Si las cosas venían complicadas para la economía catamarqueña, en la presente semana se ensombrecieron y pusieron un manto de dudas de cara al futuro. Todas las noticias que rodearon al terremoto financiero mundial –caída de las bolsas, pérdida de posiciones de las empresas, retroceso del precio del petróleo, etc.- que generó la expansión del coronavirus y la posibilidad que se convierta en una pandemia, invariablemente, van a repercutir en la Argentina y en las provincias. Casi diríamos que estamos llegando a la “tormenta perfecta”. El Gobierno nacional, haciendo malabares para arreglar la deuda atroz que dejó el gobierno anterior, prácticamente no tendrá margen para atender los requerimientos provinciales y, por la recesión que se agudiza, los niveles de recaudación podrían seguir cayendo. Esta situación es la que advirtió el viernes pasado el ministro de Economía local, Sebastián Véliz y terminó de confirmar hace 48 horas el gobernador Raúl Jalil.

Por lo pronto, el primer mandatario trasladó cualquier conversación sobre un eventual aumento de salarios a los estatales –sirven de referencia para la actividad privada- para el mes de abril. Pero sus adelantos son orientativos. Considera que pagar $10.000 de incremento es directamente imposible y recomendó a los intendentes, una vez más, que suspendan nombramientos que no podrán atender por cuenta propia. Con anterioridad en el tiempo alertó sobre el final de la cláusula gatillo y su voluntad de seguir los lineamientos que lleve a cabo la Nación. Por las dudas alguien no haya entendido, indicó que para comenzar a hablar se requiere saber con qué recursos contará la provincia, lo que depende de Nación e, indirectamente, del Fondo Monetario. Así las cosas, las conversaciones de abril pueden prolongarse y lo más probable es que las noticias de aumento recién se conozcan el 1 de mayo, cuando Jalil informará a la Asamblea Legislativa el estado de la administración. Los intendentes, por su lado, parecen resignados y descartaron atender pedidos gremiales que consideran desmesurados. Malas noticias para la mixtura Arévalo-Arévalo, la que al parecer ignora lo que está pasando en el mundo.

En la OSEP, por estos días, no reina la tranquilidad. Más de un empleado no mira con buenos ojos la performance como director del doctor Bazán, que llegó al organismo como “funcionario estrella” por la labor que, durante ocho años, cumpliera en el SAME. Por lo que se sabe, la conducción gremial interna que encabeza Luz Rondán le endilga actitudes autoritarias que, para el funcionario, serían obligaciones mínimas asociadas a su condición de empleados. Por caso, considerarlos como ciudadanos comunes a la hora de sacar órdenes de atención médica o hacerlos trabajar, sin compensación alguna, hasta bien entrada la siesta catamarqueña. Tampoco habría caído de maravillas la expresión “al que no le guste, que renuncie y se vaya” que se la atribuyen. Cómo sigue esta historia es una incógnita, pero el conocimiento de la administración pública nos lleva a pensar que los arrebatos no son aconsejables y derivan en el resentimiento del servicio que, en definitiva, es lo que importa. Aparte, lo de forzar renuncias si en verdad se expresó de esta manera, es batalla perdida antes de librarla.

En junio, la Unión Cívica Radical debe renovar sus cuadros partidarios. Pensar en la reelección del diputado Alejandro Páez como presidente del comité provincial resulta más complicado que discutir el origen del universo. Su gestión será recordada como la más ineficiente de la historia. Como la de un verdadero títere al que ni siquiera invitaron a que asista a la reunión con el gobierno en diciembre último. Como el responsable objetivo de la derrota electoral más lapidaria que sufrió la UCR en 36 años. Y, para ponerle el moñito, como el intendente que dejó una municipalidad en ruinas y dilapidó las fortunas que dejó la minería en la tierra –Andalgalá- que le tocó gobernar. Solamente lo supera en el raid del despilfarro el peronista José Eduardo Perea, al que también deberían cobrarle la entelequia de la licencia social. Con estos datos, bien podríamos afirmar que Páez no fue nunca presidente de la UCR y, como lectura política, no estaríamos equivocados.

Vamos a otra cosa. Siempre dentro de la UCR. El diputado José “Chichí” Sosa, que alguna vez apoyó a Páez, desembarcó con su Corriente Progresista en la ciudad de Belén y presidió un acto importante. Juntó afiliados y simpatizantes, se hizo acompañar por dirigentes nacionales de la región (el riojano Galván y el cordobés Rossi) e hizo un lindo discurso. Un déja vu en estado puro. Volvió a repetir las cosas que ya le escuchamos otras veces y renovó promesas que, efectivamente, nunca se cumplieron. Repasemos. Dijo que va a enfrentar a los popes radicales (digamos Castillo, digamos Brizuela del Moral) y que, con su grupo, va por la reforma de la Carta Orgánica para abrir el partido y terminar con los cepos que impusieron los mismos popes. También que aspira a presidir la UCR y, para que todo sea igual, lanzó las obligatorias críticas al Gobierno provincial. Nada dijo de la tremenda derrota de octubre. Cero autocrítica, al igual que los jefes que todos critican hasta la hora del reparto de candidaturas. Sosa tiene militancia política y le sobra capacidad. Deberíamos creer en su palabra, pero primero tiene que demostrar que su discurso es mucho más que un anhelo.

Fernanda Rosales Andreotti, la titular del Colegio de Abogados, no dejó pasar los homenajes a la mujer argentina sin detenerse a analizar las conductas de la Corte de Justicia. Le cobró (publicación de El Ancasti del 8 de marzo) una cuenta que ya es vieja. No haber creado el fuero de violencia familiar y de género –la ley está y data de 2014- que imponen los tiempos de recrudecimiento de los ataques a las mujeres, algo que es materia de preocupación en el país entero. Pero fue más allá. Señaló que no hay transparencia en la ejecución de los presupuestos, cuestión que se compadece con la falta de información que ofrece este Poder del Estado. Volviendo a los dramas familiares, el dato de la cantidad de casos que se tramitan en los juzgados –aproximadamente 7.000- debería llamar a la reflexión al máximo tribunal y responder con hechos a los colegiados.

El horrible asesinato de Brenda Micaela Gordillo, como el que ocurriera en el verano con el joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell (Buenos Aires), amenaza con mantenerse en el tapete informativo por largo tiempo. Las marchas reclamando el más duro castigo para Naim Vera, el joven femicida que el domingo 1 de marzo terminó con la vida de quien fuera su pareja, no dejan margen para la resignación. Los familiares de la víctima han sido demasiado explícitos en su pedido de justicia y sospechan que maniobras leguleyas tratarían de establecer que el victimario no comprendió la criminalidad del hecho o que al momento de los estremecedores acontecimientos estaba fuera de sus cabales. Será muy difícil llegar a esa conclusión y sospechamos que muy pocos abogados de la Argentina se animarían a plantear el desafío jurídico. Es más. Por lo que sabemos, hasta aquí, nadie se anima a tomar la defensa por las características morbosas del femicidio. Mientras tanto, la Justicia extrema los cuidados para garantizar la seguridad de Naim que, ayer a la mañana, fue trasladado a la cárcel de Miraflores con una calificación que habla por sí sola: “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y femicidio”. Fue alojado en una dependencia especial que, por ahora, lo aleja del grueso de la comunidad carcelaria.

RECUERDOS. El final de los “Apuntes” contiene los acontecimientos del pasado.
El 20 de febrero de 1995 ingresaba a la cámara de Senadores de la provincia el proyecto de Ley que aconsejaba privatizar el servicio de energía eléctrica. La nostálgica “Deca” (Dirección de Energía Catamarca) desaparecería de la faz de la tierra en poco tiempo y, detrás de esto, comenzaría a montarse uno de los negociados más espurios que se recuerden. La idea del gobierno, cabe destacarlo, era venderla por 17.000.000 de pesos que mucha falta hacían para pagar los sueldos estatales de la época que venían retrasados. El día 2 de marzo del mismo año, el proyecto castillista –este sector seguía al pie de la letra el proceso menemista- recibía media sanción de los senadores e incluía la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE). El único senador que se opuso fue don Ángel Aruj, representante de Pomán. Al momento de hacer uso de la palabra fue escueto y contundente: “la autonomía está cada vez más lejos”.

A principios de aquel año 1995 se producían dos asunciones en la Municipalidad de la Capital. Rita Farrando de Melnik y Guido Carrizo lo hacían como director y subdirector de Personal. Tomaba el juramento de práctica el exintendente Brizuela del Moral y participaban del acto sus más estrechos funcionarios: el abogado Raúl Cipitelli, la profesora Nury Paz de Contreras y el arquitecto Raúl Omar Paroli. Todos ellos, inclusive la señora de Melnik, iban a tener protagonismo en los tiempos futuros.

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