Era de prever. Muchas personas, por suerte las menos, no cumplieron cabalmente las recomendaciones de aislamiento del primer día. La situación fue detectada por el Gobierno nacional y ayer, sábado, hubo una ostensible mejora, aunque todavía no alcanza. Nadie, salvo por necesidades elementales, debe permanecer fuera de la casa hasta el 31 de marzo. Si esto no se cumple estrictamente hasta el lunes, no extrañaría que la Casa Rosada avance con una medida más drástica: implantar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional. La posibilidad fue dada a conocer por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y contaría con el apoyo de los distintos sectores políticos. Se trata de una resolución extrema que pondría en las calles a las fuerzas armadas, pero que se acomoda a las circunstancias excepcionales que vive el país.

Así como en la costa atlántica hubo que evacuar “veraneantes del coronavirus” o cerrar las playas (Pinamar y Villa Gessell), en Catamarca se produjeron acontecimientos parecidos en la villa veraniega de El Rodeo. Frente a controles laxos, muchas familias que tienen casas en el enclave ambateño, se establecieron en virtual estado de vacaciones. Gente haciendo bramar sus cuatriciclos, realizando caminatas o sesiones de entrenamiento fueron observadas y repudiadas por quienes asumen las responsabilidades de la hora. Para hacer entender que no hay vacaciones, sino una situación de emergencia nacional, las autoridades tienen que actuar y reforzar los controles en las villas veraniegas. Y al que no le guste aplicarle las sanciones de rigor y de ley, cuando no disponer que todos los veraneantes vuelvan a la ciudad y dejen a salvo a los nativos. Sería lo más sensato y seguro.

En los últimos tiempos, con titulares sensacionalistas, se aludió a dos abogados que, en formas distintas, hablaron de “Narco-Estado” catamarqueño, un exabrupto que ni siquiera identifica a provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, donde la droga sienta reales y las bandas que responden al narcotráfico meten más miedo que el coronavirus. El primero de ellos fue Gustavo Martínez Azar, exabogado del detenido exsubjefe de la Policía, Carlos Kunz. Prometió denunciar a operadores de la droga que, según su conocimiento, estaban dentro de la Casa de Gobierno. Cuando ha pasado más de un mes de sus temerarias afirmaciones, el reconocido militante peronista –fue ministro de Gobierno durante el último gobierno de Vicente Saadi- se ha llamado a silencio y la Justicia no lo convocó a declarar, aunque hubo un intento de hacerlo por parte del fiscal Santos Reynoso. No sabemos por qué retrocedió cuando le anunció a un sector de la prensa que lo iba a hacer.

El otro abogado que, dentro de los límites de Catamarca, decía conocer hasta los detalles más rigurosos del narcotráfico es Gustavo Morales, tucumano de reconocidos lazos con algún zar de la droga del sur de la vecina provincia. Primero denunció los hechos en medios nacionales y después prometió provocar, con sus declaraciones ante la Justicia, un terremoto político. Por lo que sabemos, no existieron ni siquiera estruendos. Fue a declarar y, sin aportar prueba de valor, repitió la misma cantinela con la que confundió a todos, inclusive a los medios de prensa que se sintieron cómodos de ser confundidos. Sus teorías –no pasaron de eso- se habrían basado en dichos de cuatro pelafustanes que están presos y dispuestos a decir cualquier cosa a cambio de alguna prebenda. Nada serio. Morales, sin embargo, se habría extralimitado en la declaración y dio nombres de las personas que vino involucrando. Como ya se trata de cuestiones oficiales y que están asentadas en la Justicia Federal, es probable que, de denunciador, pase a ser denunciado penalmente por varios de ellos.

La lista para denunciar a Morales, una especie de “Monner Sans” auténtico de estos lares, la encabezaría el actual Fiscal de Estado y exSecretario de Seguridad durante el mandato de Lucía Corpacci. Marcos Denett –a él nos referimos- asume que detrás del peculiar abogado existen factores de poder de la provincia –personales y políticos- que pretenden perjudicarlo ante la consideración pública. Queda claro que el funcionario tiene flancos para la crítica, como cualquier otro, pero de allí a relacionarlo con el narcotráfico parece cuestión descabellada. En fin. Veremos si cumple con su promesa de accionar judicialmente, lo mismo que el empresario Emiliano del Campo, que definió a Morales con duros términos. “Se trata de un mentiroso que denunció mi asociación con funcionarios policiales y del gobierno de Catamarca en materia de narco. Quiero decirle a los catamarqueños que no conozco a ninguna persona que este sinvergüenza denuncia, nunca fui amigo, nunca realicé actos comerciales, no soy pariente de ninguno de ellos, no los traté y no tuve vinculación en mi vida. Por lo tanto, en lo que a mí se refiere, es todo mentira, no existe ninguna prueba. Le envié carta documento a esta lacra y vino de vuelta por domicilio desconocido que dijo tener en la Justicia. Ésta no puede permitir que una persona, con engaños y graves dichos ensucie a Catamarca y a los catamarqueños con rimbombantes falsedades. Por ello necesitamos que la Justicia se expida lo más pronto posible”.

Otro que prometió llevar las acciones “hasta las últimas consecuencias” fue el fiscal Federal, Santos Reynoso. Al parecer, el abogado Morales se hizo eco de una causa en la que (Reynoso) habría actuado de manera poco decorosa hasta provocar daños contra terceros, por lo que habló algunas barbaries sobre su conducta. Al parecer, siguiendo sus dichos, el fiscal no tuvo nada que ver con esa causa porque estaba inhibido de hacerlo. Si las cosas son así, Reynoso tendría todas las de ganar y para la Justicia sería un trámite expeditivo. Únicamente tendría que verificar nombres y actuaciones a las que tiene fácil acceso.

En medio de las actuaciones que lleva adelante la Justicia federal y tiene como detenidos a dos altos jerarcas policiales, Carlos Kunz y Norberto “Rulo” Valdez, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca salió a refrescar conceptos que expresó durante la última campaña electoral, cuando fue candidato a intendente de la Capital. Señaló, en esa dirección, “finalmente el tiempo me dio la razón. Se descubrió toda esta trama que hoy forma parte de una triste realidad de Catamarca” y pidió por la prevención. Lo de “triste realidad” parece una exageración, pero nadie le puede discutir a Flavio Fama que en la provincia existe narcomenudeo y muchos puestos de venta de drogas livianas (y algunas pesadas) que se conocen, no precisamente por el rector, sino por los propios vecinos.

RECUERDOS.

Como es habitual, los últimos bloques incluyen los acontecimientos del pasado.

En marzo de 1995, hace un cuarto de siglo, asumían en funciones judiciales los abogados Juan Carlos Jimenez Pagé, Ana Beatriz Monllau y María Fernanda Vián. El primero de ellos lo hacía como secretario del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Penal y las mujeres en calidad de delegadas judiciales. Juraron ante los miembros de la Corte de aquel entonces. Esto es, Guillermo Díaz, José “Pepe” Cáceres y César Ernesto Oviedo.

También a comienzos de aquel año, los medios locales destacaban las alabanzas que realizaba el exsuper ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, a favor del exgobernador de Catamarca, Arnoldo Aníbal Castillo. El hombre fuerte de aquella época resaltaba las reformas que había realizado el primer mandatario catamarqueño, aunque en la realidad fueron escasas, por no decir nulas. Apenas se podía como una reforma el traspaso de la Caja de Jubilaciones, cuyas consecuencias la pagaron todos los catamarqueños con el paso del tiempo. Recordemos que desde allí surgió el descuento del 15% de la coparticipación federal que, por decisión de la Suprema Corte, se suspendió a fines de 2015. O sea que fueron 20 años de sangría para la provincia, por lo que las ponderaciones de Cavallo quedan como una cuestión risueña.

El Esquiú.com