El Secretario

lunes, 14 de diciembre de 2020 00:59

El miércoles pasado, durante el tratamiento del nuevo Código de Procedimientos Mineros en la cámara de Diputados, los bloques de la oposición no observaron uniformidad de criterios. Dos legisladores radicales –el santamariano Carlos Marsilli y el belicho Genaro Contreras- votaron a la par del peronismo por el cambio de las reglas de juego en materia minera. Esto es que el viejo Juzgado de Minas –también cumple cometidos electorales- será en el futuro instancia de apelación de las decisiones administrativas que lleve adelante el ministerio de Minería, a cargo de la joven Fernanda Ávila. Otros dos integrantes de la bancada, esta vez pertenecientes al PRO –Natalia Saseta y Enrique Cesarini-, tomaron la misma iniciativa y apoyaron la idea del gobierno, claramente orientada a salvar trámites burocráticos y producir un despertar de la actividad.
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La primera especulación fue pensar en la ruptura del bloque, el cual viene resquebrajado desde los tiempos que el radicalismo se partió entre castillistas y brizuelistas por la fallida elección interna de 2018. Sin embargo, el ariete castillista Víctor Luna justificó la decisión de Contreras y Marsilli porque viven en zonas donde el reclamo por el desarrollo de la minería se hace sentir con mayor fuerza por el vacío que dejó el cierre de la Alumbrera. No en vano, en las últimas semanas, se efectivizaron compactas marchas a favor del proyecto Agua Rica y la necesidad imperiosa de combatir la creciente desocupación del Oeste.
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Salvadas las posiciones de Marsilli y Contreras, quienes no tuvieron defensas fueron los representantes del PRO, que no viven precisamente en las regiones mineras. Si bien es cierto que fueron contestes con la posición del expresidente Macri –acérrimo defensor de las multinacionales mineras-, en su momento deberán explicar sus conductas, so pena de que se rompa una alianza que se mantiene a duras penas. De hecho, suenan cada vez más fuertes las voces a favor de romper y que el radicalismo no resigne bancas legislativas que reclaman para sí sus propios dirigentes. ¿Será el principio del fin?
El Esquiú

 

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