La imputación -“falsedad ideológica” y “violación de la cuarentena”- del fiscal federal Santos Reynoso contra el hijo de su colega, Rafael Vehils Ruiz, y los miembros de la familia Canata, no exime de responsabilidades a nadie. Ni siquiera a la Justicia Federal que, por la situación que se vive en el país, tiene la obligación moral de frenar comportamientos que atentan con la vida de personas. Es exactamente lo que ocurrió la semana pasada en el control de ingreso a la Capital cuando, bajo influencias exógenas, el joven Vehils pasó los controles a que se sometía al resto de la gente. Más grave. Los ocupantes del vehículo en que se conducían desde Tucumán -familiares políticos del joven-, a la hora de refrendar la declaración jurada mintieron los datos, tal como lo publicó en su momento y en exclusivo este diario. Los Canata habían estado haciendo turismo en la República Dominicana y nada dijeron en los controles locales, lo que les evitó ser puestos inmediatamente en cuarentena.

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Detrás de estos hechos, hay que decirlo, queda una historia. El joven Vehils no superó la guardia del CIIC porque los policías encargados del control estuvieran descuidados o tomando mate en una casilla, como ocurre en muchas camineras en tiempos normales. (Los policías) recibieron una indicación y obraron en consecuencia. Esa orden o sugerencia, que la dio alguien, es la punta del ovillo de un escándalo que involucró a todo un gobierno y otros poderes del Estado que, de prepo, tuvieron que salir a dar explicaciones y afirmar que no existían autorizaciones para nadie. Ergo: no fue un chiste.

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La investigación, sobre la que hay versiones coincidentes, está a mano de la Justicia. Las actuaciones del día del escándalo deben permanecer intactas y pueden ser fácilmente complementadas por la declaración de quienes participaron del operativo. De allí saldrá la verdad y la Justicia podrá expedirse sin razones corporativas que valgan. Si no ocurre tal cosa, se deja la puerta abierta para el ingreso de la impunidad.

El Esquiú.com