A propósito del proyecto de intervención federal al Poder Judicial de Jujuy, cuya autoría pertenece al senador nacional Guillermo Snopek, surgió algo impensado. Por qué a la provincia norteña se le permite cultivar la planta de cannabis, señalada como una droga por la OMS y al resto de las provincias, no. Fue una movida política que se gestó, “entre gallos y medianoche”, durante el gobierno de Macri y se vehiculizó, cuando lo conducía Patricia Bullrich, por el ministerio de Seguridad. La funcionaria, en el mayor de los silencios, autorizó la medida invocando usos medicinales que tiene el aceite que genera el cannabis y sirve, entre otras patologías, para curar la esclerosis, la artritis, la epilepsia, el glaucoma, el Alzheimer, algunos tipos de cáncer o dolores crónicos. El proyecto derivó en la creación de una empresa estatal, Avatara Sociedad del Estado, que la conduce el hijo del gobernador Morales y se financia con capitales norteamericanos. Todo el producido de semillas, por supuesto, va al país del norte.
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La producción de cannabis se lleva a cabo en un campo fiscal cercano a San Salvador, donde se destinaron unas 20 hectáreas para cultivo, pero se las piensa extender a 500. El debate sobre el tema recién comienza. Varias provincias verían con agrado participar del negocio que le armaron a Gerardo Morales y otras pedirían aprovechar los beneficios curativos que también genera la marihuana. Así las cosas, se nos ocurre pensar que detrás del procesamiento industrial de estas drogas se levanta la posibilidad de que, más temprano que tarde, se legalice el consumo, tal como lo han hecho numerosos países del orbe, entre ellos Uruguay, el más cercano a la Argentina.
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El gobierno de Catamarca, por las dudas, debería mirar con atención estos temas. A la idea de volver a cultivar la alfalfa para exportarla a los países árabes –la idea surgió tras el periplo a Dubái-, se podría considerar este fenómeno del cannabis. Podría ser un excelente negocio y las condiciones para cultivarlo son óptimas.

El Esquiú