Integrantes de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, capitaneados por el cacique Román Guitián, dialogaron en el Juzgado de Minas con su titular, Raúl Cerda. Pidieron paralizar el proyecto de construcción de un acueducto que, a partir del río Los Patos, lleva adelante la minera Livent, que explota el litio en el Salar del Hombre Muerto. Para ellos “no existe licencia social” y desgranaron los puntos que, a su vez, fueron asentados en una denuncia judicial. Del diálogo con el juez, sin embargo, surgió que se trata de una expresión de anhelo. No se contradice a las condiciones ambientales que deben existir y son ineludibles para cualquier proyecto de esta naturaleza. Por ello, con cautela, Cerda les indicó a los visitantes de la puna que hay que estudiar el tema, revisar la Declaración de Impacto Ambiental –corre por cuenta de la Dirección de Minería- y hasta otorgar el derecho a defensa a la empresa.

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En medio de explicaciones cruzadas, por este caso de Antofagasta, se mezclan las decisiones judiciales que, en su momento, frenaron Agua Rica, lo cual coincidió con el criterio del juez de Minas. La estrategia de “embarrar la cancha”, ya casi sin disimulo, corre por cuenta de El Ancasti y llega al punto de ejercer presión sobre las autoridades judiciales, que conocen bien cómo se desarrolla la actividad minera. Ningún proyecto pasa, por intereses que haya en juego, si no existen garantías, tal como ocurriere durante 20 años con Alumbrera. Y lo de “licencia social” hay que verlo: no alcanza con la declamación.

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En cuanto al antecedente Agua Rica conviene realizar precisiones. El proyecto rechazado hace 10 años nada tiene que ver con el nuevo, por lo tanto la comparación no solo es inadecuada, sino mal intencionada. Y mezclarlo con el acueducto antofagasteño es más grave: se critica un curso de agua cuando la empresa interesada se apresta a construir nada menos que un dique. Obviamente, sabemos que la hostilidad mediática se termina con el arreglo económico.

El Esquiú