Tras decretarse la cuarentena obligatoria que, desde el 20 del corriente, ordenó la Presidencia de la Nación, los afiliados de la OSEP pasaron numerosas vicisitudes en Capital Federal, adonde fueron a ser atendidos por dolencias diferentes. Para la mayoría de los casos, conforme nos comentan los propios interesados, hubo soluciones. Sin embargo, las oficinas de la delegación (Esmeralda 173) permanecen el mayor tiempo cerradas, lo que hace imposible adquirir los bonos de consulta o la autorización de prácticas médicas que, a contramano de los avances tecnológicos, se realizan a mano. Una situación particular involucra al Hospital Italiano, quizá el más frecuentado por los afiliados. Al menos hasta el viernes no se atendía a los catamarqueños y desde el establecimiento sanitario adujeron que las autoridades de la OSEP no se comunican ni siquiera telefónicamente. Desde la obra social, a su vez, responden que el “Italiano” debe autorizar la atención, eventualidad que se comprueba con la auditoría correspondiente, lo cual parece lógico.

De todas maneras, estos problemas se solucionarían con la gestión personal de algún directivo o encargado de la OSEP en la Capital Federal, lo que impediría que personas enfermas, que se alojan en un hotel cercano al Congreso, desambulen de un lado a otro mendigando ser atendidas. Como aparentemente no existen deudas o morosidad con los prestadores porteños, confiamos en la ejecutividad que siempre ha observado el médico Norberto Bazán, titular de OSEP, para ponerle fin a esta especie de calvario que nos denuncian desde Buenos Aires. Como para que el comentario no se considere una exageración, apuntemos que entre los pacientes habría gente con cáncer, la que debe bancarse otro fin de semana largo y la incertidumbre de ignorar que será de su destino.

Varios policías, unos 500, egresaron de la Escuela de Cadetes en diciembre pasado y se incorporaron a la institución. De ellos, unos 130 lo hicieron en calidad de oficiales. Todos vienen trabajando desde entonces y redoblan sus esfuerzos en los controles de prevención por la pandemia. Sin embargo, puede existir algún malestar. Uno de nuestros cronistas, en la cobertura habitual de los últimos días, recogió amargas reflexiones que hablan de una virtual cesación de los pagos. La especie resulta sorprendente porque la provincia mantuvo regularidad en materia de sueldos, a no ser que se trate de servicios adicionales, los que si demoran algo en abonarse. Como sea, de ser cierto el malestar, no vendría mal alguna aclaración oficial para llevar tranquilidad a los servidores del orden.

El viernes a la noche, como para sumar malas noticias a una Argentina que se desangra, se conocieron las primeras consecuencias de la cuarentena que, por razones humanitarias, tiene hace 10 días a la gran mayoría de los ciudadanos en su casa. La principal empresa del país, la siderúrgica Techint, despidió cerca de 1.500 empleados de la construcción y justificó la medida por las obras que se paralizaron en distintos puntos de la Argentina. Razonamiento imprescindible: ¿si un gigante como Techint golpea al empleo de esta forma, qué puede esperarse del resto de las empresas? En Catamarca, en otra escala, también hubo despidos que afectaron a familias antofagasteñas. El consorcio Acueducto Río Los Patos, integrado por las empresas Contreras, Mogetta y Minera SA, que trabajan para Livent, se desprendió de casi cuatro centenares de empleados. Lo hizo, como Techint, acogiéndose al convenio colectivo de la UOCRA. El fatídico telegrama que, en momentos muy difíciles, recibieron estos empleados dice lo siguiente: “Por motivo de público conocimiento relacionado con la emergencia sanitaria Covid 19 y ante la imposibilidad de enviar despacho postal le notificamos que, a partir del 25.3.20, prescindimos de sus servicios por finalización de la fase de la obra para la cual fue contratado, según artículo 17 y concordantes de la ley 22.250. Liquidación de haberes, certificados de trabajo y libreta de desempleo a su disposición en las oficinas de la empresa”. Pueden existir razones legales, pero nadie debería desconocer que es un mazazo para humildes familias. A propósito de esto último, los constructores locales están frenando o parando las obras en función que no se habrían cumplido promesas acordadas en los albores de 2020. ¿Será?

Las quejas por los cortes de rutas en varios departamentos se multiplican día a día. Es que, en algunos casos, se pone en peligro el abastecimiento de productos esenciales, especialmente alimentos. También insumos de la industria en general o de la agricultura y ganadería. La situación ha llevado al ministro de Gobierno, Jorge Moreno, a pedir a los intendentes que flexibilicen sus acciones. Agregaríamos nosotros la aplicación de criterios de mínima lógica. No puede ser que en el pueblo de Singuil, por dar un ejemplo, sea un milagro conseguir frutas, verduras o carne. Algo parecido estaría sucediendo en el departamento Santa Rosa, donde Rafael Olveira, mediante decreto, impide el tránsito de vehículos que provengan de provincias donde circula el virus.

El mundillo periodístico local, por la dimensión de la acusación (“intimidación pública”), se conmovió por la imputación que el fiscal Hugo Costilla le dictó a Juan Carlos Andrada, un personaje que desde hace varios años se dedica a comunicar las peores difamaciones contra gobernantes, dirigentes sociales y hasta los mismos periodistas, teóricamente sus colegas. Esta vez, desde las redes sociales, según el razonamiento del fiscal, lanzó noticias falsas sobre la existencia de casos de coronavirus en la provincia y, más que eso, produjo estrépito y alarma en la población, lo que está contemplado por el Código Penal y señala como castigo plazos que van de los 2 a los 6 años de prisión. La autoridad judicial no hizo más que chequear con el ministerio de Salud lo que terminó siendo un libelo y dictó la imputación que, por tener Andrada domicilio en Andalgalá, fue a parar al despacho de la fiscal de aquella ciudad, Soledad Rodríguez. Esta ratificó la medida, se la comunicó y notificó al acusado. Aparte le advirtió, sin demasiadas vueltas, que de repetir acciones como las que llevó a cabo ordenará su detención.

Por supuesto, la conducta de Andrada nada tiene que ver con las libertades de prensa o expresión. Cualquier medio puede tener posturas extremas, llegando incluso a límites un tanto difusos respecto al encuadramiento legal, pero debe contar con pruebas que lo respalden o fuentes que avalen posiciones eventualmente infamantes. Este comunicador, que desfiló por varios medios digitales o radiales (también se desempeñó en el diario del Casino provincial), utilizó invariablemente la misma conducta. Ofreció a un sponsor de turno –la política sabe bien de que estamos escribiendo- su pluma o expresión para desacreditar a rivales del mandante con dichos o investigaciones generalmente truchas. Si bien en algunas circunstancias acertó, en la mayoría de los casos lanzó acusaciones que lastimaron a personas o funcionarios que no hacían más que cumplir con su deber. Ahora quedó al descubierto y, a pesar de sus amenazas verbales contra los fiscales Costilla y Gober (este último tomó el caso por finalización del turno del primero y lo remitió a Andalgalá), lo más probable es que hayan terminado sus hazañas y busque abrirse camino por fuera de los medios periodísticos locales, todos los cuales conocen a fondo sus comportamientos desestabilizantes.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, cerramos los “Apuntes del Secretario” con el repaso de hechos pasados.
En los primeros meses de 1995, el exministro de Producción y Desarrollo, Hernán Colombo, anunciaba el proyecto de privatización de Somica (Sociedad Minera Catamarca), la empresa que explotaba la rodocrosita en Minas Capillitas (Andalgalá). Según sus explicaciones, la decisión tenía que ver con las grandes pérdidas que arrojaba el negocio, por lo que el Estado tenía que aportar y aportar. Aparte, se le debía dinero a los bancos, a Rentas, a la Capresca, etc. La idea de Colombo y del gobierno de Arnoldo Castillo era transferir Somica a manos privadas y quedarse con un porcentaje de rodocrosita para los artesanos y la Municipalidad de Andalgalá. El proyecto no prosperó y la explotación de la piedra preciosa se convirtió en un caos, con altísimos niveles de corrupción. Operadores privados nombrados años más tarde se llevaron fortunas y jamás rindieron cuenta a la provincia, especialmente durante la gestión de Ernesto Doering, quien todavía mantiene una cuenta pendiente con la Justicia Federal por este tema. Todo esto fue relevado durante el gobierno de Lucía Corpacci y se terminó el festival del “valetodo” al crearse Camyen (Catamarca Minera y Energética), que absorbió a Somica. Claramente, los aportes de capital para la nueva empresa fueron menores y, con ellos, se realizaron inversiones de importancia en la mina.

En 1995, asimismo, en los municipios del Ambato existían los concejales, cosa que hoy no ocurre por una variante que se introdujo en la ley. De esta manera, el 23 de enero de 1995 asumía como concejal de El Rodeo el señor Ramón Ferreyra, representante del Partido Justicialista. Reemplazaba en el mismo cargo a José María Olaz. La toma de juramente estuvo a cargo del expresidente del cuerpo, Néstor Villafáñez, y el acto contó con la presencia del exintendente de la época, José Luis Vega (UCR).

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