se revolvió el “Caso Aybar”, aunque fuera empujado por la opinión pública, la Corte de Justicia debería definir en los próximos tiempos la Ordenanza trucha que, hace cuatro años, aprobaron ocho irresponsables en la ciudad de Andalgalá prohibiendo la explotación de la minería en la cuenca del Río Andalgalá, una maniobra claramente orientada a perjudicar al proyecto Agua Rica. De su simple lectura, los cortesanos podrían comprobar que existen afirmaciones que nada tienen que ver con Catamarca, lo que prueba que se trató de un plagio que, sin consenso social, se resolvió a espaldas del pueblo. Seguir postergando esta situación, en definitiva, será seguir postergando a todos los andalgalenses, donde el nivel de vida ha caído a niveles estrepitosos. Mientras esto ocurre, en provincias como San Juan, se renuevan las grandes inversiones, como la de la canadiense Lundin que, cerca de Veladero, pondrá a partir de 2022 una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares y solo pide a cambio el congelamiento por un tiempo de las retenciones. La explotación, en un símil de Agua Rica, será de oro y cobre.

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Los diputados Tiago Puente y Natalia Herrera (Juntos por el Cambio) insisten en criticar al gobierno provincial porque, según ellos, se avasallaron instituciones y derechos fundamentales en julio pasado. En ese marco, anotan el aumento inconsulto de los miembros de la Corte, la derogación del Concejo de la Magistratura o la aplicación del sistema D’ont para todos los cargos electivos que se elijan en la provincia, incluidos los concejales del interior de la provincia. Con autocrítica cero, no reconocen que para que se dieran estos cambios –por cierto, polémicos- hubo colaboración directa de la oposición de la que forman parte y que, en la sesión clave, resolvió no bajar al recinto. Ellos mismos, Puente y Herrera, se quedaron afuera y permitieron que se consumaran los hechos que, con tanto énfasis, ahora critican. Ya es hora que comiencen a aceptar que los “pajaritos no se embarazan”.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
Como lo dijimos en otras oportunidades, hacia finales de 1995, el tema político saliente en Catamarca tenía que ver con la elección de los senadores nacionales por Catamarca, tarea que en ese tiempo corría por cuenta de la Asamblea Legislativa (el voto directo para estos cargos llegó recién en 2001, cuando se enfrentaron por las bancas Eduardo Brizuela del Moral y Luis Barrionuevo, finalmente electos por mayoría y minoría, respectivamente). Luego de dos suspensiones, una nueva Asamblea había sido programada para el 31 de octubre, pero cuatro días antes el entonces vicegobernador de Catamarca, Simón Hernández, la suspendió sin establecer una nueva fecha. Argüía que el motivo estaba dado por una presentación de los apoderados de Ramón Saadi –candidato del PJ- ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación pidiendo ser incorporado directamente. Según el decreto de Hernández, hasta que no se disipara esa duda no iban a sesionar los senadores y diputados catamarqueños. Al mismo tiempo, el exdiputado y exvicepresidente del bloque del Frente Cívico de aquel tiempo, Rodolfo Cecenarro, afirmaba “Saadi delinquió y debe responder por ello”, a partir de lo cual pedía que no continuara en el Congreso, donde ejercía como diputado nacional. Con el tiempo, el exgobernador fue sobreseído de todas las causas que pesaban sobre él.