Valle Viejo cierra el año a la espera de la designación de un fiscal municipal, luego de que tres personas distintas ocuparan el cargo de manera provisoria, y con la intendente Susana Zenteno obligada a nombrar un cuarto funcionario para representar los intereses de la comuna, desprolijidad que es un reflejo del desorden institucional que caracterizó este 2020 en la municipalidad chacarera. Primero Ezequiel Olmos, después Martín Peralta y por último Leonardo Berber, pasaron fugazmente por la fiscalía. Berber había asumido en noviembre, y luego de algunas semanas los concejales objetaron que nunca se había solicitado el acuerdo del Concejo Deliberante para que quedara firme en el cargo. Cuando la propuesta finalmente llegó al órgano deliberativo municipal, fue rechazada rápidamente, con lo cual el tercer fiscal de Zenteno cayó antes de completar dos meses en el sillón. Naturalmente, la fiscalía es un trofeo más en la guerra abierta del Ejecutivo con el CD, y poco contribuyeron las declaraciones públicas del joven Berber, quien en lugar de poner paños fríos a la espera de su confirmación, comparó a los ediles con una dictadura. De ese modo, la reprobación de su nombre se asemejaba a un voto cantado, y en enero Zenteno deberá buscar al cuarto fiscal de su breve gestión. Todo un record.

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El contador Ariel Luna está listo para asumir en el flamante Ministerio de Trabajo, en lo que será el tercer gran cambio dentro de su experiencia en el área pública. Luna comenzó a destacarse en Hacienda durante la gestión de Ricardo Aredes, bajo el mando de Lucía Corpacci, y fue ascendiendo en ese ministerio hasta que Raúl Jalil lo puso al frente de la siempre compleja área de Recursos Humanos. El cambio se dio como uno de los coletazos del escándalo de los nombramientos en Educación que dejaron contra las cuerdas al ministro Francisco Gordillo. Al parecer la tarea de Luna satisfizo al mandatario, que ahora le otorgará una nueva responsabilidad. A propósito del nuevo ministerio, su creación fue muy cuestionada por otro Luna: el legislador lapaceño. Víctor sostiene que es una exageración la cantidad de ministerios implementada, y hasta recordó que en tiempos de Arnoldo Castillo la provincia funcionaba sólo con siete, mientras que ahora pasarán a ser dieciocho. En el caso específico de Trabajo, criticó lo que a su entender es la formación de un nuevo espacio oficial con el único fin de cumplir con compromisos de campaña, en este caso con el sector sindical. Víctor Luna se convirtió en los últimos tiempos en uno de los voceros más activos de la oposición, superando largamente a Marita Colombo, quien en los años anteriores desempeñó ese papel. Luna cuestionó también la falta de reacción oficial ante el debilitamiento de la posibilidad de desarrollar zonas francas, cuestiones del sistema de salud, la intención de comprar un nuevo avión y casi todas las decisiones oficiales a lo largo del año.

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Como era de esperar, hubo amplias repercusiones del fallo de la Corte de Justicia que rechazó la ordenanza que prohibía el desarrollo minero en Andalgalá. El tema tuvo eco en los principales medios nacionales, y motivó reacciones en la provincia. Por lo pronto, la Municipalidad de Andalgalá intentará extender la batalla legal con un planteo ante la Corte Suprema de Justicia, donde espera que se revise el dictamen de la Corte local. Esta medida fue acompañada por nuevas convocatorias de grupos ambientalistas, que preparan “caminatas” a modo de protesta. Pero del otro lado se manifestó la Cámara de Proveedores Mineros, para celebrar el fallo, con la esperanza de que se el primer paso para movilizar al sector. El intendente andalgalense Eduardo Córdoba no se expresó públicamente tras la decisión que allana el camino para la puesta en marcha del emprendimiento de Agua Rica, inversión gigantesca que había encontrado un obstáculo en aquella ordenanza aprobada  hace poco más de cuatro años, en septiembre de 2016. Precisamente fue Agua Rica quien reclamó por la inconstitucionalidad de la norma municipal, criterio que resultó acompañado por la Corte de Justicia, con la única disidencia del juez José Cáceres.

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En una de las últimas entrevistas concedidas este año, el intendente capitalino Gustavo Saadi se mostró muy cauto con respecto a la posibilidad de incrementar la planta de empleados munciipales. El jefe comunal advirtió que no tenía intención de generar falsas expectativas, y repasó las limitaciones que existen para incorporar más trabajadores, entre ellas lógicas cuestiones presupuestarias. Los números de la comuna desbarrancarían si de un plumazo se añadiera a la nómina de personal a los más de 4.000 beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, más conocidos como “precarizados”. En ese caso, no sólo no mejoraría la situación de quienes se sumen a la planta, sino que correría riesgo la estabilidad de quienes ya están empleados, porque el municipio no tendría posibilidades de asegurar el pago de los sueldos.

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Esa realidad es bien conocida, incluso por quienes lógicamente reclaman y esperan un nombramiento. Lo novedoso fue que Saadi hizo mención al Estatuto de los empleados municipales y a las condiciones que impone para la llegada de nuevo personal, una cuestión reglamentaria vigente, y que sin embargo fue ignorada u omitida por la mayoría de las personas que ocuparon la intendencia. Más aún, el último jefe comunal que respetó e hizo respetar ese estatuto fue el radical Yamil Horacio Fadel, primer lord capitalino desde el retorno de la democracia en 1983, que se puso firme y no daba lugar a pedidos de designaciones si no observaban los requisitos establecidos. Aunque recibiera solicitudes de amigos y correligionarios, Fadel no daba el brazo a torcer, y si pretendían insistirle mostraba el estatuto para explicar que el “favor” que le pedían marchaba contra las normas vigentes. Gustavo Saadi, más de tres décadas después, vuelve a prestar atención a esas pautas, y es una buena noticia para los trabajadores, porque cierra las puertas a los acomodos y pone en valor capacidades, formación, antigüedad, preparación y méritos que en conjunto jerarquizan la carrera municipal.

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En el afán de generar conflictos y dar una imagen de disidencia entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, se hacen públicos algunos planteos que  detrás de las grandes corporaciones mediáticas se instalan como discursos, y muchos otros repiten automáticamente sin advertir que carecen de todo sustento lógico. Uno de esos argumentos de moda pasa por enfrentar al actual presidente con lo que se define como “kirchnerismo”, como si esa condición fuera un atributo exclusivo de Cristina por portar el apellido de quien fuera su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Como si no hubiera suficientes dicotomías en el país, a los cerebros del análisis político se les dio por inventar una nueva, pero ocurre que idearon la peor de todas. A menos que se haya desembarcado minutos antes desde algún paraje africano o las costas nórdicas, sin haber recibido ninguna información sobre Argentina en los últimos veinte años,  nadie puede ubicar a Alberto en una vereda enfrentada al kirchnerismo. El actual presidente no sólo creció políticamente de la mano de Néstor, como su jefe de Gabinete, sino que se desarrolló como figura pública a su imagen y semejanza. En todas las áreas oficiales, las políticas que aplica o intenta aplicar Alberto son kirchneristas, y no podría ser de otro modo porque su ideología es precisamente esa: en materia de derechos humanos, de empleo, de producción, de administración, de justicia, de promoción social. Alberto es kirchnerista de pies a cabeza. Eso no necesariamente implica que deba coexistir en permanente y perfecta armonía con Cristina, quien lo eligió como compañero de fórmula cediéndole el primer lugar. Pero utilizar alguna disidencia puntual o personal para situar al presidente como una opción distinta al kirchnerismo es, más que descabellado, un postulado completamente vacío.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
Hace casi dos décadas, Argentinas vivía una de las peores crisis institucionales de su historia, que incluyó una secuencia de cinco personas diferentes en ejercicio de la Presidencia en un puñado de días, a partir de la renuncia de Fernando De la Rúa. Tras la dimisión del cordobés, asfixiado por el estallido social provocado por la crisis y su violenta represión, el 20 de diciembre de 2001 se hacía cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, que convocó a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá, también del Partido Justicialista. Entre sus primeras medidas dispuso la suspensión del pago de la deuda externa, anuncio que fue hecho en el Congreso y acompañado por aplausos por parte de los presentes. Además prometió que sería reintegrado el dinero sustraído a los ahorristas. El 30 de diciembre Rodríguez Saá renunció con pedido simultáneo de licencia, alegando falta de apoyo político. Ante la imposibilidad de encontrar al senador Puerta, debió entonces hacerse cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, quien procedió a convocar otra vez a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente. El 1 de enero de 2002 asumió la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Duhalde, del Partido Justicialista, quien curiosamente había sido candidato a presidente en las elecciones de 1999, perdiendo ante De la Rúa. 

El Esquiú