En nuestras ediciones de martes y miércoles, en forma exclusiva, dimos cuenta de la grave controversia que existe en el Juzgado Correccional N° 2, cuyo titular es el abogado Diego Chayle, un hombre correcto y sin antecedentes de componendas extrañas. La secretaria, Sandra Natalia Pérez Casasnovas, lo denunció penal y públicamente por destrato y hostigamientos laborales que, según le declaró a El Esquiú, la obligaron “a pedir su traslado y le generaron graves problemas de salud mental”. Sintetizó su decisión en el anhelo de que “otra mujer de la Justicia no le pase lo mismo”. La denuncia recayó en la fiscalía que ejerce Facundo Barros Jorrat, cuya decisión correrá en paralelo a un sumario que se sigue en contra de la denunciante y que debe resolver el Secretario de Sumarios, Sebastián Lípari.

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Pérez Casasnovas, cabe destacarlo, es una antigua integrante del Poder Judicial con 22 años de servicio, 14 de los cuales los cumplió en el juzgado que conduce Chayle. Este último informó a la Corte de Justicia sobre las desavenencias con su secretaria, por las cuales pidió un sumario, el que fue aprobado en forma unánime por el máximo tribunal que ordenó, con una misión específica, su traslado a la oficina de Asistencia a la Víctima. Mientras sucedían estas idas y vueltas, según fuentes seguras, la doctora Pérez Casasnovas declaró en el sumario P 53/20 y acumulado P 54/20, y ahora resolvió hacer públicas sus posiciones y evidentes diferencias con Chayle. Como puede apreciarse, la tensión en el juzgado correccional no fue “flor del aire”. Hubo problemas y resulta improbable, por no decir imposible, que las cosas vuelvan a la normalidad. En cualquier escenario, sin embargo, las conclusiones del sumario marcarán el rumbo del futuro en el juzgado correccional.

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Desde hace más de un mes cronicamos y comentamos la interna del club Sportivo Villa Cubas que, por decisión de la Justicia, suspendió la Asamblea General Ordinaria que iba a elegir las nuevas autoridades el sábado pasado. En todo momento, afirmamos y sostuvimos que un tufillo político inundaba el proceso electoral y que la fecha del 28 de noviembre, como estaban las cosas, era un albur. Que se haya repuesto a la presidencia a Antonio Russo, quien un año atrás había resultado intervenido, ya fue una señal de lo que se venía. Que hubiera tres listas para que sean votadas por un universo de apenas medio millar de socios era otra, por lo que instamos a la fusión de las agrupaciones y a pactar un plan de unidad que, por el bien del club, dejara de lado las chicanas y las influencias políticas que, claramente, existen. Javier Galán (“Unidos por Villa Cubas), uno de los favoritos a tomar la conducción presentó un recurso de amparo para suspender la elección del 28-11 y detalló una serie de irregularidades y omisiones que el presidente Russo no tuvo en cuenta y, de alguna manera, lo ligaron a Hugo Navarro (“Somos Villa Cubas), el exdiputado y sobrino de Luis Barrionuevo que también quiere ser presidente. Un tercer candidato, Lucas Medina (“Somos Villa Cubas”) pidió se determine una nueva fecha y negó eventuales acuerdos con la propuesta “barrionuevista”. En fin, más allá de posiciones extremas, llegó la hora de que intervenga la Justicia y, sin inclinar la balanza, ponga las cosas en orden y resuelva las cuestiones de fondo. Alexis Burgos, director de Personería Jurídica, tiene la palabra.

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Aunque parezca mentira, cuando han pasado años, la Corte de Justicia no resuelve la validez de la Ordenanza del Concejo Deliberante de Andalgalá que prohibió la explotación a cielo abierto en la cuenca del Río Andalgalá. La situación, como se sabe, mantiene congelado el principal proyecto de la provincia: Agua Rica. La demora en definir la constitucionalidad de la Ordenanza juega en su contra y en contra del pueblo de Andalgalá que, por amplia mayoría, quiere que la explotación del yacimiento se haga realidad y cambie la situación socio-económica de la zona, empobrecida a extremos tras el cierre del Bajo la Alumbrera y el recrudecimiento de la desocupación. En cuanto a la Ordenanza, los cortesanos deberían saber cómo y para qué se aprobó el instrumento legal. Fue “entre gallos y medianoche, sin estudio en comisión y de una noche a la mañana siguiente. La votaron a libro cerrado los concejales de ambas bancadas y cada uno de ellos recibió un puesto de trabajo en el ámbito municipal. En el apuro de hacerlo no corrigieron cuestiones elementales, lo que señala perfectamente que fue un plagio que, además de inconstitucional, no se ajusta a la realidad andalgalense ni al proyecto que quiere llevar adelante la empresa minera.

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La renuncia de Amelia Sesto de Leiva al cargo de ministra de la Corte de Justicia era “un secreto a voces”. Confiando que ningún diputado radical  o del PRO iba a permitir que se lograra la mayoría calificada para que fuera juzgada, la exjueza del saadismo –allí arrancó en 1983-, pacientemente, esperó que cayera el juicio (de cualquier manera la mayoría de la Cámara votó a favor del enjuiciamiento: 24 a 17) para definir su futuro. Lo que llamó la atención es que su intención de irse la explicó confundiendo a los periodistas, los que deberían hacer un mea culpa por su falta de rigurosidad. Dijo Sesto que no había renunciado, pero estaba haciendo los trámites para jubilarse. ¿De qué jubilación habla si recibió el beneficio hace 28 años y por ello precisamente surgió el pedido de juicio político? Sea cual fuera la verdad, la salida de Sesto de Leiva ya está “decretada” y se materializará más temprano que tarde. Lo mismo vale para “Pepe” Cáceres, quien se mantiene en el cargo, pero sabe perfectamente que su situación se da de bruces con la jurisprudencia nacional que pone un límite de 75 años a los jueces de todo el país. De la única forma que pueden mantenerse es logrando un nuevo acuerdo del Senado. En caso contrario, que nadie lo dude, serán jueces “truchos”.

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Una extraña derrota sufrió ayer el presidente del Concejo Deliberante de Valle Viejo, “Abeto” Barrionuevo, cuando por la fuerza pública se le impidió desarrollar la sesión del cuerpo en la que estaba previsto que se lo reeligiera en el cargo. La batalla, que en este caso favoreció a la intendenta Susana Zenteno, está llamada a quedar en la historia por sus insólitas connotaciones. Porque existen en Catamarca toda clase de antecedentes de pulseadas políticas y también supremacías que se resuelven por vías ajenas a la arena política, como la recurrente judicialización. Pero si la memoria no nos falla es la primera vez que una cuestión sanitaria se convierte en herramienta para dirimir un conflicto. Así, en este curioso año vivido en Valle Viejo por el enfrentamiento entre dos figuras de un mismo partido y la participación de la oposición en el entrevero, puede decirse que el nefasto coronavirus se transformó en una herramienta política más. En este caso, el celo por las medidas de la pandemia fue el argumento que sirvió a la comuna para impedir que sesionara el CD, fundamento que por mucho que se explique resulta indisimulable en cuanto a su verdadero fin, objetivo y motivación. Al utilizar una pandemia que ha provocado decenas de miles de muertes en el país, para usufructuarla en una pelea partidaria, puede decirse que la clase política chacarera ha alcanzado su punto más bajo en mucho tiempo. Quizá cuando todo pase los mismos protagonistas de este capítulo de la historia reflexionen y adviertan que la definición de espacios de poder no puede dar lugar a un “vale todo” de estas características, que tanto daño le hace a la comunidad de Valle Viejo. 

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Lo más triste es que nada se resolvió y tanto Zenteno como Barrionuevo seguirán “combatiendo” en una compulsa que los muestra cada vez más enceguecidos y que podría tener definiciones en las próximas elecciones de renovación legislativa. En el caso de Barrionuevo queda claro que su intención es, a costa de violar la carta orgánica, mantenerse en el cargo de presidente durante su último mandato como concejal. Para ello sostiene una alianza táctica con el exintendente Gustavo Jalile, el que influye sobre las decisiones de los concejales radicales Luján y Espinosa.

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RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, en el último bloque rememoramos acontecimientos del pasado cercano.
El 6 de septiembre de 1995, a solo cuatro meses de haber retenido el poder, el gobierno de Carlos Menem recibía un duro cachetazo. Más de 100.000 personas expresaban en Plaza de Mayo un masivo rechazo a la política económica que llevaba adelante el exministro, Domingo Felipe Cavallo. También, en aquellos momentos, se exhibían severas diferencias entre las cúpulas sindicales. Al momento que hacía uso de la palabra el titular de la UOCRA y aliado de Menem, Gerardo Martínez, las columnas de la CTA y el MTA se retiraban masivamente de la plaza. En Catamarca, donde gobernaba el Frente Cívico, el acto de repudio tuvo un acatamiento parcial.

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También en noviembre de 1995, lo más granado de la prensa argentina se reunía en Catamarca. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sesionaba durante tres días, bajo la presidencia de Luis Etchevehere. La organización corría por cuenta de diario El Ancasti y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del exdirector de ese medio periodístico.

El Esquiú