El 7 de diciembre de 2019, con la presencia de quien era presidente electo y debía asumir 72 horas más tarde, Alberto Fernández, se inauguraba la plaza “Raúl Alfonsín”. Fue la despedida de Lucía Corpacci de la gobernación. La materializó con la idea de mostrar la apertura ideológica que observó durante sus dos mandatos: tributando homenaje a la figura señera del expresidente radical. También se dijo, ese día, que el cuadro urbano planificado para lo que fue el ex Servicio Penitenciario se iba a completar con las oficinas futuras de lo que sería la dirección del Registro Civil, actualmente en construcción. Esa propuesta, lo podemos anunciar en forma exclusiva, estaría hoy en duda. El proyecto, con modificaciones, podría mutar hasta convertir a la obra en la futura Casa de Gobierno de Catamarca. Las principales autoridades de la provincia estarían analizando esa posibilidad que tendría, por lo que sabemos de fuentes extraoficiales, consenso mayoritario. Si esto se llegaría a concretar, el Registro Civil dejaría de trasladarse de un lugar a otro, y ocuparía la actual sede central del gobierno, frente a la plaza principal. ¿Será así?

La tragedia del verano 2014 en El Rodeo, en la que perdieron la vida 13 veraneantes, sigue dando que hablar. La discusión está planteada en los tribunales y no hay miras que el panorama se clarifique, al mismo tiempo que se politiza con el paso del tiempo. Las idas y venidas, como es lógico, provocan la exasperación de los deudos y el sentimiento de que la Justicia, como en tantas causas políticas, no se anima a tomar definiciones. Por lo pronto, al completarse cinco años de los hechos, la causa ha sufrido un retroceso. El fiscal que llevó a cabo gran parte de la instrucción imputó a 11 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el exgobernador Brizuela del Moral, pero otro magistrado del mismo rango sobreseyó a nueve de ellos y pidió el enjuiciamiento de sólo dos personas: el exintendente Félix Casas Doering y el extitular de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. La última decisión fue del juez Porfirio Acuña, que desacreditó al último de los fiscales -Jonathan Felsztyna- y consideró que su visión de los hechos no se compadece con lo que existe en el expediente. Por ello volvió las cosas al punto de partida: todos imputados. Quizá tengan razón algunos familiares, como Sergio Díaz o los apoderados de la familia Castiglione, en el sentido que se podría haber mantenido la elevación a juicio para Casas Doering y Saavedra. Como quiera que sea, las dudas son mayúsculas. Una de ellas se relaciona a la influencia del famoso puente que cruza el centro de El Rodeo y que, para los lugareños, fue el causante del desastre. Para el fiscal Felsztyna, cuyo conocimiento de la villa desconocemos, no tuvo nada que ver. Sugestivo.

Ayer dieron comienzo las sesiones extraordinarias en la Legislatura que, conforme a anuncios varios, se desarrollarán en lo que resta de febrero y marzo. El Poder Ejecutivo remitió los temas que considera de más urgente tratamiento pero, a contramano de los anuncios previos, no integraron el paquete a ser considerado el proyecto referido al funcionamiento de los boliches bailables y, fundamentalmente, su horario de cierre, alternativa que ocupa la cabeza de agenda toda vez que ocurre un hecho trágico, como la horrible muerte que sufrió el joven Fernando Báez Sosa a manos de una manada de asesinos, señoritos de la noche que encarnaban la violencia como forma de expresarse. Por Catamarca no hubo muertes recientes, pero los hechos de violencia se repiten con peligrosa asiduidad y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. No vaya a ser cosa que ocurra algo grave y sigamos en veremos. Ojalá ese “veremos” cobre cuerpo y, cuando más, en las sesiones ordinarias, haya ley que lleve tranquilidad a las familias. Por otra parte, la oposición dejó de lado inicialmente el temario y fue sobre otra rémora: la posibilidad de que haya maniobras de narcotráfico que estén infectando a la Policía provincial. Algo hay, es cierto, pero no en la dimensión que se quiere presentar. Por ello pidieron la comparecencia en el recinto del ministro de Seguridad, Hernán Martel. Sería bueno que vaya y comiencen a despejarse las incógnitas.

Durante el año legislativo, asimismo, se espera que los diputados provinciales resuelvan el pedido de juicio político pendiente contra dos de los cinco miembros de la Corte de Justicia: José “Pepe” Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. Desde hace un buen tiempo existe un meduloso despacho de comisión de mayoría que, con base en entendidas opiniones y antecedentes, recomienda el enjuiciamiento de ambos por su condición de jubilados, algo que prohíbe la Constitución, y por maniobras flagrantes y vergonzosas que realizaron para mantenerse en los cargos desde la década del 90. La minoría radical, que considera a Cáceres y Sesto “tropa propia”, teóricamente no está dispuesta a dar los dos tercios, aunque en verdad existen opiniones divergentes sobre el tema, situación que podría ser aprovechada por el peronismo para alcanzar el número mágico de los 27 votos que exige la mayoría calificada. Por ahora, solamente tiene los 23 propios.

A menudo, por situaciones diversas, recibimos quejas o sugerencias referidas a la obra social de los empleados públicos. Comentamos una. Hay quienes reclaman que, aun con traslado autorizado hacia otra provincia -digamos Córdoba- a la que fueron derivados, deben abonar por estudios o prácticas médicas una suerte de código que eleva los costos de manera considerable. Se preguntan, entonces, si esto no implica estar abonando una suerte de plus. Si así fuera, OSEP podría revisar o ajustar los convenios rubricados a los valores en paralelo o en proporción que se cobran en la provincia.

RECUERDOS.

Como lo hacemos habitualmente, en los bloques finales de “Apuntes del Secretario” comentamos los acontecimientos ocurridos hace 25 años en la provincia.

A propósito del convulsionado Valle Viejo de estos días. El 5 de febrero de 1995 se realizaban en el departamento allende el Río del Valle las elecciones de convencionales para que dictaren la carta orgánica del municipio. No era una elección cualquiera. Todo el arco político estuvo pendiente del resultado, toda vez que en mayo de aquel mismo año se iban a votar las autoridades provinciales, desde la categoría gobernador hasta la de concejal. Por cifras apretadas, mucho más si tenemos en cuenta que era gobierno en la provincia y en Valle Viejo, el Frente Cívico se impuso al Partido Justicialista por 3.839 votos (47.3%) a 3.445 (42.5). Sufragó el 70.2% del padrón y, por el sistema D’Hondt, los tradicionales rivales se repartieron siete bancas por lado. De acuerdo al padrón de aquel momento (11.234 electores), se requerían 650 votos para conquistar uno de los 14 convencionales con los cuales se iba a formar la Asamblea Constituyente. Sobre este acto electoral, cabe recordarlo, quien ejercía como intendente y ahora ya es exintendente, Gustavo Roque Jalile, sufrió un accidente aquel domingo de febrero. Hizo un trompo con su auto cuando se dirigía a votar y debió ser internado. Lo mismo se dio mañas el popular “Gallo” para estar en el festejo final.

Ocho días más tarde, el 13 de febrero, una vez confirmado el reparto de bancas por la Justicia Electoral, se eligió a las autoridades de la convención antes de comenzar a debatir la letra de la carta orgánica. El dirigente radical Carlos Colombo fue elegido presidente, quedando la vicepresidencia primera para el peronista Dardo Soria y la segunda para Silvia Aroca. Secretario parlamentario resultó el exdiputado Juan Carlos Bayón y secretario administrativo el abogado peronista Gustavo Martínez Azar.

El Esquiú.com