Apuntes del Secretario

miércoles, 25 de marzo de 2020 00:18
miércoles, 25 de marzo de 2020 00:18

Lo que ocurrió el lunes en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), donde los familiares de un fiscal de la cámara federal de Catamarca y un reconocido abogado del medio fueron autorizados a sobrepasar los controles dispuestos por el Poder Ejecutivo, sintetiza una irresponsabilidad mayúscula. De nada valen las explicaciones y justificativos si los “hijos de” tuvieron una prerrogativa que no alcanza al resto de la sociedad, tal como se reflejó en las redes sociales. Hubo críticas acerbas para ambos progenitores, especialmente contra Rafael Vehils Ruiz, quien paradójicamente tiene como obligación hacer cumplir lo estipulado por el decreto presidencial que estipuló el aislamiento de toda la ciudadanía y, además, pone especial atención en los ciudadanos que estuvieron en países considerados por la Organización Mundial de la Salud como de riesgo. Lo peor es que cuando se denunció el hecho, a la mañana temprano por radio Valle Viejo, tanto Vehils Ruiz como el abogado Rosales Vera, hicieron “mutis por el foro”. Recién a la tarde-noche, cuando explotaron las redes sociales, terminaron reconociendo que sus hijos habían pasado los controles del CIIC sin las exigencias generales y, como es de suponer, expresaron justificativos que no convencen a nadie en el contexto que nos toca vivir. Estamos frente a una pandemia que va dejando un reguero de muertes por lo que corresponde que el gobierno aclare, oficialmente, cómo fueron estos desagradables acontecimientos.

El silencio de Vehil Ruiz y Rosales Vera (profesional íntimamente relacionado a la política como que, en varias oportunidades, fue apoderado de la UCR o el Frente Cívico) durante la mañana y las primeras horas de la tarde movió a una confusión. Al denunciarse el hecho, se aludió a la participación de la clase política, a la cual le cayeron en las redes con un compendio de adjetivos en su contra. Tanto fue la cosa, seguida palmo a palmo por El Esquiú, que la Casa de Gobierno debió salir a aclarar que nadie estaba autorizado a expedir permisos especiales o, en el caso de Gustavo Saadi, a repudiar cualquier transgresión que se hubiere cometido. Al parecer y, de acuerdo al menos tres fuentes, sí habría existido una especie de orden no oficial para dejar vía libre a los viajeros que procedían de Tucumán trayendo pasajeros que, posiblemente, vacacionaron en el Brasil. Algún oficial de Policía, casi con impotencia, habría cerrado los ojos y permitido “la sugerencia”. Conclusión: seguiremos esperando el deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades. Si no lo hacen, se consolidará la idea de que “hay excepciones” y seguirán los problemas con otros casos parecidos.

Desde antes que se instalara el coronavirus en la Argentina o se decretara la cuarentena total y obligatoria, los intendentes de Catamarca no esconden sus preocupaciones y, por distintas días, se las hacen saber al gobernador Jalil. La baja en caída libre de la coparticipación federal, ahora mismo, los llevaría a requerir ayuda adicional para abonar los haberes del mes de marzo, que se hacen efectivos en abril. Desde Casa de Gobierno se entienden los planteos y habría adelantos para la Comisión de Participación Municipal, el fondo que se reparte entre los intendentes y lo preside el jefe comunal de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra. Como el circuito del dinero en tiempos de crisis es uno solo, a su vez, la provincia demandaría auxilio de la Nación, lo que de alguna manera quedó establecido en la última reunión del presidente Fernández con intendentes bonaerenses, los que solicitaron se liberen los recursos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Eso valdría para todo el país.

Un mes atrás, cuando el gobernador requirió de los intendentes la mayor austeridad y que no produjeran nombramientos de ninguna naturaleza, no estaba equivocado. Ya visualizaba un panorama oscuro que se agravó con la crisis de la pandemia, la que obligó a producir gastos extraordinarios del Tesoro. Solamente recordemos que, a partir de esa fecha, las comunas se vieron beneficiadas con la Tarjeta Alimentaria y los remedios gratuitos para los mayores de 60 años, lo que alivió en parte la situación social. Ahora viene el subsidio de $10.000 para los trabajadores de la economía informal, aquellos que no tienen trabajo fijo o hacen changas. Con todo, subsisten carencias y más que nunca parece indispensable la presencia del Estado. Aparte que los jefes comunales son, históricamente, “una máquina de pedir”.

A propósito de esto último. Los comportamientos y políticas que lleva adelante el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, distan un abismo de los que aplica Jair Bolsano en Brasil, una nación que sufre los embates del coronavirus en proporciones superiores a la Argentina. El lunes, por ejemplo, firmó un decreto por el cual autoriza a las empresas brasileñas a suspender contratos con los trabajadores por el término de cuatro meses. A cambio, en lo que parece una ironía, subraya que habrá una “ayuda compensatoria mensual del Estado sin naturaleza salarial”. También sugiere a la actividad privada que aplique medidas como el tele-trabajo (realizar las tareas habituales desde el hogar), anticipe vacaciones o conforme un “banco de horas” para devolverlas en el futuro. En fin. Se trata, en definitiva, de favorecer a los empresarios brasileños en detrimento de los derechos que, constitucionalmente, tienen los trabajadores.

El deporte, por los mismos motivos que el resto de las actividades, sufre un parate que nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se termina. En lo que respecta al fútbol, la situación trajo problemas para los equipos catamarqueños que estaban participando del Federal Amateur que organiza la AFA. Nos referimos a San Lorenzo de Alem, San Martín de El Bañado y San Lorenzo de Pomán. En su momento, el titular del primero de estos clubes, Luis Gallardo, indicó que era partidario que el torneo, aunque fuera sin público, continuara. Para ello, de acuerdo a expresiones propias, salía a buscar dinero para afrontar los compromisos de la estadía y sueldos de los jugadores que fueron traídos como refuerzos. No sabemos de su capacidad para captar los recursos, pero se nos ocurre pensar que, como invariablemente sucede, esos recursos únicamente los puede proporcionar el Estado. Con ello, volvemos a lo mismo. Participar de estas competencias de la AFA, estériles e inservibles, determina que la banca corra por cuenta del Estado protector que, con los impuestos que tributan todos los ciudadanos, paga los caprichos de una dirigencia empeñado en formar equipos semiprofesionales en una provincia donde las prioridades son otras.

Como todo el fútbol está suspendido y no hay ni fecha tentativa de reanudación, los representativos catamarqueños –al menos San Lorenzo y San Martín- han licenciado a sus planteles, pero lo mismo hay que atender gastos. No sabemos cómo termina la historia pero, risueñamente, debemos afirmar que hay peligro que estos equipos avancen hacia otras rondas, lo cual multiplica los gastos. En tal caso, como no puede ser de otra manera, los clasificados golpearán las puertas de la Secretaría de Deportes para requerir los recursos. Las experiencias nefastas de Unión Aconquija o Villa Cubas, que terminaron fundidos, al parecer no alcanzan para escarmentar. La otra noticia referida al tema tiene que ver con la superpoderosa AFA. Le importa un carajo este tipo de competencias, al punto que contempla suspenderlas por este año.

Los equipos del Valle Central, en definitiva, deberían tomar el ejemplo de otras instituciones –del interior ellas- que participan de las mismas competencias y no apelan a refuerzos costosos. Mucho menos a quitarle el puesto a sus propios valores para reemplazarlos por foráneos. Y la verdad que no les va mal. San Lorenzo de Pomán está en igualdad de condiciones con su homónimo de la Capital y San Martín chacarero. Y Social Bañado de Ovanta cumplió un papel más que digno. Ni siquiera gastó en un director técnico cuando se fue Cristian Grabinski. Directamente lo reemplazó el intendente Elpidio Guaraz, a quien se vio en una faceta que todo Catamarca desconocía. Aclaramos que mal no le fue.

RECUERDOS. Como es habitual, los últimos bloques incluyen los acontecimientos del pasado.
En los últimos tiempos, con argumentos valederos, se habló mucho en Catamarca de narcotráfico. En realidad se trata de narcomenudeo, pero nadie puede discutir que circula la droga como en otras ciudades del país. En la década del 90, durante el gobierno de Arnoldo Castillo, se produjo el hecho más resonante de la historia del narcotráfico en la Argentina. El 7 de marzo de 1995, o sea 25 años atrás, se incautaban en la localidad de Palo Blanco –a 100 kilómetros de Recreo, dentro del territorio catamarqueño- nada menos que 1.500 kilogramos de cocaína de máxima pureza. La prensa nacional le llamó “Operación Gallego” y la consideró superior a la “Operación Langostino”, donde también se habían tomado grandes cantidades de cocaína. Lo incautado en Catamarca, cabe recordarlo, estaba destinado al mercado norteamericano.

A principios del año 1995, en dependencias municipales, se firmaba el contrato para la canalización del arroyo Fariñango, que cruza gran parte de la Capital. El acto administrativo lo refrendaban el exintendente, Eduardo Brizuela del Moral y el empresario de la construcción, Fernando D’Agostini, encargado del encausamiento a través de la construcción de terraplanes y los puentes sobre calles República y Mota Botello Este, que existen actualmente. La obra, muy importante para la época, se llevó a cabo por un préstamo otorgado por el Banco Hipotecario Nacional y permitiría regular los desagües pluviales.

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